Obama gana una ruda y costosa batalla

La Cámara de Representantes del Congreso de EE UU, con sólo tres votos más de los necesarios (219 para una mayoría absoluta de 216), aprobó el domingo 21 una reforma global del sistema de salud, prioridad legislativa del presidente Barack Obama. La victoria fue calificada de histórica por sus defensores, en el sentido de que varios presidentes fracasaron en el mismo empeño, pero la mayoría de los observadores abrigan serias inquietudes sobre las consecuencias políticas y sociales de un debate que consumió las principales energías presidenciales, que no quebró las líneas partidistas y que deja insatisfechos a una parte de la izquierda liberal y a casi todos los conservadores.

Los dos principales periódicos de la costa este, The Washington Post y The New York Times, ambos alineados con Obama y con la ley, coincidieron en preguntarse por el precio del triunfo. “Una gran victoria, pero ¿a qué coste?”, inquiría en primera página el gran rotativo neoyorquino, el más firme aliado mediático de la Casa Blanca en la batalla ideológica contra los republicanos. El diario de la capital federal resaltó que la ley aprobada es uno de los más significativos avances de la legislación del Estado del bienestar en la historia del país, pero sentenció: “La cuestión es a qué precio.” Los portavoces del Partido Republicano insistieron en que la batalla continúa.

Para que la ley alcanzara los votos necesarios en la Cámara de Representantes, Obama tuvo que emplearse a fondo para vencer las renuencias dentro de su Partido Demócrata, desgarrado en sus bases ante las elecciones del próximo noviembre, y no lo consiguió hasta el último minuto. La Casa Blanca se vio forzada a hacer una declaración asegurando que el presidente firmará una orden ejecutiva (algo así como un decreto-ley) para que la nueva legislación no afecte a las restricciones que prohíben la utilización de fondos federales para la práctica del aborto. El grupo de demócratas antiabortistas, dirigido por el representante Bart Stupak, completó los votos exigidos. Aun así, 34 representantes del Partido Demócrata votaron en contra de la ley, quizá temerosos de pagar el precio en las elecciones de noviembre. La Cámara de Representantes se renueva por completo cada dos años.

Aunque finalmente tuvo éxito en el terreno en que fracasaron Teddy Roosevelt, Harry Truman, Richard Nixon y Bill Clinton, a lo largo de casi un siglo, el presidente Obama se ha dejado jirones de la púrpura en todos estos meses en que estuvo centrado y obsesionado con la reforma sanitaria. En contra de sus promesas y del proyecto inicial cocinado en la Cámara, Obama tuvo que renunciar a la llamada “opción pública”, es decir, a crear un sistema de seguridad social en el estilo europeo, ya que la ley sólo prevé un mecanismo de subvenciones públicas para ayudar a suscribir un seguro privado a las familias con bajos ingresos.

El presidente perdió ímpetu ideológico y algunos enteros durante el debate. Tiene en contra las encuestas, los frentes exteriores se multiplican, su popularidad ha descendido peligrosamente y ha perdido su condición de “pragmático postideológico” que tanto le ayudó en el triunfo de noviembre de 2008. Por primera vez en la historia parlamentaria, una ley importante, rebajada y alambicada en su inicial orientación socialdemócrata, ha sido aprobada sin ningún apoyo del partido de la oposición. Ni un solo senador o congresista republicano votó a favor de la reforma.

Tanto el demócrata Franklin D. Roosevelt en 1935, para aprobar la ley de la Seguridad Social, como el también demócrata Lyndon Johnson en 1965, para introducir el Medicare (seguro médico para los mayores de 65 años), contaron con el respaldo de gran parte de los senadores y representantes republicanos para obtener abrumadoras mayorías bipartidistas, sólida garantía de un apoyo social y político que ahora no es seguro, según se desprende del largo y enconado debate nacional.

El problema quizá no radica en la reforma del sistema sanitario, que casi todo el mundo reputaba inaplazable, por razones sociales y económicas al mismo tiempo, sino en el método empleado para impulsarla, desde el primer momento en manos de los mismos demócratas progresistas, con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la cabeza, que ahora se declaran frustrados y reprochan a Obama las excesivas concesiones a los centristas de su mismo partido sin haber atraído a los moderados republicanos.

La reforma no introduce un régimen de seguridad universal ni crea una agencia gubernamental para competir con las aseguradoras privadas, como reclamaban los progresistas y figuraba en el proyecto inicial de la Cámara de Representes. El sistema que se reforma parecía insostenible por su carestía y sus precarios resultados, pero la intervención estatal levanta ampollas en amplios sectores de la sociedad norteamericana que no surcan por el mar de la opulencia, pero a los que horroriza el Big Government, el ogro burocrático. Además, en tiempos de déficits abultados, la opinión pública se muestra reticente o alarmada ante el avance incontenible del “Frankenstein fiscal” o el incremento de la deuda.

Los neoconservadores, erigiéndose en portavoces de las clases medias bien instaladas, no sólo han vituperado el carácter socializante de la reforma, tildada de “experimento social radical”, sino su oneroso coste financiero, la injerencia federal y el aumento impositivo que entrañará para los más acomodados. Uno de los tenores del Partido Republicano, el representante Newt Gingrich, ha lanzado una osada profecía a Obama y sus partidarios: “Destruirán su partido como lo dividió Lyndon Johnson hace 40 años”, cuando sacó adelante las leyes de derechos civiles (1964) y del Medicare (1965) que provocaron un seísmo en el Partido Demócrata y le hicieron perder su hegemonía en los Estados del “sur profundo”.

Según Obama, la reforma “coloca una nueva piedra en los cimientos del sueño norteamericano”. Y añadió: “El voto de hoy es una respuesta a todos los norteamericanos que deseaban que se hiciera algo por mejorar un sistema de salud que funcionaba bien para las compañías de seguros, pero no para las personas corrientes.” Se refiere a los 32 millones de ciudadanos que podrán acceder por primera vez a un seguro sanitario a partir de 2014 o que se hallaban indefensos frente a las exigencias de las aseguradoras. El objetivo es cubrir al 95 % de los menores de 65 años (los mayores ya lo están por el Medicare). Lo que resulta menos evidente es que la reforma reduzca los gatos, aunque está claro que elevará la presión fiscal. Su coste total se cifra en 1 billón de dólares en diez años, según los interesados cálculos gubernamentales.

No hay duda de que el presidente Johnson logró entrar en la historia con toda justicia al terminar legalmente con la segregación racial mediante la Civil Rights Act de 1964 (Ley de los Derechos Civiles). La mayoría de los republicanos, herederos de Lincoln, entonces estuvieron de acuerdo. Mas a la reforma del sistema sanitario, constreñida dentro del sector privado, no debe atribuirse el mismo imperativo moral que al fin de la segregación, ni las prácticas crueles de algunas aseguradores pueden compararse con la ignominia generalizada de la discriminación racial.

El proceso legislativo de la reforma plantea algunos problemas de hondo calado que harán las delicias y probablemente la fortuna de los juristas y los leguleyos al acecho. Puede que algunos preceptos de la ley lleguen hasta los tribunales, pues nunca el Congreso había utilizado sus poderes para obligar a los ciudadanos a contratar un seguro con una compañía privada.

La ley que establece la reforma es la misma que el Senado votó el 24 de diciembre y, por lo tanto, podrá ser sancionada inmediatamente por el jefe del Estado. Pero la otra ley votada el mismo domingo por la Cámara de Representantes, llamada de “reconciliación”, recoge las enmiendas incluidas para lograr la aprobación de la primera. Por lo tanto, la segunda y definitiva ley deberá regresar al Senado, donde todas las leyes, excepto las financieras, necesitan de 60 votos (hay 100 senadores) para eludir el filibusterismo de la oposición. Como perdieron en Massachusets esa mayoría cualificada de 60 escaños (ahora sólo disponen de 59), los demócratas recurren a la artimaña de presentar la ley de “reconciliación” como presupuestaria, decisión controvertida que los republicanos denuncian como una vulneración del procedimiento. En fin, que la reforma desemboca en un embrollo que no impedirá su entrada en vigor, pero que enconará aún más las relaciones entre los dos partidos.