Posteado por: M | 27 diciembre 2009

Cuando China encarcela a sus disidentes

No se puede tratar a China como si la dictadura comunista fuera un régimen políticamente respetable, exclusivamente dedicado al crecimiento económico y la armonía social, y luego escandalizarse cuando los dispensadores de favores económicos encarcelan a sus disidentes. Tras la inflexibilidad exhibida en la cumbre de Copenhague por el primer ministro, Wen Jiabao, sin que Obama y los europeos fueran capaces de articular una respuesta enérgica y conjunta, el simulacro de juicio en Beijing y la condena de 11 años de prisión infligida a uno de los líderes del movimiento democrático, el profesor Liu Xiaobo, no hace sino confirmar la absoluta intolerancia del régimen hacia cualquier forma de disidencia política o expresión religiosa.

El profesor Liu, de 54 años, escritor prolífico, veterano de la lucha por la libertad, ya estuvo implicado en las manifestaciones en pro de la democracia en la plaza de Tiananmen, en abril-junio de 1989, que terminaron con una espantosa carnicería cuando la dirección del PCCh, a la sazón dominada por Deng Xiaoping, ordenó al ejército que ahogara en sangre las protestas. Liu fue encarcelado sin juicio durante 20 meses en 1989 y luego pasó tres años en un campo de trabajos forzados para la reeducación o laogai, nombre chino similar al del gulag soviético. Ahora llevaba un año en detención preventiva.

Profesor de literatura en una universidad de Beijing, Liu fue uno de los redactores de la Carta-08, manifiesto firmado en diciembre de 2008, en la que más de 300 intelectuales y universitarios hicieron un llamamiento para la liberalización del régimen, mediante la aprobación de una nueva constitución y el fin del monopolio político del PCCh, y exigieron garantías para el ejercicio de los derechos humanos, especialmente las libertades de religión y de palabra. Desde entonces, la Carta-08 ha sido firmada por más de 10.000 ciudadanos, pese a que la censura en internet impidió que circulara libremente.

La Carta-08, sin duda inspirada por la Carta 77 que promovieron en 1977 los intelectuales checoslovacos (12 años antes de la revolución de terciopelo que barrió al comunismo), está produciendo efectos políticamente relevantes a pesar de que la crisis económica ha reducido drásticamente el número de defensores de las libertades civiles o del proselitismo religioso. Entre los signatarios del texto figuran miembros del partido y funcionarios jubilados que corren un riesgo añadido por mostrar su solidaridad con los disidentes.

Desde que fue expulsado de la universidad, Liu no ha cesado de escribir y llamar la atención sobre los disidentes y sus tribulaciones. Entre sus ensayos descuella el titulado El patriotismo dictatorial del PCCh, en el que denuncia el nacionalismo opresor, sustituto ideológico del comunismo, y urge una transformación democrática del régimen sin recurrir a la violencia. Según su hermano, que asistió al juicio, Liu rechazó ante los jueces el argumento oficial de que la Carta-08 ha tenido “un impacto social malevolente” y añadió que sus discursos caen dentro de la libertad de palabra protegida por la Constitución.

La dura condena de 11 años, que incluye dos años más de privación de derechos, fue pronunciada por “incitar a la subversión del poder del Estado”, frase ritual que encubre la represión del pluralismo. El director de la sección Asia-Pacífico de Amnistía Internacional nos pareció un poco desfasado cuando declaró que “la detención y juicio muestran que el gobierno chino no tolerará la participación de los ciudadanos en la discusión de su propia forma de gobierno”. Por su parte, la ONG Human Right Watch (HRW) calificó el juicio como “parodia de justicia”.

En realidad, los sucesivos dirigentes de Beijing no han hecho otra cosa que mostrarse intolerantes desde que el PCCh se hizo con el poder hace 60 años (1 de octubre de 1949). Siguen enfermos del síndrome de Tiananmen, que se manifiesta por la hipersensibilidad y la altanería patriotera ante las críticas externas. Además, con la condena de Liu pretenden disuadir a todos sus compañeros y lanzan una severa advertencia. Las gestiones de algunos diplomáticos occidentales en Beijing, europeos, norteamericanos, canadienses y australianos, que solicitaron permiso infructuosamente para asistir al juicio, tropezaron con el mismo muro de siempre y no han servido para nada. Los funcionarios chinos, una vez más, denunciaron con aspavientos hipócritas “las graves injerencias en los asuntos internos de China”.

El primer secretario de le embajada de EE UU, Gregory May, nada más conocerse la sentencia, fue un poco más lejos al pronunciar ante los periodistas las siguientes palabras: “El gobierno norteamericano está profundamente inquieto por la condena a 11 años de prisión del disidente Liu Xiaobo.” Y añadió: “Reiteramos nuestro llamamiento al gobierno chino para que lo libere inmediatamente y para que respete los derechos de todos los ciudadanos chinos a expresar sus opiniones políticas de acuerdo con las libertades fundamentales universalmente reconocidas.”

Durante los últimos años, las madres o las hermanas de los que perdieron la vida en la matanza de 1989 han pedido insistentemente al gobierno que explicara los hechos y pidiera perdón. Cuando consiguen reunirse en la plaza homónima, las llamadas Madres de Tiananmen tratan de llamar la atención de la prensa internacional, pero los resultados llegan a ser contraproducentes. El régimen no sólo se niega a entonar la palinodia, sino que insiste en vituperar a las víctimas como contrarrevolucionarios peligrosos. La única respuesta del gobierno es el encarcelamiento de las mujeres más decididas, el arresto domiciliario, el pinchazo de sus teléfonos o el hostigamiento permanente. Y el silencio de Occidente.

Resulta evidente que el régimen de Beijing, mientras extiende sus relaciones comerciales y financieras con Occidente, no desea correr ningún riesgo con sus disidentes y no está dispuesto a renunciar al monopolio político que el PCCh ejerce con renovada intransigencia ahora que se aproxima un período de transición derivado de las previstas jubilaciones en 2012 del actual presidente, Hu Jintao, y del primer ministro, Wen Jiabao, acontecimiento que provoca unas inevitables tensiones dentro de los máximos órganos de la oligarquía dominante: el comité permanente del politburó y la comisión militar, que repercuten en todo el aparato.

Las protestas de los países occidentales resultan patéticas cuando no abiertamente inconsecuentes. Durante su primera visita a Beijing, en noviembre último, el presidente Obama, según algunos de sus colaboradores, medió en favor de Liu y otros disidentes, pero lo hizo desde una posición tan débil que sus interlocutores no se dieron por enterados. No debe olvidarse, además, que, con anterioridad, se había negado a recibir en la Casa Blanca al dalai-lama para no disgustar a sus futuros anfitriones. Mientras Beijing siga siendo el prestamista de Washington y compre la empresa Volvo a la Ford para evitar la bancarrota de ésta no cabe esperar que el presidente de EE UU logre ningún resultado con sus muy prudentes gestiones.

La condena de Liu, pronunciada el día de Navidad, se produjo apenas 48 horas después de que el primer ministro francés, François Fillon, concluyera su visita a Beijing con la firma de uno de esos contratos del siglo (más de 6.000 millones de euros) que las autoridades chinas ofrecen a los dirigentes occidentales en momentos de dificultad derivados de la crisis económica, nunca se sabe bien si por conveniencia económica o para comprar su silencio o su comprensión ante los desmanes de la policía política, la crueldad de los campos de trabajo o la ejecución sumaria de los condenados por los disturbios interétnicos de Xinjiang (noroeste) durante el verano pasado.

El primer ministro francés, en una triunfante conferencia de prensa, reconoció: “Se dice que he venido a hacer negocios, pero en realidad ha sido para conseguir empleo para los trabajadores franceses.” Uno de los contratos firmados consiste en el suministro de piezas para los motores del avión chino C919, competidor directo del Airbus A320. Así actúan algunos países de la Unión Europea: fomentando la competencia extranjera de manera escandalosamente nacionalista.

Dos días después, quizá un poco avergonzado, el gobierno de París se vio obligado a expresar su protesta por la condena de Liu y a recordar al de Beijing su compromiso de discutir todo lo concerniente al respeto de los derechos humanos con la Unión Europea (UE), cuyo embargo sobre la venta de armas, impuesto tras la tragedia de 1989, sigue levantando vivas polémicas y sólo se respeta en teoría.

Hace ahora un año exactamente, algunos periódicos norteamericanos expresaron la esperanza de que el presidente Obama, tan pronto como tomara posesión el 20 de enero, lograría liberar a Liu de las garras de sus carceleros. Ni siquiera ha sido posible lograr una sentencia menos severa, pero quizá no es tarde aún para que el aguerrido disidente sea enviado a EE UU. El exilio más o menos forzoso es una forma cruel pero eficaz para quitarse de encima a un testigo molesto que el PCCh practica con frecuencia sin que las cancillerías occidentales osen alzar la voz.

Desde que Deng Xiaoping impulsara la reforma económica en 1978, los pronosticadores se han dedicado con empeño a subrayar las agudas contradicciones entre el sistema de partido único y el capitalismo salvaje. En todos los congresos y asambleas, los líderes del régimen, a su vez, insisten en la promesa de construir “un Estado de derecho”. Las contradicciones y las promesas siguen ahí, sin superación posible y sin que se produzcan los temibles efectos de agitación social, lucha de clanes y tensiones centrífugas que auguran los analistas. El Partido Comunista (PCCh), más sensible al confucianismo que al marxismo, parece que goza de buena salud por más que en Occidente se siga lucubrando con su probable estallido, a la espera de un Gorbachov que no acaba de llegar.

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