Posteado por: M | 28 enero 2011

El problemático destino de Bélgica y sus efectos europeos

El senador socialista flamenco Johan Vande Lanotte, que llevaba unos cien días actuando como “conciliador” o mediador entre las diversas fuerzas políticas, a fin de sentar las bases para un nuevo gobierno de coalición, presentó su renuncia al rey Alberto II el 26 de enero ante el bloqueo inamovible de la situación política desde las elecciones generales de junio de 2010. La multitudinaria manifestación “de la vergüenza” del domingo anterior en Bruselas, reclamando la rápida formación de un ejecutivo, no tuvo ningún efecto sobre una clase política que parece haber enterrado la antigua virtud del compromiso y se empecina en el autismo, los agravios y la demonización del adversario. La primera consecuencia es que de nuevo se recrudecen las lucubraciones sobre el problemático destino de Bélgica.

Desde los años 60, coincidiendo con las primeras disputas lingüísticas y comunitarias, la vida política de Bélgica está dominada por la reforma institucional, aspiración jamás completamente satisfactoria, que resurge con virulencia en todas las crisis políticas, ahora aliada con la recesión económica, en un intento ritualmente fallido de restablecer la confianza entre las dos grandes comunidades lingüísticas y de adaptar a las nuevas mentalidades la organización administrativa del país y la distribución de las competencias entre el gobierno federal y los regionales o comunitarios.

La  renuncia del senador Vande Lanotte, luego de 100 días de inacabables cabildeos, se debe precisamente a su fracaso para consensuar un programa de reformas, preludio supuestamente inexcusable para la instalación de un nuevo gobierno. Antes de pronunciarse por unas nuevas elecciones generales, que aparentemente nadie desea, el monarca decidió proseguir las consultas entre todas las formaciones políticas flamencas y francófonas que se culpan recíprocamente del callejón sin salida, en una atmósfera proclive a dinamitar puentes en vez de construirlos.

Los nacionalistas flamencos se quejan de la resistencia que los valones oponen a las reformas, pero la editorialista de un importante periódico en francés (Le Soir), Béatrice Delvaux, denuncia “la fatiga moral que se amplía, el sentimiento de estar en una habitación negra sin ventanas”. Los analistas económicos, por su parte, avisan de que la deuda soberana crece imparable (más del 100 % del PIB) y los mercados están impacientes ante el caos y la fractura del poder. Las nuevas elecciones se vislumbran tras la mayoría de los comentarios, pero no se sabe muy bien si como amenaza o como última oportunidad para evitar in extremis la implosión del Estado belga.

El Estado unitario surgido en 1830 fue sustituido por un Estado comunitario y regional mediante dos reformas constitucionales consecutivas en 1970 y 1980. Una tercera reforma en 1988 estableció un Estado federal integrado por tres regiones (Flandes, Valonia y Bruselas) y tres comunidades (neerlandesa, francófona y alemana), cada una de ellas con competencias específicas y dotadas de un Consejo (parlamento) y un poder ejecutivo. La región de Flandes y la comunidad neerlandesa tienen fusionadas sus instituciones y reúnen al 58 % de la población total, mientras que la comunidad valona cuenta con el 32 %.

Esta enrevesada y onerosa federalización del país, en vez de mitigar las tensiones comunitarias, las exacerbó; trazó una rígida frontera lingüística (también mental y, por supuesto, artificial), un muro virtual,  y contribuyó a la creación de compartimentos estancos en los asuntos personales (derechos civiles y sociales, lengua y cultura), agravando las discrepancias económicas y fiscales entre un Flandes próspero, demográficamente pujante y dinámico y una Valonia empobrecida, en declive demográfico y subsidiada. Los flamencos están cansados de socorrer al pariente pobre y los valones se aferran a un Estado providencia que adquiere perfiles fantasmales.

En ausencia de una lengua común –el francés está siendo desplazado por el inglés en Flandes–, ese muro invisible tiene efectos perniciosos: reduce los intereses comunes, impide la existencia de una televisión nacional, dificulta el comercio, suprime o frena las migraciones internas, enardece las pasiones, fracturó hace años tanto las universidades como los viejos partidos políticos y reduce los matrimonios mixtos incluso en la aglomeración bruselense.

Hasta el sistema electoral y los partidos están federalizados, de manera que las comunidades lingüísticas votan separadamente: los candidatos flamencos no pueden hacer campaña en Valonia y viceversa. Sólo Bruselas, en territorio históricamente flamenco pero habitada muy mayoritariamente por personas de habla francesa (casi el 90 %), figura oficialmente como región bilingüe. El primer ministro pertenece inexorablemente a una minoría, lo que quebranta en origen su legitimidad. Esta situación favorece las plataformas electorales montadas sobre los asuntos regionales y penaliza a las que centran su mensaje en los problemas comunes y relevantes de todo el país. El nacionalismo y los intereses étnicos se impusieron a las demás ideologías.

La mayor responsabilidad por el bloqueo actual corresponde, como es lógico, a los dos triunfadores de las elecciones generales de junio: la Nueva Alianza Flamenca (N-VA), dirigida por Bart De Wever, conservadora, con algunos resabios xenófobos  y abiertamente favorable a la independencia de Flandes o al menos a la completa autonomía fiscal, que obtuvo el 28 % de los votos en su región, y el Partido Socialista francófono, claro vencedor en Valonia (36 % de los sufragios), cuyo líder es Elio di Rupo. En términos globales, Flandes votó a la derecha y Valonia lo hizo a la izquierda.

Ambos partidos, al constituirse en baluartes de las dos posiciones más extremas, han saboteado cualquier transacción sobre los asuntos más espinosos: la regionalización del sistema de sanidad, las políticas fiscales y de empleo, la seguridad social y, sobre todo, la cogestión de Bruselas que reclaman los flamencos, pese a que son tan sólo el 10 % de la población, y que los francófonos reputan inaceptable. Según la Constitución, la región bruselense es la tercera del país, escrupulosamente bilingüe, y cuenta con las mismas instituciones y prerrogativas que Flandes y Valonia.

El añoso modelo del pacto y el ajuste, consistente en un engorroso procedimiento para eludir o aplazar la discusión de los problemas, parece que no da más de sí, ha sido dinamitado por la crisis económica y por la aparición en escena de un partido con un líder populista, la Nueva Alianza Flamenca, que no oculta su decidida voluntad separatista y que pretende proclamar, cuando llegue el momento más oportuno y rentable, la República de Flandes. Y tras acusar a los socialistas valones de bloquear todas las reformas razonables, el líder flamenco añade: “Bélgica no funciona, es una nación fallida.” La crisis adquiere carácter existencial.

En medio de la negociación, Bart De Wever advierte sombríamente que “Bélgica no tiene futuro” y que es “el enfermo de Europa”, lo que constituye una presión insoportable para el Partido Social Cristiano (CDV), curtido en el arte de la componenda, que venía formando parte de todas las coaliciones gubernamentales de los últimos años, pero que se ha visto desbordado por el ardor nacionalista y la crisis económica. La moderación y aceptación de mínimos consensos han sucumbido ante el antagonismo separatista y las recriminaciones fiscales.

No obstante, resulta difícil que De Wever, un político muy conservador, que repite en todos sitios que no desea una revolución, pueda proclamar la independencia y la república con sólo el 28 % de los votos. Necesitaría el respaldo de los cristiano-demócratas y en menor medida de los socialistas y los liberales flamencos, que no comparten su radicalismo.

Muchos creen que Bruselas es el último tesoro que une a los belgas de ambos lados de la frontera lingüística y cultural. Sólo la existencia de Bruselas, la primera región económica y financiera del país, capital de Europa, abrumadoramente francófona, aunque en un territorio que en el pasado perteneció Flandes, preserva algunos de los intereses comunes imprescindibles para mantener el mínimo de cohesión y solidaridad que exige el funcionamiento de un Estado federal. El nacionalismo derechista flamenco, con el pragmatismo derivado de su poder económico, y el federalismo de la izquierda francófona, obnubilada por el Estado del bienestar, son los dos polos irreconciliables de una nación delicuescente.

Repercusiones en la Unión Europea

Paradójicamente, la Unión Europea (UE), al promover activamente los intereses regionales y asumir crecientes competencias, debilita a los gobiernos de los Estados nacionales. La UE es una asociación de Estados-nación, pero éstos, al perder prerrogativas en favor de los órganos y mecanismos comunitarios, ven cómo se enconan sus propias tensiones centrífugas, antiguas o sobrevenidas. ¿Por qué acudir a Londres, Roma o Madrid si Bruselas ofrece más ventajas e incluso una mayor rapidez? La ruptura de Bélgica constituye, pues, una amenaza para el proyecto europeo.

La muerte del Estado belga, tantas veces anunciada y aplazada in extremis, tendría nefastas consecuencias en toda Europa, no sólo por el efecto de contagio que podría generar en otros Estados, España entre ellos, sino por las repercusiones a escala continental o al menos dentro de la Unión Europea, como hemos comprobado con ocasión de la crisis económico-financiera cuando se discutía sobre el salvamento de los países llamados periféricos.

Si los nacionalistas flamencos se oponen a mantener la unidad fiscal y presupuestaria en Bélgica, supuestamente para no subsidiar a sus compatriotas valones, según argumentan, ¿podemos criticar o impedir que los alemanes se nieguen a ayudar a los griegos, portugueses o españoles? El morbo no es sólo belga y es muy contagioso. En Italia, como se sabe, la Liga Norte, último aliado de Berlusconi, pesca sus votos en el peligroso caladero de la insolidaridad fiscal. En España, el debate cultural-identitario propiciado por los nacionalistas de Cataluña pierde la fuerza que gana el concerniente a las cuestiones fiscales y las discrepancias en el desarrollo regional. Sólo los alemanes aceptaron con buen ánimo los sacrificios impuestos por la reunificación, y el premio por esa actitud es la dirección económica de todo el continente.

El proyecto europeo y la naciente identidad europea se volatizarían si desapareciese la solidaridad que impregna las instituciones y los mecanismos compensatorios de la UE. Quiere ello decir que la ruptura de la caja común en Bélgica entrañaría graves consecuencias para todo el continente. Como señala el profesor holandés Ian Buruma, en conexión con la actual depresión económica, “la UE parece que estuviera propulsando a las fuerzas que la unidad europea de la posguerra estaba llamada a contener”. Y puede darse por cierto que esas fuerzas desestabilizadoras conectadas con un pasado que linda con la infamia se nutren de la funesta manía del nacionalismo.

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