Posteado por: M | 25 abril 2011

Marruecos, ¿por la senda constitucional?

En su discurso radiotelevisado del 9 de marzo, Mohamed VI prometió “una reforma constitucional global”, un proyecto que, de llegar a realizarse, sería un primer paso significativo para limitar el poder real e instaurar una monarquía parlamentaria. No obstante, la vaguedad de las propuestas sobre el Parlamento, el recuerdo de otras promesas semejantes y jamás cumplidas, las frustraciones más recientes y la enorme barrera del aura religiosa del soberano contribuyeron al escepticismo de los más jóvenes y osados. ¿Acaso un discurso más concebido para calmar los vientos reformistas que soplan en todos los países árabes?

Las reformas constitucionales anuncian el aumento de los poderes de la Cámara de Representantes hasta un nivel no especificado, la organización de un poder judicial independiente, la elección de los presidentes regionales en el marco del proceso de descentralización administrativa (con el problema de la autodeterminación del Sáhara al fondo) y el incremento de las prerrogativas del primer ministro, que deberá pertenecer al partido más votado, pero cuyo nombramiento no sabemos si seguirá dependiendo de la confianza de palacio. “El Parlamento emanará de elecciones libres y sinceras”, sentenció el soberano. ¿Acaso reconoció que no lo fueron todas las precedentes?

Para incoar el proceso y adentrarse en la senda constitucional, el rey nombró el 11 de marzo una comisión de 18 notables, presidida por el jurista Abdeltif Mennouni, muy vinculado a palacio, que deberá consultar con los partidos políticos, los sindicatos y otros sectores de la sociedad para presentar una propuesta al rey. Tras las consultas y las enmiendas pertinentes, el proyecto de reforma será sometido a referéndum, en una fecha aún por determinar, y aplicado inmediatamente. El gobierno, por su parte, se limitó a la intendencia y prometió doblar los subsidios de los bienes de primera necesidad.

La iniciativa real fue respaldada por los principales partidos del arco parlamentario, desde la derecha nacionalista del Istiqlal (Independencia) a la Unión Socialista de Fuerzas Populares  (USFP, socialdemócrata) y los islamistas moderados del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), pero rechazada por los actores de las protestas, el llamado Movimiento del 20 de Febrero para el Cambio, cohesionado a través de internet, cobijado bajo el lema “Libertad, democracia y dignidad”, cuyos líderes vituperan la farsa del poder, los privilegios de los cortesanos, la fachada democrática del despotismo, y se niegan a comparecer ante la comisión para la reforma.

El frente del rechazo es una coalición heteróclita que abarca desde los comunistas a los salafistas, pasando por los defensores de los derechos humanos y los universitarios sin afiliación, y que arrastra a los jóvenes más audaces y entusiastas que irrumpieron en las calles de Rabat, Casablanca y otras ciudades a partir del 20 de febrero para exigir paz, dignidad y justicia, sin prejuicios ideológicos ni cálculos políticos. Sus reclamaciones incluyeron la mejora apremiante del nivel de vida, el crucial combate contra la corrupción, la liberación de los presos políticos y la salvaguardia efectiva de la libertad de prensa, rutinariamente menoscabada o pisoteada.

El soberano respondió con la creación del Consejo Nacional de Derechos Humanos, un organismo consultivo para asesorar al gobierno, y el 14 de abril decretó el indulto de 148 presos políticos o de conciencia, la mayoría islamistas radicales cuyos juicios y condenas hacían sido criticados por las organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Entre los liberados figuraba Chakib al Khayari, encarcelado por denunciar la connivencia de las autoridades de la región del Rif con los traficantes de hachís.

En opinión de los líderes de la protesta espontánea, las reformas constitucionales no pueden surgir de una comisión real cooptada y tecnocrática, sino de los representantes de los ciudadanos elegidos por sufragio universal reunidos en un Parlamento dotado de poderes constituyentes. En otras palabras: la Constitución no debe ser otorgada por el rey a sus súbditos, y luego plebiscitada, como hasta ahora ocurrió, sino deliberada y votada por una legítima asamblea popular. En la misma dirección, unos 160 profesores e intelectuales de variada procedencia ideológica suscribieron un manifiesto para solicitar “la apertura de un amplio diálogo nacional”.

Las discrepancias entre las fuerzas políticas del sistema y las que acampan extramuros, demandantes de una genuina reforma y hasta de un cambio de régimen, apuntan a la madre de todos los problemas: el estatuto del soberano, jefe religioso y primera fortuna del país; la drástica reducción de sus poderes exorbitantes y el sometimiento del palacio al imperativo de la ley. El rey es la pieza clave del régimen, el centro del poder político y religioso como sultán y Comendador de los Creyentes (Al Cherif, descendiente de Mahoma), la amalgama inextricable y predemocrática del trono y la mezquita, sutil fórmula arcaica para administrar la ortodoxia musulmana y enmascarar el despotismo dinástico, expresión islámica de la doctrina, abolida en Europa desde el siglo XVIII, sobre el origen divino del poder y la confusión del César y Dios.

Aunque los partidos tradicionales consideran que la monarquía sacralizada es una garantía de estabilidad, las secuelas de esa concentración de poder son desalentadoras y suscitan una fuerte controversia. La legitimidad del monarca está consolidada por la tradición, pero su carácter trascendente, como máxima autoridad religiosa, teóricamente intocable, se erige como un obstáculo en el sendero democrático o la lucha contra la corrupción, ya que los resortes del poder están monopolizados y/o manipulados por los grupos que le rinden pleitesía, la élite afrancesada y palaciega conocida como el Majzen, palabra intraducible para señalar a la camarilla político-económica que gravita en torno al palacio real.

El partido islamista radical Justicia y Espiritualidad, situado al margen del sistema, niega al soberano la condición de jefe espiritual de los musulmanes marroquíes, y con el pretexto de esa negativa, no ha sido legalizado. Según el artículo 19 de la constitución de 1962, revisada en 1996, con el 99 % de los votos a favor en el referéndum, el monarca es “Comendador de los Creyentes, representante supremo de la nación, símbolo de la unidad, garante de la perennidad y la continuidad del Estado (…), protector de los derechos y libertades de los ciudadanos.” La retórica constitucional no puede ser más anacrónica.

Un sistema oligárquico en torno al soberano

Como escribe Jean-Pierre Tuquoi, autor de un libro básico para comprender lo que ocurre en el vecino del sur (Le dernier roi. Crépuscule d´une dynastie, Grasset, París, 2001), “Mohamed VI dirige Marruecos con el apoyo de un puñado de fieles instalados en el corazón del aparato del Estado, en el gobierno o en el palacio: una enorme máquina, que consume el octavo presupuesto del Estado, por delante del ministerio de Agricultura.” Sus actividades están envueltas por una cortina de silencio y discreción extrema, de distancia deliberada y mayestática, de manera que los ciudadanos sólo conocen lo que les muestra machaconamente el telediario oficial sobre la inauguración de obras o las entrevistas del rey con otros jefes de Estado.

Las elecciones parlamentarias son un simulacro quinquenal, con una abstención endémica superior al 60 %, que poco tienen que ver con el ejercicio democrático, y cuyos resultados son fácilmente predecibles. Las reticencias de la oposición menos obsecuente, que no puede competir en condiciones de igualdad, o de los grupos de presión menos favorecidos se detienen forzosamente ante el tabú de la corona.

A la autocracia del sistema político se añade una realidad socio-económica turbadora: la Casa Real alauí es el mayor empresario del reino y garantía última de los intereses de las potencias extranjeras, especialmente de Francia y EE UU, y en menor medida, de España.

No obstante, Marruecos es un país de fuertes contrastes, donde un acelerado proceso de modernización económica, propulsado por la inversión extranjera y los acuerdos comerciales con EE UU y la Unión Europea, tropieza con las omnipresentes tradiciones religiosas y un sistema político rígido, escoltado por los flagelos de la pobreza, el analfabetismo (el 50 %) y la corrupción. El desempleo sigue muy alto, en torno al 30 % (el gobierno sólo reconoce el 10 %), a pesar de que el crecimiento se mantuvo por encima del 3 % desde 2006, y el índice de desigualdad es más alto en Marruecos que en Egipto. Aunque casi dos millones de marroquíes salieron de la pobreza extrema en el último decenio, la emigración a España y otros países europeos funciona como válvula de seguridad e instrumento de presión diplomática.

Comparado con los autócratas del mundo árabe, Mohamed VI, de 47 años, cultiva ante sus protectores occidentales una imagen de “faro liberal y reformista”, aunque no ha sabido desprenderse de las palancas del poder absoluto ni de la gestión oligárquica y escandalosa del Omnium Norteafricano, el conglomerado industrial y financiero, tela de araña capitalista, que aparece implicado en los principales proyectos económicos del reino. Como demostraron en 2005 dos periodistas del semanario Tel Quel, la Casa Real consume además 270 millones de dólares al año del presupuesto nacional, una cantidad muy superior a la que recibe Isabel II de Inglaterra.

Tras ascender al trono, Mohamed VI pretendió romper con “los años de plomo” de su padre Hasan II (1961-1999), los años de la represión implacable, el ruido de sables y el crimen de Estado (el secuestro y asesinato del líder opositor Ben Barka en Francia, en 1965). Prescindió de los consejeros más impopulares –entre ellos, el temible ministro del Interior, Driss al Basri– y aceptó las recomendaciones de la Comisión de Equidad y Reconciliación (CER), nombrada en 2004, que documentó miles de casos de tortura y abuso de poder y estipuló las rectificaciones pertinentes, además de indemnizar a 23.000 víctimas. Numerosos presos políticos fueron liberados y algunos exiliados notorios pudieron volver al país.

Si esta manera de ajustar cuentas con el pasado mereció cumplidos elogios en EE UU y Europa, muy interesados en vender una nueva legitimidad, no debe olvidarse que la censura y la policía mantienen los rigores habituales y los jueces siguen encarcelando a los incómodos periodistas que se rebelan contra las imposiciones del poder. Los sectores más perseguidos u hostigados son los islamistas radicales, los presuntos militantes de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y los saharauis que propugnan la autodeterminación del Sahara Occidental.

La prensa en general sigue domesticada o amordazada con unos procedimientos que los marroquíes conocen como “el método tunecino”, consistente en propulsar una campaña denigratoria, a través de todos los medios oficiales (TV, radio y la agencia de noticias), contra los periódicos o periodistas díscolos, a los que se acusa de violar la ley, la moral o los valores nacionales. Una vez que la campaña produce el efecto deseado en la opinión pública, el gobierno alega que la intervención del fiscal es rutinaria. A veces, el poder compra o alquila un periódico para dictar su línea editorial o le impone constantes multas para provocar su bancarrota. A casi un millón de dólares ascendieron las sanciones contra Al-Massae y Economie & Entreprises.

También es posible que se lancen contra un periodista las acusaciones más contradictorias. Así, por ejemplo, Alí Lmrabet, director de Demain (clausurado en 2000 por haber publicado informaciones que concernían al rey), tildado de antipatriota y blasfemo, fue denunciado por antisemitismo y poco después incriminado por entrevistar al primer ministro israelí. Encarcelado en 2003, tras un juicio de muy dudosa imparcialidad, fue indultado por el rey en 2004 y sigue viviendo en Marruecos, aunque vigilado constantemente por la policía.

Son numerosos los ejemplos recientes de la hostilidad oficial hacia los medios poco complacientes con el régimen. El diario Akhbar al-Youm fue cerrado temporalmente por la policía, en octubre de 2009, y su director acusado ridículamente de comprar una casa por un valor inferior al de mercado. El Journal Hebdomadaire quedó clausurado en enero de 2010 por haber acumulado deudas, según se dijo oficialmente. El periódico Al-Michaal tuvo que cesar la publicación porque su director había sido condenado a un año de cárcel (noviembre de 2009) por diseminar información sobre la salud del rey. La revista Nichane, la publicación en árabe más vendida, dejó de publicarse en octubre de 2010 debido al boicot publicitario del sector público y de las empresas privadas poco dispuestas a malquistarse con el gobierno.

El hostigamiento afecta también a los medios extranjeros, ya se trate de la Agencia France Presse, de los corresponsales extranjeros o de la televisión qatarí Al Yazira, que tanto influyó en la gestación y desarrollo de las revueltas a favor de la democracia. El ministerio de Comunicación utiliza su prerrogativa de acreditar a los periodistas extranjeros en el país como medio de presión para conseguir que los medios envíen a profesionales que no hayan destacado por su espíritu crítico.

La corrupción institucionalizada

En medio de la tormenta en el mundo árabe, el subsecretario de Estado norteamericano, William Burn, salió a la palestra, antes de que el rey pronunciara su discurso del 9 de marzo, para anunciar que Marruecos es “un modelo para la reforma económica, social y política”. La protección de Washington es constante y viene de lejos. Durante la Administración de Bill Clinton, la entonces secretaria de Estado, Madeleine Albright, ya había proclamado que Mohamed VI es “un  verdadero líder de la reforma democrática” que indica a otros países “la dirección a seguir”.

No obstante, los diplomáticos estadounidenses destinados en Marruecos tienen una visión menos balsámica y optimista del reino y sus bien guardados arcanos. Según los cables revelados por Wikileaks en 2010, “las instituciones y los procedimientos del Estado marroquí son utilizados por el palacio real para perpetuar la coerción y el soborno”. Por lo tanto, la verdadera reforma no comenzará hasta que el rey desmantele los monopolios estatales, liberalice el sistema electoral y se pronuncie decididamente contra el caciquismo y la autocracia.

Los detalles sobre las redes de corrupción están descritos en un informe diplomático norteamericano de noviembre de 2009, titulado irónicamente “Un cuento de proporciones reales”, que fue entregado a la prensa por Wikileaks, en el que se relatan las aventuras de un promotor extranjero que había obtenido el permiso para un proyecto inmobiliario por 220 millones de dólares que fue congelado hasta que regaló una participación del 5 % a una sociedad marroquí vinculada con el Majzen.

La mayoría de los telegramas de Wikileaks, revelados por el diario francés Le Monde, están relacionados con la corrupción que atasca todos los engranajes político-administrativos, un mal endémico que concierne tanto a los civiles como a los militares, que afecta a todas las clases sociales y asciende hasta el palacio real. La pasión por el enriquecimiento parece bastante extendida, aunque sus resultados están muy desigualmente repartidos. Mohamed VI conserva una popularidad innegable, pero detrás de él se asienta el poder absoluto y se vislumbra un panorama bastante sombrío.

Un cable de agosto de 2008 puso todo el énfasis en denunciar “la corrupción institucionalizada” en las altas esferas de las Fuerzas Armadas Reales (FAR), en particular en las destacadas en el Sahara Occidental, la ex colonia española tutelada teóricamente por la ONU y administrada abusivamente por Rabat. “Informes creíbles –señalaba el cable norteamericano—indican que el general Benanni utiliza su posición de comandante en jefe del sector sur para obtener dinero de los contratos militares e influir sobre las decisiones en el ámbito de los negocios.”

Un informe del consulado estadounidense de Casablanca, de mayo de 2008, consagrado al análisis de las causas del progreso y la opulencia de la capital económica, llegaba a la una conclusión demoledora: “El tráfico de droga, el blanqueo de dinero y una corrupción endémica desempeñan una papel destacado en el crecimiento económico.” Y citaba el caso de un jefe militar convertido de la noche a la mañana en importador de motocicletas de una marca alemana luego de haber sabido por razón del cargo que la policía iba a realizar un pedido importante. Otro cable de 2009 llegaba a la inquietante conclusión de que la corrupción está ahora “mucho más institucionalizada” que durante el reinado de Hasan II.

En los días de las manifestaciones de febrero y marzo, un bloguero marroquí escribió sarcásticamente que se sentiría feliz si su país pudiera adoptar entre las reformas una simple traducción del artículo 7 de la constitución de Camboya, que repite el lema ritual de todas las monarquías parlamentarias: “El rey de Camboya reina pero no gobierna.” Y otros participantes en las redes sociales propusieron como modelo al rey Juan Carlos de España.

Con una prensa vigilada y un sistema electoral que promueve la dispersión del sufragio y manipula la división de los distritos, el consenso queda en manos de un monarca que impone su voluntad a un Parlamento atomizado y desprestigiado. Las elecciones se repiten y se parecen, pero la democracia no avanza. Los partidos tradicionales (Istiqlal y USFP) están desgatados por plegarse a los designios dinásticos, incapaces de promover una alternativa genuinamente democrática, mientras los islamistas moderados del PJD (liberal en economía, conservador en asuntos sociales) cuentan con el beneplácito de Washington y París, los dos pilares externos de la monarquía, para promocionarse como último recurso de un sistema exhausto.

Las protestas callejeras estuvieron propulsadas principalmente por los agravios económicos y las denuncias de la corrupción, una palabra que el rey no pronunció en su discurso del 9 de marzo, así como por la ausencia de perspectivas para una juventud mejor educada que la de sus padres, pero condenada injustamente al desempleo o la emigración. La frustración económica fue uno de los motores de la protesta en todos los países árabes. El paro golpea con especial virulencia a los licenciados universitarios, presuntos herederos de un paraíso neoliberal al que realmente no tienen acceso.

El 19 de febrero, en Tánger, los manifestantes atacaron la sede de la compañía francesa Amendis (filial de Veolia), dedicada al suministro de agua potable, a la que acusaban de manipular los precios y de obtener mediante soborno sus contratos con el gobierno marroquí. En Tánger, la tarifa del agua es más cara que en otras ciudades. En Marraquech, el 20 de febrero, fue asaltado un local de la norteamericana McDonald, y el 15 de marzo, en Khouribga, se produjo un violento saqueo de la empresa que explota los fosfatos. En los meses de febrero y marzo, seis marroquíes se prendieron fuego para protestar por su situación económica, a imitación del vendedor tunecino que en diciembre de 2010 encendió la mecha de las revueltas.

“El pueblo rechaza una Constitución de esclavos”

Salvo estos casos aislados, las protestas de febrero y marzo fueron en general pacíficas, aunque murieron cinco personas, y la participación global fue modesta si se compara con lo ocurrido en Túnez y El Cairo. No obstante, en Rabat llegaron a congregarse el 20 de febrero unas 30.000 personas. Los manifestantes no reclamaron en ningún momento la caída de la monarquía, sino que se limitaron a exigir una nueva constitución que restrinja los poderes del soberano. En las proximidades del Parlamento, los activistas desplegaron una pancarta en la que podía leerse: “El pueblo rechaza una constitución hecha para esclavos.”

Puesto que el rey es la piedra angular del sistema, la evolución social y política acabará por afectar a la monarquía. Los manifestantes reclamaron el establecimiento de una monarquía constitucional en vez de una república, pero el poder absoluto del monarca, según los textos constitucionales, está en el origen y en la explicación de un modelo de gobierno harto desequilibrado. Las opiniones varían mucho según procedan del interior del régimen o de los sectores marginados, de los islamistas radicales o de los pequeños grupos laicos y democráticos.

Algunos analistas norteamericanos están persuadidos de que las monarquías resistirán mejor que las repúblicas los embates de la revuelta. Según Laila Lamani, profesora de la universidad de California, “la monarquía es una institución bien establecida”, con soberanos hereditarios desde hace más de mil años, lo que explicaría la prudencia de los manifestantes; pero el rey “no tendrá más remedio que demostrar si está a favor del cambio o del statu quo”. Y concluye con una pregunta inquietante: “¿La calma que precede a la tormenta?

“Sí a la revolución, sí a los cambios, pero con el rey y no contra él”, afirmó Karim Boukhari, director del semanario Tel Quel, resumiendo la opinión de los sectores democráticos moderados. Pero otro periodista, el ya citado Alí Lmrabet, tras reconocer que los manifestantes demandaban una monarquía constitucional, pero la caída del régimen, matizó: “Pienso que hay un problema con el rey, porque es el monarca absoluto (…) y creo que no ha entendido el mensaje.”

A pesar de las minorías bereber o copta, Marruecos forma con Egipto y Túnez el trío de países árabes con las mayorías más homogéneas, en contraste con la fragmentación tribal, étnica o religiosa, que prevalece en Libia y los países del Oriente Próximo, construcciones coloniales surgidas después de la Primera Guerra Mundial (1918). La revuelta triunfó en Túnez y Egipto, donde no existía riesgo grave de fractura nacional. Ese riesgo tampoco existe en Marruecos, donde la protesta, sin embargo, parece detenida o al menos encauzada. ¿Hasta cuándo?

Los manifestantes volvieron a las calles el 24 de abril en varias ciudades, principalmente en Casablanca y Rabat, para insistir en su demanda de reformas políticas inmediatas, pero todo pareció indicar que el Movimiento del 20 de Febrero había perdido fuerza de convocatoria. Lo más significativo fue que en la capital desfilaron numerosos islamistas que volvieron a reclamar la liberación de los detenidos pertenecientes a la Salafia Yihadia, un movimiento radical. Entre los asistentes se encontraban Mohamed Meruani y Mustafá Moatasim, líderes de dos pequeños partidos islamistas ilegalizados: Al Umma (La Comunidad) y Al Badil al Hadari (Alternativa de Civilización).

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