Posteado por: M | 28 julio 2010

En el genocidio de Camboya, la justicia internacional degenera en parodia

No se puede recordar y analizar la historia de Camboya bajo la tiranía genocida de los jemeres rojos (1975-1979) sin experimentar un profundo desasosiego que conduce inexorablemente a la indignación, el horror y la piedad. La condena internacional del primer responsable subalterno del genocidio, Kaing Guek Eav, más conocido por Duch, el 26 de julio, vuelve a proyectar en nuestra imaginación The Killing Fields (Los gritos del silencio en español), el film estremecedor de Roland Joffé (1984) sobre los campos de exterminio, o el documental S-21, la fábrica de la muerte del Jemer Rojo (2002), de Rithy Panh, que describe el centro de tortura de Tuol Sleng, cerca de Phnom Penh, dirigido precisamente por el ahora condenado, un infierno carcelario en el que sólo sobrevivieron siete de las 16.000 personas allí recluidas.

Ya se han cumplido 35 años desde la entrada del Jemer Rojo (nombre que el príncipe Norodom Sihanuk daba al Partido Comunista camboyano) en Phnom Penh (17 de abril de 1975) y la instauración de un régimen marxista-leninista, dirigido por el sanguinario Pol Pot, que trasladó violentamente al campo a los habitantes de las ciudades, a los que suponía contaminados por la civilización occidental, y pretendió realizar una delirante utopía agraria que acabó con la vida de dos millones de personas tras ser sometidas a todo tipo de brutalidades morales y materiales.

La denominada sarcásticamente Kampuchea Democrática, durante muchos años reconocida por la ONU, empecinada en la purificación social y la creación del hombre nuevo, degradado y sojuzgado, propugnó e impuso militarmente un supuesto retorno idílico a la aldea, experimento regido por un colectivismo absoluto. Para alcanzar ese turbulento objetivo, el Partido Comunista eliminó físicamente en poco más de cuatro años a un tercio de la población y aisló al país del resto del mundo. Contó con la protección de China y el silencio equívoco de las potencias occidentales paralizadas por el complejo colonial o el pecado reciente de los devastadores bombardeos norteamericanos.

A pesar de todas las tergiversaciones, complicidades y falsedades, la historia retendrá para siempre la página infame de uno de los genocidios más terroríficos y abultados –en términos relativos– de un siglo caracterizado precisamente por las ideologías asesinas (nazismo y comunismo), los campos de concentración y el exterminio masivo de las poblaciones.

El Tribunal Internacional para Camboya, de carácter mixto (jueces camboyanos e internacionales), fue creado en 2005 por un acuerdo entre el gobierno de Phnom Penh y la ONU, tras negociaciones interminables y concesiones vergonzosas del entonces secretario general, Kofi Annan. Pero la mayor iniquidad se consumó en mayo de 2009, cuando un sectario marxista-leninista, heredero confeso de la ideología genocida, fue designado al frente de la Unidad de las Víctimas, con el respaldo absoluto del presidente del tribunal de la ONU. La sala de la audiencia se transformó pronto en el escenario de una farsa.

El primer jemer rojo juzgado fue condenado el 26 de julio a 19 años de prisión por “por torturas, asesinatos, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”. Aunque a los 19 años deben añadirse los 16 que lleva en prisión, hasta un total de 35, se trata de una pena que las víctimas reputan irrisoria y que corrobora las críticas más acerbas sobre la lentitud exasperante del proceso, la escasa formación y la penosa actuación de los fiscales y las distintas varas de medir que utilizan los jueces internacionales y gubernamentales.

El gobierno de Camboya, cuyo jefe, Hun Sen, fue un jemer rojo militar en su juventud, ahora trata de hacer compatible el desarrollo económico con la dictadura y el olvido de la infamia, bajo la mirada complaciente de la comunidad internacional, a pesar de que hizo todo lo posible por interferir, dilatar y entorpecer el proceso judicial. El régimen se perpetúa expandiendo la cultura de la violencia en una sociedad traumatizada por 40 años de guerras, asesinatos masivos e impunidad.

Algunos de los principales responsables del genocidio, como el que fuera jefe del Estado, Khieu Samphan; el número tres de la jerarquía comunista, Ieng Sary, y el ideólogo del régimen, Nuon Chea, no fueron detenidos hasta 2007, luego de haber sido amnistiados por el gobierno en 1998, y se encuentran bajo arresto domiciliario a la espera de comparecer en juicio, discretamente protegidos por el gobierno, y lo más probable, teniendo en cuenta su avanzada edad, es que reciban una condena meramente simbólica.

Khieu Samphan permaneció siempre al lado de Saloth Sar, más conocido por Pol Pot (1928-1998), que estudió en París después de la Segunda Guerra Mundial, secretario general del Partido Comunista y verdadero arquitecto del régimen genocida, que dirigió personalmente la evacuación de las ciudades en 1975 y fue jefe del gobierno hasta que fue derrocado por la invasión vietnamita de 1979. Pol Pot resultó muerto como consecuencia de un sangriento ajuste de cuentas entre camaradas, en su refugio cercano de la frontera de Tailandia, en 1998.

La justicia internacional que emana de la ONU no es para mañana, y más parece un ensueño utópico que una realidad en la que se pueda confiar. Lo ocurrido en Camboya, con la ONU parlamentando con un gobierno cómplice de los genocidas, hubiera debido mover al escándalo si no fuera un episodio más del escarnio continuado en que se ha convertido la llamada pomposamente jurisdicción universal. Durante los nueve meses que ha durado el juicio oral de Duch, el tribunal ha tolerado incluso la parodia de los crímenes más abyectos.

Luego de cuatro años de proceso y de decenas de millones de dólares gastados, un tribunal virtualmente vapuleado por las prioridades nacionales o internacionales, cuando no corroído por la corrupción, se limitó a pronunciar un veredicto de culpabilidad de un asesino confeso, pero eludió las referencias sobre el genocidio, los principales culpables, el clima internacional en que se produjeron las matanzas y el comportamiento de las grandes potencias.

El genocidio de Camboya tiene unos responsables directos, los notorios asesinos que en torno de Pol Pot se coordinaban en el Angkar Leu, la cúspide de la organización comunista, a la que los camboyanos llamaban “el país de los muertos”, debido a su letal crueldad. Pero la extensión, duración e intensidad del martirio de todo un pueblo serían incomprensibles sin tener en cuenta los condicionamientos de la guerra fría en el Sureste asiático, donde la rivalidad chino-soviética se entrecruzaba con el poder norteamericano.

La última demostración de la injerencia externa se produjo en 1979, después de que el ejército vietnamita, apoyado por la URSS, hubiera entrado en Phnom Penh tras vencer por las armas y derrocar al régimen de los jemeres rojos. EE UU, que había sufrido una derrota sin paliativos en Vietnam, reorganizó a los derrotados jemeres rojos con la colaboración de China, en una maniobra claramente antisoviética. Durante unos meses, el siniestro Pol Pot demostró de nuevo su capacidad para resurgir en el damero maldito de la antigua Indochina.

El marco fatídico se completa con la indiferencia general y especialmente europea en el contexto de las llamadas luchas de emancipación, anticoloniales y antiimperialistas, que se habían pregonado desde París y otras capitales por los maîtres à penser de la época, persuadidos del carácter catártico de la violencia, verdadero motor de la historia, sobre todo, en el Tercer Mundo.

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