Posteado por: M | 24 enero 2010

La tragedia y el ciclo infernal de Haití

La apocalíptica tragedia que se abatió sobre Haití el 12 de enero y sus lacerantes y duraderas secuelas incitan a una reflexión tanto histórica como de actualidad para desentrañar y comprender por qué la emotiva solidaridad global que se expresa de manera tan generosa y mediática, sin duda alentada por la arribada en tromba de las televisiones, difícilmente servirá para acabar con los males endémicos. El país yace sumido en el caos y las ruinas, bajo la amenaza de bandas paramilitares, y el éxodo hacia muy diversos destinos no augura un porvenir halagüeño. Y además de la reflexión histórico-política, cabe formular la pregunta incómoda: ¿Qué hacer con Haití cuando se marchen las cámaras de televisión?

El mundo asiste conmovido a la escalofriante puesta en escena del vacío de poder más absoluto de un Estado fallido, despojado de todos sus atributos, dejado de la mano de Dios. Para analizar esa realidad radical hay que recordar que Francia, EE UU y la ONU fracasaron reiterada y estrepitosamente en el intento de establecer un régimen estable y decente en la parte occidental de la Española. Y para completar la compresión de la desgracia, hay que rechazar el fatalismo de concebir la pobreza y el sufrimiento de Haití como una maldición, o fruto de un pacto con el diablo, para centrarnos en sus raíces, tan ligadas a la secuencia infame de la esclavitud, el colonialismo y la intervención exterior.

Una independencia precoz

El país está devastado, no sólo por el terremoto y otras catástrofes naturales, sino por la acción codiciosa del hombre a través del sistema colonial o neocolonial y de regímenes corruptos, bandas de criminales uniformados, golpes militares, elecciones trucadas, explotación desenfrenada, superstición y miseria inaudita. Todo un catálogo de calamidades de la naturaleza o producidas por el hombre en un ambiente deletéreo de brujería y analfabetismo. Desde su independencia (1804), como un eco más de la revolución francesa, la República de Haití, el segundo territorio libre de América, inmediatamente después de EE UU, ha sido un país atormentado por las luchas intestinas, el latrocinio de sus dirigentes y el expolio extranjero.  

En ese rosario de desgracias, los estragos de la colonia y la esclavitud llegaron en primer lugar. “Generación tras generación, los segundos hijos de las grandes familias francesas se embarcaban hacia Santo Domingo para dirigir las plantaciones de caña de azúcar, gozar de los favores de las esclavas negras africanas y hacer fortuna”, escribe Mark Danner en el New York Times. El mismo analista norteamericano que en el mismo artículo pasa por alto o minimiza otras atrocidades posteriores.

Luego, una independencia teórica. En 1825, a cambio de reconocer su secesión tras una guerra heroica, el gobierno de Francia, cuyo dominio sobre una colonia de esclavos había sido harto cruel, le impuso una indemnización de 150.000 francos –suma enorme en aquella época–, una deuda y unos intereses que no pudo redimir por completo. En 1843 se produjo la separación definitiva de la parte oriental de la isla, de fuerte ascendencia española, en la que se estableció la actual República Dominicana.

Decaída la influencia francesa, propagado el grito imperialista del presidente James Monroe (“América para los americanos”), Haití fue un punto de atención e inquietud durante la guerra civil norteamericana (1860), pues una nación de esclavos liberados en el Caribe suscitó la animosidad de los confederados y el interés estratégico de los gobiernos que sucedieron al de Lincoln, después de que éste reconociera al fin la independencia de la isla en 1862. La buena vecindad resultó efímera, pues en 1868 el presidente Andrew Johnson sugirió la anexión de Haití para establecer una importante base naval y preservar el dominio del Caribe.

Las intervenciones de EE UU

La codicia exterior, económica o estratégica, siguió influyendo en la tumultuosa historia del país. Entre 1888 y 1915 ningún presidente haitiano completó su mandato de siete años. EE UU se decidió claramente por la política del gran garrote, de la proximidad hostil pero dominadora, con el pretexto, entre otros, de cobrar la deuda usuraria o de impedir que Alemania extendiera su influencia por la región. Los marines llegaron por primera vez a Puerto Príncipe en 1914 para asaltar el Banco Nacional haitiano, por orden del presidente Woodrow Wilson, y trasladar a Nueva York sus reservas, valoradas entonces en la respetable suma de 500.000 dólares.

Las tropas estadounidenses regresaron para ocupar definitivamente el país en 1915, y en 1918, ahogaron en sangre una revuelta campesina (más de 15.000 muertos), lo que hizo crecer la animadversión hacia el ocupante. La ocupación no terminó hasta 1934, en aplicación de la política de buena vecindad hacia el hemisferio iniciada por el presidente Franklin D. Roosevelt, pero la influencia norteamericana siguió gravitando sobre la isla, alimentando la corrupción y el despotismo de la minoría mulata favorecida durante la tutela militar. Fue el comienzo del círculo infernal de las revueltas y la intervención. Y cuando disminuía la rapiña exterior, el país era saqueado o esquilmado por sus propios dirigentes.

De la mano de Washington, Haití fue miembro fundador de la ONU (1945), pese a tener un régimen militar, y debería haberse beneficiado de su irrevocable pertenencia a la comunidad internacional. Mas la prolongada y crudelísima dictadura del presidente François Duvalier (1957-1971), Papa Doc, resultó demoledora. Fue elegido con el apoyo de los negros, que veían en él un instrumento para combatir la dominación de los mulatos. Adepto del vudú (fetichismo y sacrificios rituales), el presidente creó la siniestra milicia de los Voluntarios de la Seguridad Nacional (los tontons macoutes), una especie de escuadrones de la muerte integrados por 40.000 hombres que, al mismo tiempo, se encargaban de sembrar el terror, constituían la guardia pretoriana del sátrapa y la principal fuente de poder.

En 1971, a la muerte del tirano, le sucedió en la presidencia su hijo Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, como presidente vitalicio, cuando sólo tenía 19 años, confirmado por un simulacro electoral en 1973. En poco menos de un decenio, el hundimiento de las ya precarias estructuras políticas, sociales y económicas fue de tal envergadura que provocó un éxodo masivo a principios de los años 80. En 1986, más de un millón de haitianos se encontraban en el exilio (400.000 en República Dominicana y más de 600.000 en EE UU y Canadá). Ante las grandes manifestaciones de protesta y el ruido de sables, presionado por Washington, Duvalier tuvo que exiliarse en 1986 y fue reemplazado por un gobierno provisional.

Ascenso y caída de Aristide

La apariencia de democracia, bajo vigilancia de observadores de la ONU, fue restablecida en diciembre de 1990 cuando el sacerdote salesiano Jean-Bertrand Aristide, que había sido expulsado de su orden por ser partidario de la teología de la liberación, resultó elegido presidente por una abrumadora mayoría, aunque con una abstención del 70%. Actuando como abogado de los pobres, populista y marxista al mismo tiempo, desafió a los clanes tradicionales de los mulatos y fue destituido al año siguiente por un golpe militar. EE UU recibió la autorización de la ONU para organizar una fuerza expedicionaria que restableciera la democracia. Los marines desembarcaron de nuevo en Puerto Príncipe, enviados por el presidente Bill Clinton, y con ellos, Aristide regresó al poder el 15 de octubre de 1994. Fue un bello espectáculo que muy pronto dio paso a una mayor frustración.

La situación política no cambió sustancialmente. Aristide creó un partido político (Familia Lavalas) y una nueva milicia –los Chimères– para garantizar la continuidad de su régimen. En 1995, ante la imposibilidad constitucional de presentarse a la reelección, su primer ministro, René Preval, también de la organización Lavalas, fue elegido presidente y completó su mandato de cinco años. Reelegido en 2000, en medio de acusaciones de fraude electoral y coqueteos con Cuba, Aristide empezó a tener dificultades tan pronto como George W. Bush llegó a la Casa Blanca (2001). El país se precipitó en la violencia y una crisis económica galopante que causaron alarma no sólo en EE UU, sino también en Francia y Canadá, los tres países con las mayores comunidades de haitianos, que vieron peligrar sus intereses o su influencia en la isla.

La segunda destitución o renuncia de Aristide en 2004 es un turbio asunto que sigue envuelto en el misterio, entre la revuelta militar interna o el golpe de Estado teledirigido desde el exterior. Probablemente una mezcla inextricable de agitación interna e intervención extranjera. El presidente haitiano, entre otras actuaciones polémicas, en 2003 se atrevió a reclamar a Francia 21.000 millones de dólares, el equivalente de los 90 millones de francos oro que Haití pagó como precio por su independencia. También se negó a vender  en el mercado internacional las compañías estatales de teléfonos y electricidad, como le reclamaban en Washington.

El 31 de enero y 1 de febrero de 2003 se reunió en Montreal (Canadá) una conferencia cuatripartita secreta para decidir sobre el futuro del gobierno de Haití, a la que asistieron altos funcionarios de EE UU, Francia, Canadá y América Latina (sin especificar el país). Según el periodista Michel Vastel, que conversó con el representante canadiense en el cónclave, los reunidos abogaron por un cambio de gobierno en Haití en menos de un año. Esa información se publicó en L´actualité, de Québec (15 de marzo de 2003), y aunque fue desmentida oficialmente, el semanario la defendió y no se retractó.

La revuelta contra Aristide, acusado de corrupción y tráfico de drogas, comenzó en septiembre de 2003, dirigida por una banda paramilitar conocida como el Ejército Caníbal, que fue rebautizado como Frente Nacional Revolucionario para la Liberación de Haití. Los rebeldes se hicieron fuertes en Gonaives, la cuarta ciudad del país, y el 22 de febrero se apoderaron de Cap-Haïtien y avanzaron hacia Puerto Príncipe. El 29 de febrero, el presidente presentó su renuncia y abandonó el palacio presidencial, no se sabe si voluntariamente o forzado por los marines y la policía de EE UU, que lo trasladaron a Bangui (República Centroafricana). Actualmente vive en África del Sur.

En varias ocasiones, Aristide acusó a EE UU de haberle secuestrado, forzándolo a dimitir y enviándolo al exilio, pero Washington exhibe un documento en el que aquél renuncia a la presidencia para evitar un baño de sangre. El citado documento, desde luego, fue firmado por Aristide en el palacio presidencial de Puerto Príncipe, en presencia del embajador norteamericano, James B. Foley, y un pelotón de marines. Apenas un mes después, en una entrevista con el periodista Amy Goodman, el presidente declaró: “No, no dimití. Lo que la gente llama dimisión fue, en realidad, un nuevo golpe de Estado o un secuestro moderno.” Colin Powell, a la sazón secretario de Estado, insistió en que Aristide solicitó ayuda al embajador norteamericano, ante el riesgo de caer en manos de los rebeldes.

El filósofo y profesor universitario canadiense Peter Hallward, en un libro titulado Damning the Flood: Haiti, Aristide and the Politics of Containment (Verso Books, Londres, 2007), documenta escrupulosamente lo ocurrido en Haití en febrero de 2004 y llega a la conclusión de que fue un golpe de Estado financiado y orquestado por fuerzas aliadas con el gobierno de EE UU, con la colaboración de Francia y Canadá. Con motivo del terremoto, Hallward ha escrito en el diario londinense The Guardian para reclamar el fin de la intervención extranjera y la explotación inmisericorde de uno de los países más pobres del mundo.        

La misión de la ONU y los datos del desastre

En junio de 2004, las tropas norteamericanas que llegaron inmediatamente después del exilio de Aristide fueron reemplazadas por las de la  Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), una fuerza expedicionaria de unos 9.000 hombres de diversos países, al mando de un general brasileño, que continúa en la isla tratando de desarmar a los grupos paramilitares e impedir los continuos secuestros y los linchamientos, pero sin conseguirlo. Preval fue reelegido presidente en 2006 y el ex presidente Bill Clinton fue designado enviado especial de la ONU en 2009. El mandato de la Minustah fue prorrogado hasta 2010.

Los empeños patéticos por tratar a Haití como si fuera un Estado normal, cuando es un espacio en ruinas con un simulacro de gobierno, confirman el fracaso de la ONU, expresión de la comunidad internacional, en la tarea del nation-building, la construcción de naciones para que puedan valerse por sí mismas con alguna probabilidad de éxito. Los críticos de la Minustah arguyen precisamente que la primacía concedida a la seguridad y la ambivalencia del gobierno de Preval sobre la presencia de tropas extranjeras no favorecen la reconstrucción y perjudican el combate contra el desempleo galopante y la pobreza.

Algunos datos, que tomo del diario Nuevo Herald de Miami, pueden dar alguna idea de la magnitud del desastre de la misión de la ONU y de las donaciones o préstamos internacionales. Con frecuencia, los donantes tratan de responsabilizar al gobierno haitiano, al que describen alternativamente como débil o corrupto. “La corrupción es endémica y sistemática”, según el informe de 2006 de la agencia norteamericana para el Desarrollo Internacional (USAID). “Los préstamos han tenido poco impacto”, reconoce el Banco Mundial, que ha gastado más de 300 millones de dólares desde 2005 sin que se sepa muy bien en qué.    

Otros 500 millones de dólares para mejorar las carreteras no sirvieron para nada porque el gobierno no se ocupó del mantenimiento. La falta de caminos en las zonas rurales paraliza el desarrollo económico. Los millones de dólares gastados en la red eléctrica se evaporaron con la quiebra de la compañía suministradora, de manera que la electricidad sólo llega al 10% de la población, aunque sometida a fuertes restricciones. Casi la mitad del país no tiene fuentes seguras de agua potable. Una economía rudimentaria obliga a muchos a utilizar el carbón como combustible, lo que desencadena el círculo vicioso que ha dejado sin árboles al 97 % del territorio de un país tropical, en hiriente contraste con la República Dominicana en vías de desarrollo.

El sistema multilateral de la ayuda para el desarrollo no funciona por varias razones. La más notoria es que con frecuencia los fondos caen en manos de gobiernos corrompidos, tan ebrios de poder, tan celosos de su soberanía, como carentes de autoridad. Otras veces, las donaciones merman en la jungla burocrática. Pero la causa más hiriente, la que más debería interpelar nuestras conciencias, radica en la injusticia absoluta de los términos del intercambio, es decir, el desequilibrio creciente entre los precios a la baja de las materias primas que exportan los países del Tercer Mundo y los precios al alza de los productos manufacturados que importan de los industrializados. Siempre se ha dicho que la subida de los aranceles en Occidente tiene efectos más perniciosos que un ciclón.

La Sociedad de Naciones de Ginebra inventó el sistema de mandatos para tutelar a los territorios conflictivos, como Palestina, o en vía de difícil emancipación, y su parcial heredera, la ONU, considerando paternalista el sistema anterior, dedicó todos los esfuerzos a un programa acelerado de descolonización, bajo el doble impulso contradictorio de EE UU y la URSS.  No obstante, la Carta fundacional de la ONU (artículo 76) prevé el sistema de fideicomisos para reemplazar al de los mandatos y establece un Consejo de Administración Fiduciaria que ejerce el control sobre esos territorios no autónomos, a fin de favorecer su evolución pacífica hacia la autodeterminación.

Un Estado fallido    

El sendero tercermundista está empedrado de fracasos: los llamados Estados fallidos, con Haití a la cabeza, muy numerosos en África, un continente que sigue bajo los flagelos del atraso, la corrupción política y la miseria. El terremoto del 12 de enero demostró, entre otras cosas, que Haití es un Estado fallido, es decir, que no puede salvaguardar las condiciones civiles mínimas –paz interior, mantenimiento de la ley y el orden, buen gobierno o al menos gobierno eficaz–. Esos Estados tienen una existencia legal internacional, son teóricamente soberanos y miembros de la ONU, pero resultan inoperantes cuando no desalmados en su acción interior. Algunos, incluso, ofrecen cobijo a los grupos terroristas.

Cuando se trata de abordar este vidrioso asunto de los Estados fallidos, los problemas son innumerables, tanto jurídicos como de relaciones de poder, porque vivimos en una sociedad internacional postcolonial que se escandaliza fácilmente con el intervencionismo, en defensa de la teórica soberanía de un país, por muy intolerables que resulten las condiciones de vida a que está sometidos sus ciudadanos. Como asegura el profesor Robert H. Jackson, la sociedad internacional se muestra muy tolerante porque “el reconocimiento internacional y la autodeterminación no dependen de las condiciones internas fundamentales de los Estados”. ¿Cómo romper el ciclo infernal?

La consideración de la soberanía estatal igualitaria y la no intervención como principios inviolables del derecho internacional entra incluso en contradicción con las disposiciones que exigen a los nuevos Estados que sean “capaces de cumplir” las obligaciones de la Carta en cuanto a la preservación del orden interno y la protección de sus ciudadanos. Desde el final de la guerra fría, el principio de la soberanía irrestricta ha decaído al menos parcialmente cuando se trata de proteger los derechos humanos de los ciudadanos de un Estado y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones desamparadas. Pero la llamada injerencia humanitaria tampoco ha sido una panacea y su aplicación responde al criterio del doble rasero y resulta claramente discriminatoria.  

En el caso de Haití, la situación misérrima y la historia del intervencionismo no pueden ser una excusa para la barbarie. La misión de la ONU, dedicada primordialmente a una decepcionante campaña de contrainsurgencia, no tenía ni el mandato ni los medios para obtener resultados milagrosos, quizá porque el autogobierno, incluso si su gestión desemboca en el desastre, se reputa preferible a la administración externa aunque ésta sea transitoria y pueda ser más benévola y eficaz. La sociedad internacional entiende que la institución del protectorado es anacrónica y no encaja con la doctrina del pluralismo igualitario y de la libertad internacional centrada en la autodeterminación, pilares de un orden ideal a todas luces mejorable.

No parece probable, por tanto, que los marines vayan a quedarse en Haití otros 15 años. Los ejércitos norteamericanos, los únicos del mundo con capacidad de reacción inmediata en varios frentes, sufren el estrés de las guerras de Irak y Afganistán y además tienen que afrontar la inminente reducción del presupuesto de defensa, lo que, según todos los indicios, impondrá un nuevo declive en las capacidades militares de la superpotencia. No obstante, cuando las cámaras de la televisión abandonen Haití, los marines y los cascos azules deberán entregarse a la ingrata tarea de impedir una escalada de la lucha por el poder entre los grupos paramilitares.

La misión de la ONU fue desbordada por el seísmo y su secretario general, Ban Ki-moon, demostró una azarosa proclividad a rebajar la severidad de los acontecimientos. Crecen por eso las demandas de una fórmula menos restrictiva para la ayuda internacional y la reconstrucción del país, mediante la cual los cascos azules apliquen unos protocolos que no les condenen, como ocurre con frecuencia, a ser meros espectadores de la perpetuación de la calamidad por otros derroteros. Pero mientras no se reforme el sistema de la ONU, la sociedad internacional no podrá asumir ninguna responsabilidad en lo que concierne a las condiciones internas – los derechos y el bienestar de las poblaciones– de los países independientes, pero fallidos, ni siquiera en casos extremos como los de Haití o Somalia.

La ayuda y la reconstrucción plantean enrevesados problemas, empezando por los de establecer un programa coherente, calcular los fondos necesarios y decidir quién los administra, a veces en condiciones trágicas, como en Haití, en medio de la parálisis de las instituciones y la tarea ímproba de alimentar a nueve millones de personas, de las que más de un millón se hallan sin techo sólo en Puerto Príncipe. La ayuda para el desarrollo, bajo el paraguas onusiano, acumula fracasos en su medio siglo de historia y no ha corregido la abismal diferencia entre países ricos y países pobres, que sigue en aumento y provocando unas oleadas migratorias incontrolables.

La presencia de las organizaciones no gubernamentales (ONG), que a veces compiten entre sí por la gestión de las ayudas y las medallas, complica el panorama y no contribuye ciertamente a superar los grandes desequilibrios a escala planetaria. Las ONG son depositarias de la mala conciencia de los ricos, que las alimentan con sus donativos, pero no pueden resolver los problemas de fondo, ni pueden superar la incuria o la susceptibilidad de los poderes locales porque carecen de cualquier poder coercitivo.

¿Cómo debe la comunidad internacional reconstruir las instituciones de Haití y prestar los servicios elementales a la población?  ¿Acaso puede mantenerse la ficción o el despropósito de que la autoridad máxima corresponde al gobierno haitiano cuando es evidente que no puede cumplir con ninguna de sus obligaciones?

Pragmatismo y utopía

No hay acuerdo sobre los protagonistas y el procedimiento en estos casos de extrema necesidad, sino una dura pugna entre dos concepciones muy distintas del orden internacional y la distribución de la ayuda. Los llamados reformistas o pragmáticos, partidarios en último extremo del liberalismo económico, creen que las catástrofes ofrecen oportunidades para la reconstrucción desde cero, para poner los cimientos sociales y económicos de un nuevo país. Éstos son los que han lanzado la idea de una especie de Plan Marshall para Haití, como el que sirvió para levantar a Europa de las cenizas y la postración después de la Segunda Guerra Mundial.

Muchas organizaciones no gubernamentales y activistas sociales, por el contrario, desconfían de la industria de la reconstrucción a nivel global y creen que la mera ayuda exterior no puede resolver los endémicos problemas estructurales. Los más radicales denuncian la asistencia para el desarrollo como un pretexto para promover el  temido librecambio o conquistar ventajas geopolíticas. En el idílico panorama de un espacio virgen administrado por las beneméritas ONG, como una nueva utopía posmoderna, los reformistas son vituperados como “disaster capitalists” (los capitalistas de los desastres), según la fórmula de la muy heterodoxa Noami Klein y sus acólitos.

Estas controversias contribuyen, desde luego, a fomentar el pesimismo de la razón sobre las probabilidades que tiene Haití de superar una triste historia que desembocó en una hecatombe. En medio de la devastación y el dolor, y asumiendo las lecciones del pasado, quizá podría ensayarse alguna forma de tutela internacional cuyo compromiso no fuera sólo la reconstrucción material, sino también la instalación y protección de un régimen capaz de desmentir las más aciagas premoniciones. Porque ahora revolotea sobre Puerto Príncipe el siniestro presagio de los que se adentran en el infierno dantesco: “Abandonad toda esperanza.” Hasta que no se rompa el ciclo infernal del subdesarrollo y la violencia política.

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Responses

  1. El diagnóstico que has hecho me parece muy acertado y agradezco tu desarrollo histórico político de Haítí que me es desconocido.
    Yo creo que tienen que empezar por implantar un seguridad para que se puedan canalizar las ayudas. Quizás por eso cuando los haitianos veían aterrizar un Helicóptero gritaban OBAMA OBAMA.El futuro del pais realmente es incierto pero …tendremos que ayudarles a seguir viviendo,ya hemos visto a personas rescatadas con vida después once días de estar entre escombros.Un saludo.

  2. Magnifico tratado de la historia de este pequeño y desgraciado país. Está claro que no es el sistema colonial el culpable de que se produzcan catástrofes naturales de la magnitud que ataña a Haiti, pero si de la carencia de infraestrucruras dignas de llamarse así, con las que se habrían mitigado las penas de estas pobres gentes. Leer que el aeropuerto esta abarrotado de productos procedentes de todo el mundo pero que no pueden ser distribuidos por falta vias transitables es algo que incita a llorar.
    Buen trabajo Mateo. pero que muy buen trabajo


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