Posteado por: M | 13 noviembre 2010

Violenta represión marroquí en la última colonia de África

La represión violenta de la protesta saharaui por las tropas y la policía marroquíes confirma la evidencia: el último poder colonial en África, el reino de Marruecos, se comporta como todos los poderes coloniales, que prefieren ritualmente el ataúd a la maleta, en medio de la indiferencia internacional cuando no la connivencia de otras potencias que no son africanas. Debido al bloqueo informativo impuesto por Rabat, no conocemos con exactitud cuál es el alcance de la revuelta ni el balance de víctimas, pero todo parece indicar, por similitud con otros episodios coloniales, que Marruecos está enfermo del Sáhara, aunque no sabemos si la sangre derramada en El Aaiún tendrá efecto en la actitud de sus gobernantes y de los países aliados que ahora deben asumir el ingrato papel de cómplices.

El Sáhara Occidental es uno de los últimos problemas coloniales que duerme desde hace más de 40 años en los archivos de la ONU, cuya doctrina oficial, expresada en varias resoluciones e informes, aboga por la autodeterminación de la que fue colonia española hasta que el gobierno de Madrid, en el crepúsculo del franquismo, con el beneplácito de París y Washington, se plegó al chantaje de la llamada marcha verde organizada por el rey Hassan II (octubre de 1975) y entregó precipitadamente su administración a Marruecos y Mauritania, pero no la soberanía, que recae teóricamente en el pueblo saharaui, según los Acuerdos de Madrid (14 de noviembre de 1975).

El Sáhara Occidental, protectorado de España desde 1884, que llegó a ser provincia española durante el franquismo, se incluyó en 1963 en la lista de Territorios no autónomos, según lo dispuesto en el capítulo 11 de la Carta fundacional de la ONU (A/5514, anexo III). Desde 1962, el gobierno de Madrid, en su condición de administrador, empezó a transmitir información técnica y estadística sobre el territorio, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 73 de la Carta. La Asamblea General de la ONU, por su parte, reafirmó en varias ocasiones la aplicabilidad de la declaración doctrinal sobre la independencia de los países coloniales.

Marruecos exhibe unos supuestos derechos ancestrales sobre el territorio que casi nadie reconoce. El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, en un dictamen emitido el 16 de octubre de 1975, concluyó que no había encontrado vínculos históricos y jurídicos de soberanía entre Marruecos y el Sáhara Occidental. Por lo tanto, “deben aplicarse al territorio la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General sobre la descolonización y el principio de autodeterminación mediante la libre y genuina expresión de la voluntad de la población autóctona”.

A pesar de los acuerdos tripartitos de Madrid, con protocolos secretos incluidos, último acto internacional de un régimen moribundo, sobre cuya validez jurídica se han emitido serias dudas por parte de varios juristas autorizados, la ONU no considera a Marruecos ni siquiera como potencia administradora del territorio, ya que éste figura desde 1963 en la lista de los que están pendientes de descolonización.

Según un informe jurídico solicitado por el Consejo de Seguridad, los Acuerdos de Madrid no transfirieron la soberanía ni tampoco la administración. Teniendo en cuenta que se trata de un territorio no autónomo, España no podía conferir la condición de potencia administradora de manera unilateral a ninguno de los signatarios, sin intervención de la ONU. Un informe legal de 29 de enero de 2002, a demanda del Consejo de Seguridad, subraya que “la transferencia de la autoridad administrativa a Marruecos y Mauritania en 1975 no afectó a la condición internacional del Sáhara Occidental como territorio no autónomo”. Esto quiere decir que los acuerdos están viciados de origen, impugnados por la población oriunda y podrían ser anulados.

El proceso descolonizador

Para llevar a efecto el proceso de descolonización, la ONU tiene aprobadas diversas resoluciones desde que la guerra entre Marruecos y el Frente Polisario, representante de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), terminó en 1991 con un cese de hostilidades. Todas reclaman invariablemente la autodeterminación de la población del territorio. La RASD no está reconocida por la ONU, pero sí por la Unión Africana y al menos por 54 Estados, según cálculos del Parlamento Europeo.

El Consejo de Seguridad, por la resolución 690 de 29 de abril de 1991, creó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso), encargada de promover y vigilar el proceso de autodeterminación que debería culminar con la celebración de una consulta decisoria. Al frente de la Minurso, cuyo insatisfactorio funcionamiento ha consumido más de 1.000 millones de dólares, se halla el representante especial del secretario general de la ONU, desde 2009 el diplomático estadounidense Christopher Ross, ex embajador en Argelia y Siria.

La última resolución del Consejo de Seguridad  fue aprobada en agosto de 2003 e incluía el llamado Plan Baker, por el nombre del que fue secretario de Estado de EE UU, James Baker, designado mediador en el conflicto. Dicho plan, presentado y debatido cuando España era miembro no permanente del Consejo de Seguridad, por iniciativa del gobierno de José María Aznar, estipuló “la libre determinación del pueblo del Sáhara occidental como solución política óptima basada en el acuerdo entre las partes”.

Pese a todas las resoluciones y dictámenes, la potencia colonial, Marruecos, se niega a efectuar la descolonización de la última colonia de África. Libró una guerra contra el Polisario, construyó un muro inhumano y ahora pretende resolver un problema tan complejo y explosivo otorgando al territorio un estatuto de región autónoma, pero no detiene una colonización agresiva con funcionarios fieles y colonos codiciosos, al mismo tiempo que reprime con dureza las protestas de los saharauis. Alarmado por el despertar de la conciencia saharaui, el gobierno marroquí decidió acabar manu militari con un movimiento que socava la colonización rampante iniciada en 1975.

Tanto el protectorado indirecto de EE UU y Francia como la actitud favorable del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero permiten a Marruecos mitigar la repugnancia mundial que suscita su brutalidad represiva. Mientras la soldadesca marroquí entraba a sangre y a fuego en un campamento de saharauis desarmados, la gran prensa internacional se envilecía con el silencio y el gobierno español pisoteaba sus deberes morales y sus compromisos internacionales, limitándose a solicitar explicaciones al autor o inspirador de los desmanes.

Tras la caída del comunismo y con la irrupción en escena del islamismo radical, que tiene importantes ramificaciones en el norte de África, la situación internacional es claramente favorable a las pretensiones de Rabat. Tanto EE UU como Francia, que disponen de notable influencia en el círculo íntimo del monarca alauí, contemplan con horror los avances de Al Qaeda en el Magreb Árabe y temen que los islamistas en general ganen adeptos en la región. Tampoco hacen nada efectivo por promover la democracia en el reino alauí. Como en otros países árabes, unas elecciones sin trampa en Marruecos probablemente darían el poder al islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), que ya obtuvo un gran éxito en las elecciones de 2007.

La izquierda europea en general y la española en particular apoyaron desde que comenzó el conflicto la causa del Frente Polisario, tanto por razones ideológicas como estratégicas, ya que la autodeterminación era defendida por la dictadura presuntamente progresista de Argelia, en la órbita de Moscú, rival regional de Marruecos. Tanto el PSOE como el PCE fueron abogados estridentes de la causa saharaui, una posición que les permitía repudiar tanto a la retrógrada monarquía alauí como la forma poco gloriosa en que el último gobierno de Franco entregó el territorio a la voracidad del llamado vecino del sur.

Los gobiernos de Rodríguez Zapatero, con Miguel Ángel Moratinos en Asuntos Exteriores, completaron el viraje diplomático radical del PSOE, que le ha conducido sin solución de continuidad desde la defensa vehemente de la autodeterminación del Sáhara Occidental a la asunción dócil, en la práctica, de las pretensiones de Marruecos: autonomía regional y rechazo del derecho de autodeterminación, en flagrante incongruencia con los principios del derecho internacional y la voluntad de la ONU.

Durante la crisis derivada de la huelga de hambre de la activista saharaui de los derechos humanos Aminetu Haidar (noviembre de 2009), a la que se negó ilegalmente la entrada en el territorio donde habitualmente reside, el gobierno español reconoció implícitamente la administración marroquí del Sáhara, en contra del criterio de la ONU y de las demandas históricas de dignidad y justicia de la población autóctona sometida ilegalmente al arbitrio y las vejaciones de Rabat.

La odisea de Haidar concluyó con sendas declaraciones de París y Madrid según las cuales “la ley marroquí se aplica en el territorio del Sáhara Occidental”, lo que constituye un paso más en el reconocimiento de facto de Marruecos como potencia administradora. Nada nuevo si se tienen en cuenta las relaciones privilegiadas franco-marroquíes, la larga mano de Washington y la renuncia de España a cumplir con sus obligaciones históricas y mantener una posición neutral en el conflicto entre las dos potencias del Magreb.

En ausencia de democracia

Marruecos fue un protectorado franco-español hasta 1956, cuando se independizó bajo una monarquía cuyo titular, al mismo tiempo, se proclama Comendador de los Creyentes, una hábil fórmula que no puede enmascarar la sumisión efectiva de la mezquita al poder civil. Carece de cualquier legitimidad histórica y no tiene otros argumentos que el muy endeble de la contigüidad territorial para apoderarse del Sáhara Occidental, rico en fosfatos y con indicios de riqueza petrolera. No obstante, todas las fuerzas políticas, con el nacionalista Istiqlal a la cabeza, dicen estar unidas en la pretensión de ejercer una soberanía que nadie reconoce y que nunca ejerció el reino alauí o sus precedentes antes de 1975.

El problema del Sáhara tendría fácil solución si Marruecos tuviera un régimen genuinamente democrático, pero ni lo tiene ni se espera que lo tenga en un futuro próximo. El poder político está monopolizado y/o manipulado por el monarca y los grupos políticos que le rinden pleitesía. Las elecciones parlamentarias son un simulacro, con una abstención superior al 60 %, que poco tienen que ver con el ejercicio democrático del poder. La Casa Real alauí es el mayor empresario del reino y garantía última de los intereses de las potencias extranjeras, especialmente Francia y EE UU.

La autonomía del Sáhara, según los planes de Mohamed VI, carecerá de sentido mientras no exista en Marruecos un régimen democrático que garantice los derechos humanos y satisfaga las aspiraciones de los saharauis. Existe una Comisión Real para la Regionalización, presidida por Omar Azziman, pero sus proyectos serán internacionalmente inoperantes mientras no se realice el referéndum de autodeterminación  aplazado sine die. Pese a la llegada incesante de colonos marroquíes y la manipulación del censo que denuncian los saharauis, el gobierno de Rabat rechaza o torpedea la celebración del referéndum.

El campamento saharaui instalado en los alrededores de El Aaiún inició su andadura como una forma de protesta social por las condiciones de vida de la población autóctona, en franco deterioro, pero acabó convirtiéndose en una plataforma política reivindicativa al reclamar sus portavoces “el derecho inalienable a la libertad y la autodeterminación”. La respuesta de las fuerzas militares y policiales marroquíes resultó tan inmediata como sangrienta. Los periodistas extranjeros que pretendieron informar de lo que ocurría fueron tratados de forma intolerable.

Argelia y los intereses españoles

Argelia, rival de Marruecos desde su independencia de Francia en 1962, es el más activo protector del gobierno del Frente Polisario y el máximo defensor de la República Saharaui (RASD), que ejerce su influencia sobre los campamentos de refugiados saharauis existentes en el lado argelino de la frontera de Tinduf. La rivalidad por el Sáhara mantiene además en el limbo el ambicioso proyecto de la Unión del Magreb Árabe (UMA), según el acuerdo firmado en Marrakech el 17 de febrero de 1989 por los jefes de Estado de Marruecos, Argelia, Libia, Túnez y Mauritania.

En los asuntos internacionales, los Estados no tienen amigos, sino intereses. A trancas y barrancas, los sucesivos gobiernos españoles desde 1975 habían mantenido una estudiada neutralidad entre Marruecos y Argelia en lo que concierne al problema de la ex colonia española, pero esa posición equidistante se quebró inexplicablemente tras la llegada al poder de Rodríguez Zapatero, que apostó decididamente por una relación privilegiada con Marruecos, hasta el punto de que el gobierno español fue incapaz de protestar por el trato nauseabundo infligido a los periodistas españoles.

El corolario de la volta face socialista fue el enfriamiento de las relaciones con Argelia y el aumento de la factura del gas natural, sin que por ello hayan disminuido las presiones que Marruecos mantiene con la emigración ilegal hacia España y la reclamación sobre las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla. El entusiasmo del PSOE por la autodeterminación del pueblo saharaui se ha evaporado o al menos ha desaparecido del escenario político, cuando no ha sido sofocado sin miramientos.

La eventual autodeterminación del Sáhara y las buenas relaciones con Argelia, además de contrarrestar las presiones y las maniobras de Marruecos, tienen la ventaja añadida de situar los intereses de España en una buena posición frente a la pretensión hegemónica Francia, el rival ancestral en el norte de África. Como es notorio, las relaciones franco-argelinas están lastradas por el recuerdo de una guerra colonial de ocho años, matanzas y torturas incluidas. España, por el contrario, no tiene cuentas que ajustar ni penitencias que cumplir con los argelinos. Entonces, ¿por qué esa condescendencia del gobierno español con Marruecos, en los linderos del oprobio?

Al terminar el Consejo de Ministros del 12 de noviembre, la  ministra española de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, reiteró que no podía condenar la represión de Marruecos contra los saharauis porque le faltaban datos y no conocía realmente lo ocurrido en El Aaiún. Ése es el problema: que la opinión pública no puede conocer lo ocurrido, porque Rabat no quiere testigos molestos, actúa en las tinieblas y expulsa a los periodistas o coarta su acción con los más estúpidos pretextos. El problema es que, una semana después de que el campamento fuera arrasado por las tropas y la policía marroquíes, la ministra española sigue en la inopia, a no ser que trate de enmascarar con su fingida ignorancia la complicidad con la barbarie.

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Responses

  1. Aún suenan en mis oídos los ecos de las declaraciones de un Felipe Gonzáles, de aquella flamante Presidente de Gobierno, prometiendo a los sahauris “el oro y el moro”de lo que solo ha resultado que el moro” se quedara alli como ilegitimo propietario de unos territoris que nunca le pertenecieron, y además: con la bendición apóstolica de sus compiches ya se llamen EEUU o Francia.
    Dolorosa risa causa el oir hablar a los representantes de estas dos potencias abogar por Derechos Humanos en Cuba, Corea del Norte o Irán, mientras vuelven la vista a lo que ocurre con esta desdichada población del Sahara a quien tan infamente le robaron su territorio.
    El cacareado referendum impuesto por la ONU se celebrará el día que los colonos marroquies superan en número a la población autoctona. Después todo será legal


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