Posteado por: M | 22 marzo 2011

La guerra confusa contra Gadafi

La guerra de Libia comenzó al anochecer del 19 de marzo con la incursión unilateral de los aviones franceses, antes de la hora convenida, simbolizando la primacía de Francia en la movilización bélico-diplomática, y se generalizó cuando los navíos de las flotas V y VI de Estados Unidos lanzaron sus temibles misiles sobre las defensas de Trípoli. La operación  militar que los norteamericanos llaman Odisea del amanecer y los franceses Harmattan fue la respuesta de una coalición improvisada y heteróclita, integrada por países occidentales, para ejecutar una resolución del Consejo de Seguridad que, como es habitual, no pudo eludir el reproche de que llegaba demasiado tarde, cuando los rebeldes estaban prácticamente derrotados, y con graves problemas de interpretación, debido a su calculada ambigüedad.

Nada más comenzar los bombardeos, la llamada comunidad internacional, tan abusivamente ponderada y esgrimida por algunos dirigentes escasamente formados por no decir ignaros, quedó fracturada y a la gresca, de manera que la Liga Árabe, Rusia y China denunciaron que la operación militar con su aplastante panoplia electrónica desbordaba el mandato de la ONU (la resolución 1973), circunscrito a la protección de la población civil y a la creación de una zona de exclusión aérea (no-fly zone). El apoyo árabe, que se consideraba esencial para el éxito diplomático del ataque, no resistió la traca televisada de misiles Tomahawk contra Trípoli y sus víctimas colaterales.

El discurso de las revoluciones árabes populares y democráticas, parteras de un nuevo orden regional fundado en la libertad y los derechos humanos, nunca me pareció  consistente, pero ahora veo que se repite en lo concerniente a Libia sin la menor precaución y sigue dominando la retórica periodística. Cuando despertemos del ensueño, los problemas seguirán ahí, algunos de ellos intratables y probablemente enconados. Libia puede ser un ensayo de cómo no debe actuarse ante las convulsiones de los países en vías de desarrollo, o de cómo el multilateralismo no es una garantía de éxito, sino una incitación para el fracaso.

Tampoco hubo unanimidad en la OTAN, debido no sólo a la abstención de Alemania, las reticencias de Italia o las aclaraciones exigidas por Noruega, sino a la terminante oposición de la islamista Turquía, cada día más alejada de la alianza occidental. Y luego estalló la polémica sobre el mando militar de la coalición, que los norteamericanos desean traspasar inmediatamente, y que en realidad encubre tanto una alarmante carencia de liderazgo como el temor a quedar atrapados por el engranaje infernal de la escalada. Tanto Francia como Turquía, aunque por razones diferentes, se oponen a que la OTAN asuma la dirección de las operaciones. Las intenciones comunes de la coalición atacante, en el caso de que existan, están poco claras y hacen más confusa la actuación e incierto el desenlace.

Como era previsible, al excéntrico y corrompido Gadafi, que contó desde el principio con el apoyo de otros dictadores como Castro, Chávez o Ahmadineyad,  le salen ahora tantos defensores como adversarios de lo que llamamos Occidente. Algunos sospechosos abogados del anticolonialismo se unen al inmenso coro de los agraviados. Y la oposición centrada en Bengasi, capital de la Cirenaica, es un conglomerado tribal, políticamente disparatado, que fracasó en su intento de fraguar una fuerza militar significativa y que no sabemos si recuperará el ánimo de lucha con los bombardeos de la coalición occidental.

La comunidad internacional, a la que se adjudica con frecuencia una voluntad inexistente y casi taumatúrgica, es un ente abstracto y desgarrado que sólo adquiere consistencia, aunque sea parcial, según la fórmula de Christoph Bertram, “cuando varios Estados deciden actuar en su nombre”. En el caso de Libia, y teniendo en cuenta los criterios geográfico y demográfico, no cabe ninguna duda de que el partido de los abstencionistas (Rusia, China, Alemania, India, Brasil), dispuesto para la crítica a la menor oportunidad, es muy superior al de los que patrocinaron la intervención militar.

Una resolución tardía y restrictiva

Desde que comenzó la revuelta popular contra el déspota (17 de febrero) hasta que el Consejo de Seguridad aprobó una resolución con el propósito de detener la carnicería (17 de marzo) transcurrió un mes de creciente violencia, maniobras y bravuconadas de Gadafi y sus allegados, declaraciones retóricas y cálculos interesados que revelaron la renuencia de EE UU a participar en otra guerra, por limitada que fuera; las tergiversaciones flagrantes de la Unión Europa, con Alemania al margen, y la indiferencia abrumadora o la soterrada hostilidad, por motivos muy diversos, de las llamadas potencias emergentes. Una situación global bastante caótica.

La tardía resolución 1973 del 17 de marzo del Consejo de Seguridad, presentada por Francia, Gran Bretaña y el Líbano, además de exigir un cese inmediato de hostilidades, instó a todos los Estados miembros de la ONU a adoptar “todas las medidas necesarias” para “proteger a los civiles y las áreas pobladas bajo amenaza de ataques”, incluyendo el establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Libia, pero excluyendo expresamente la invasión terrestre, todo ello según lo dispuesto en el capítulo VII de la Carta fundacional.

La resolución cosechó diez votos a favor (EE UU, Gran Bretaña, Francia, Bosnia-Herzegovina, Colombia, Gabón, Líbano, Nigeria, Portugal y Suráfrica), cuando eran preceptivos nueve, y cinco abstenciones (Rusia, China, Alemania, Brasil e India). Sirvió también para completar otra resolución del Consejo, la 1970, de 26 de febrero de este año, que decretó la congelación de los activos monetarios del clan de Gadafi en el extranjero, así como los del  Banco Central Libio y la petrolera National Oil Corporation.

La resolución no sólo llegó con obvio retraso, sino de manera confusa en sus objetivos y en su ejecución, fruto de una batalla diplomática que trataré en otro artículo. El texto sólo habla de protección de los civiles y de zona de exclusión aérea, pero luego de que Obama sentenciara a Gadafi (“tiene que marcharse”, proclamó), de que Sarkozy reconociera a los rebeldes y de que otros dirigentes occidentales, Rodríguez Zapatero entre ellos, dieran por liquidado al dictador petrolero, ¿cómo disipar la sospecha de que se pretende un cambio de régimen? Y en sentido contrario: ¿Cómo derrocar al déspota sanguinario con sólo impedir el vuelo de sus aviones o el avance de sus blindados? Al pronunciar el fin de Gadafi, Obama y sus coligados dilapidaron el arma diplomática.

El presidente de EE UU, la única superpotencia mundial, y los líderes occidentales que le acompañan no pueden proclamar el fin de Gadafi y permitir luego que éste siga reprimiendo y abusando de su pueblo, con el pretexto supuestamente legalista de que la resolución del Consejo de Seguridad, en cuanto mínimo común denominador, no prevé el cambio de régimen. Apenas comenzada la operación, los responsables civiles y militares de la coalición insistieron en que su objetivo no era destruir el régimen extravagante y despótico de los Gadafi. ¿En qué quedamos? ¿Acaso no caen en el ridículo las declaraciones de un ministro español proclamando imprudentemente que “vamos a liberar al pueblo libio”? Esa hazaña, como se sabe, con la modesta contribución de tres o cuatro aviones de vigilancia.

Las vacilaciones de Washington fueron estridentes y causan una indisimulable preocupación en otras cancillerías. Obama es un presidente que los analistas norteamericanos califican de “reactivo” por oposición a “estratégico”, como demuestra su respuesta ante las revueltas árabes, cambiante al compás de los acontecimientos. Quizá por eso decidió, en el último minuto, que se peleara en la ONU por la zona de exclusión aérea, según lo solicitado por la Liga Árabe, para así vencer la oposición en el Consejo de Seguridad, incluso a sabiendas de que era una operación arriesgada, sin duda insuficiente para derrocar al dictador y que podía desembocar en el desastre.

Las zonas de exclusión aérea tienen una historia conflictiva e hiriente porque sólo sirvieron para que las potencias occidentales trataran de aliviar su conciencia tras haber asistido cruzadas de brazos al retorno de la barbarie. Ocurrió en Iraq y se repitió en Bosnia. Sadam Husein perdió la guerra pero aplastó a los chiíes en 1991. El Consejo  Seguridad de la ONU, en octubre de 1992, aprobó el establecimiento de una zona de exclusión área en Bosnia, pero en julio de 1995 se produjo la espantosa matanza de Srebrenica. Margaret Thatcher, que no era precisamente una pacifista, sentenció que Occidente se había convertido en “cómplice de una masacre”.

Probablemente la zona de exclusión aérea como límite de la operación no era una buena idea. Ahora ya no cabe lamentarse por las ocasiones perdidas, pero hubiera sido mucho más eficaz el envío de una fuerza de interposición de paz (peacekeepping force), cuando Gadafi había perdido la iniciativa, y dirigir una negociación entre las partes que hubiera abierto un espacio de libertad para poner los cimientos de un régimen más decente y forzar la caída del dictador, incluso teniendo en cuenta, en un primer momento, la carencia de instituciones y la fuerte estructura tribal del país.

La misión militar de paz, que no está prohibida expresamente por la resolución 1973, a menos que se convierta en fuerza de ocupación, también hubiera podido alentar los movimientos democráticos en la región, pero la desgracia es que tampoco Europa tenía una estrategia más allá de la codicia petrolera. El problema radica en que entonces la operación se hubiera parecido mucho a la guerra de Iraq, algo que Obama y algunos de sus subordinados quieren evitar a toda costa. El corolario de esas restricciones estratégicas y mentales es la amenaza de guerra civil.

Como enseña la historia, el orden mundial es un espejismo y la legalidad de las intervenciones bajo el paraguas de la organización internacional siempre resulta dudosa y, por supuesto, controvertida. A la división del mundo en dos bloques antagónicos, con dos grandes potencias garantizando la estabilidad, sucedió un desorden multipolar y multilateral, bastante imprevisible, que finalmente desembocó en una situación caótica. La superpotencia única de EE UU no logró corregir las deletéreas consecuencias de esa dispersión extrema del poder.

Después de 1989, desaparecida la URSS del tablero mundial, la ONU pasó de la parálisis de la guerra fría a un intervencionismo frenético y con frecuencia azaroso, factor improvisado de un nuevo orden que jamás se consolidó, como vuelve a confirmar la operación de Libia, escasamente meditada a pesar de la tardanza en producirse, con unas limitaciones que llevan agua al molino del dictador. “Trop peu y trop tard” (demasiado poco y demasiado tarde), escribió el especialista francés Pierre Hassner.

La ONU y la injerencia humanitaria

Junto al anacronismo de las instituciones y los mecanismos procesales, en cuanto reflejan la situación geopolítica de finales de 1945, el desbordamiento de sus cometidos contrasta con la penuria de sus medios jurídicos y materiales. Las resoluciones de la ONU vuelven a presentarse a la opinión como fruto de un laborioso compromiso que se redacta con deliberada ambigüedad para no herir la susceptibilidad de las grandes potencias, las que tienen derecho de veto, ni perjudicar sus intereses.

El derecho de injerencia, rebautizado como responsabilidad de proteger, se invocó de manera trivial para justificar las más diversas expediciones, incluso en casos de guerra civil, pese a que la Carta de la ONU y el derecho internacional clásico prohíben la intervención en los asuntos internos de un Estado soberano, salvo en caso de amenaza flagrante para la paz. Porque mientras no se cumplan las disposiciones de la Carta (artículos 42 y 43) sobre la creación de un ejército permanente al mando de un nonato Comité de Estado Mayor, las intervenciones quedan supeditadas a la hegemonía de facto de Estados Unidos, única potencia con capacidad militar globalizada.

Ahora hay que repetir, con respecto a Libia, lo que proclamó el entonces secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, sobre la primera guerra de Iraq o del Golfo (1991): “Ésta no es la guerra de la ONU”, sino de una coalición internacional de voluntarios cuya actuación sería inconcebible sin la potencia de fuego de los norteamericanos. De esta manera, obtenido a regañadientes y con algún señuelo habilidoso el plácet del Consejo de Seguridad, la supuesta legalidad internacional queda supeditada a una operación urdida por el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y finalmente asumida y dirigida por Washington.

Los mecanismos de las operaciones de mantenimiento de la paz (peacekeeping), que exigen el acuerdo entre las partes enfrentadas, han sido utilizados para cubrir otras situaciones intrincadas, de guerra civil declarada o encubierta, que no están previstas en el capítulo VII de la Carta de la ONU, como en Somalia, Camboya, Angola o Bosnia y como sería el caso de Libia. Por lo tanto, la misma resolución del Consejo de Seguridad entraña, teóricamente, una extralimitación. Pero es que además no será suficiente para desalojar del poder al dictador.

Por el contrario, la autorización del uso de la fuerza para restablecer la paz (peacemaking o law enforcement), competencia esencial del Consejo de Seguridad, sólo está prevista en el caso de un conflicto entre dos Estados y una vez identificado colectivamente el agresor, como ocurrió en 1990 (resolución 678) al autorizar el empleo de “todos los medios necesarios” contra el Iraq de Sadam Husein, culpable de haber invadido y ocupado el emirato de Kuwait, un evidente acto de agresión contra un miembro de la ONU.

Ante una legalidad tan problemática, discrecional, que entroniza el doble rasero, sólo por motivos demagógicos o de ignorancia supina puede sostenerse que una resolución del Consejo de Seguridad es una especie de bálsamo de fierabrás para curar todos los males del mundo. Esas resoluciones, además de que no establecen el derecho, reflejan un compromiso laborioso entre los cinco Estados que disponen de derecho de veto (EE UU, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia) y actúan movidos por el recelo o el egoísmo, por el prurito de proteger sus intereses o sus zonas de influencia. El resto es mala literatura pacifista o sectaria para engañar a los incautos.

En el marco de las reflexiones para la reforma de la ONU, la Asamblea General adoptó en 2005 una declaración sobre el principio de “la responsabilidad de proteger” a los ciudadanos de la vesania criminal de sus propios gobiernos y el complementario deber de intervenir para evitar la comisión de genocidios, crímenes de guerra, limpiezas étnicas y otros delitos de lesa humanidad. Pero todos los intentos por codificar y poner en marcha ese principio general tropezaron con las profundas discrepancias entre aquellos que lo consideran un paso adelante en la defensa de los derechos humanos y los que temen que sea una reencarnación del colonialismo. Por eso Gadafi no tiene otro discurso que la denuncia del colonialismo.

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