Posteado por: M | 18 marzo 2011

Escalada en la guerra de la droga en México

La implicación de Estados Unidos en la guerra de la droga que el gobierno de México libra contra los carteles del crimen se intensifica desde que un agente de aduanas norteamericano fue asesinado el 15 de febrero y otro resultó gravemente herido cuando ambos viajaban de Monterrey a la capital. Tras los demoledores cables diplomáticos revelados por Wikileaks, que causaron un fuerte malestar en las altas esferas mexicanas, tanto civiles como militares, la precipitada visita del presidente Felipe Calderón a la Casa Blanca (3-4 de marzo) fue seguida por el anuncio de que los aviones no tripulados norteamericanos, los famosos y temibles drones, utilizados en Afganistán, se encargan ahora de recoger las informaciones necesarias para el combate contra el tráfico de drogas en la frontera común. La escalada está en marcha.

Los vuelos de vigilancia de los aviones, desarmados y a gran altura, comenzaron en febrero, según fuentes del Pentágono citadas por el New York Times, pero se mantuvieron en secreto para obviar las restricciones legales y eludir en lo posible una agria polémica, habida cuenta la extremada sensibilidad de los mexicanos en cuestiones de soberanía y los agravios que exhiben ritualmente para recordar la perfidia histórica del gran vecino del norte. Ante la filtración periodística, el gobierno mexicano reconoció que los vuelos se habían iniciado a petición suya y que eran controlados por la fuerza área nacional.

Durante los 70 años (1929-2000) en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido eterno, dominó la vida política mediante un régimen autoritario y caciquil, sin alternancia, las relaciones con EE UU estuvieron sometidas a altibajos permanentes, empezaban con cálidas promesas de cada nuevo presidente para desembocar en las recriminaciones recíprocas y en las denuncias retóricas e inoperantes contra el imperialismo yanqui. El enemigo histórico volvía a la palestra para enmascarar los problemas internos y mitigar la cólera popular.

La llegada al poder del presidente Vicente Fox (2000), del derechista Partido de Acción Nacional (PAN), el eterno opositor, tampoco sirvió para romper definitivamente el ciclo histórico de la vecindad desconfiada, el rencor soterrado y la amistad fingida. La declaración de guerra de su sucesor, del mismo partido, el presidente Felipe Calderón (2006), contra los carteles de la droga, forzó una reconsideración en profundidad de las relaciones entre ambos países y una cooperación más estrecha frente a un enemigo común cuya osadía coloca al Estado mexicano al borde de la quiebra.

La Iniciativa de Mérida, un tratado internacional entre EE UU, México y los países de América Central, que entró en vigor el 30 de junio de 2008, se concibió como un plan trianual de 1.600 millones de dólares para la ayuda, asistencia técnica y cooperación en la lucha contra el narcotráfico, pero sus resultados fueron decepcionantes. Con los aviones-espía, la escalada bélica sube un nuevo peldaño, pero sus efectos, por supuesto, están por verificar.

Las revelaciones de Wikileaks el año pasado asestaron un duro golpe al entendimiento recíproco. El embajador norteamericano Carlos Pascual, en un despacho de diciembre de 2009, y el subjefe de la misión diplomática, John Feely, en otro de enero de 2010, habían expresado opiniones explosivas sobre los servicios de seguridad e incluso sobre el ejército mexicanos, incluyendo las acusaciones de corrupción y violación sistemática de los derechos humanos, como si México estuviera a punto de convertirse en un Estado fallido, con algunos jefes militares abandonando el Estado para unirse a los carteles de la droga.

El presidente Calderón replicó, airado, con una entrevista publicada en el diario El Universal, de Ciudad de México, en la que acusó a los diplomáticos norteamericanos de mentir deliberadamente y de tener motivos ocultos para exagerar la situación. El presidente atribuyó la falta de cooperación a las rivalidades entre las distintas agencias norteamericanas que tienen competencias en la lucha contra el tráfico de drogas, lo que obligó a la secretaria de Interior norteamericana, Janet Napolitano, a salir al paso de tan molesta acusación.

Los datos de la guerra de la droga que se facilitan en Washington son abrumadores. “Destrucción  terrible e inmensas ganancias”, según el resumen de un informe del Council of Foreign Relations. El comercio criminal de los estupefacientes, del que viven más de medio millón de personas, contribuye al producto interior bruto mexicano con más de 30.000 millones de dólares anuales (3-4 % del PIB). Los narcotraficantes mexicanos forman la organización  criminal más importante dentro de EE UU. Desde 2006 hasta la fecha, más de 30.000 personas murieron víctimas de la violencia que engendran el narcotráfico y su represión.

EE UU, por su parte, gasta más de 3.000 millones de dólares en las patrullas que vigilan la frontera (unos 2.500 kilómetros, aparentemente inabarcables), pero que no han logrado reducir significativamente a criminalidad. Según los funcionarios mexicanos, los narcotraficantes importan cada año unas 2.000 armas de fuego, preferentemente rifles de asalto. Los traficantes de armas con base en el lado norte de la frontera obtienen unos beneficios anuales que superan los 6.000 millones de dólares.

Si los diplomáticos norteamericanos deploran la ineficacia de las fuerzas del orden y del ejército mexicanos, en México insisten en denunciar al vecino en dos asuntos cruciales: el alto consumo y el comercio de armas. En efecto, EE UU es el primer consumidor de drogas ilegales en el mundo (la mitad de los adultos confiesa haber consumido alguna vez) y el mayor vendedor de las armas de fuego que tanto contribuyen a la diabólica espiral de la violencia. Además, las previsiones de ayuda económica y técnica de la Iniciativa de Mérida no se han cumplido.

El nefasto protagonismo estadounidense se hace tanto más enojoso por cuanto la pretensión de Obama de poner coto a la venta de armas no pudo subir las escalinatas del Congreso, de manera que la libertad a ultranza defendida por la famosa Asociación del Rifle sigue causando estragos en la sociedad norteamericana e impide un acuerdo bipartidista. En consecuencia, la frontera mexicana es un campo abonado para el pingüe negocio de los traficantes, un territorio donde las voluntades flaquean y los agentes del orden están sometidos a presiones incoercibles.

En vez de fortalecerse, las instituciones mexicanas se han debilitado como secuela de la guerra contra la droga y las citas electorales (gobernadores en 2011, presidenciales en 2012) no favorecen una mejor colaboración con EE UU. Aunque Calderón es más pragmático y menos nacionalista que sus predecesores, la cooperación con el vecino del norte no ha superado muchos de los viejos tabúes y está socavada por la debilidad que aqueja al presidente en la recta final e improrrogable de su mandato, ahora que todas las encuestas anuncian el retorno del PRI al poder. La mayoría de las reformas que Fox y Calderón prometieron, para afianzar la democracia, duermen en el cajón de los proyectos, empezando por la inaplazable del sistema judicial.

EE UU no trata a México como a un socio en igualdad de condiciones, ni el presidente Obama parecer haber comprendido el desafío y el ejemplo que la guerra contra la droga comporta para la seguridad de un continente que no logra liberarse del flagelo de la violencia. La sociedad norteamericana, aferrada a un prohibicionismo a ultranza, tampoco sabe cómo frenar el consumo de productos psicotrópicos. Y mientras la demanda se mantenga e incluso aumente, el negocio seguirá y la guerra de la droga deberá eternizarse.

México es el segundo cliente comercial de EE UU, donde viven más de 30 millones de personas de origen mexicano, pero esa realidad abrumadora no parece que sea capaz de modificar los prejuicios del pasado ni las exigencias de un futuro menos problemático. El ejemplo de Colombia debería ser una advertencia para prevenir la vinculación del narcotráfico con un movimiento insurgente, pero la utilización de los aviones-espía no será suficiente para que el Estado mexicano recupere el control de la situación.

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