Posteado por: M | 14 enero 2012

La narcoviolencia se enquista en México

El año electoral y la escalada impetuosa de la narcoviolencia agitan y ensombrecen el panorama político y social de México. Los asesinatos y ejecuciones vinculadas con la criminalidad organizada se dispararon en 2010-2011, especialmente en los territorios en disputa entre los principales carteles de la droga, y los mexicanos parece que han perdido toda esperanza de que la tormenta del terror desencadenada en 2006 amaine en los próximos años, cualquiera que sea el resultado de las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio, las cuales presagian un cambio favorable para el casi eterno Partido Revolucionario Institucional (PRI), que estuvo en el poder más de 70 años (1929-2000).

Enrique Peña Nieto, candidato del PRI

Todas las informaciones disponibles coinciden en que los carteles de los Zetas y Sinaloa, las dos poderosas organizaciones criminales que controlan el narcotráfico al por mayor y cuentan con más sicarios y mejores pertrechos, consolidaron su dominio en las rutas de la costa oriental (golfo de México) y occidental (Pacífico), respectivamente, por las que transita la mayor parte de la droga hasta y más allá de la frontera de EE UU. Ambos carteles se atacan entre sí en algunas ciudades de tránsito como Veracruz, Cuernavaca o Guadalajara, además de contar con una fuerte implantación en los países de Mesoamérica por los que discurre el reguero caudaloso de los narcóticos.

En pugna con esas bandas militarizadas y multimillonarias se encuentran otras menos pudientes que les disputan los clientes de manera encarnizada, como la del Golfo y los llamados Carteles Unidos. A principios de este año, 31 sicarios murieron en una reyerta en la prisión de la ciudad costera de Altamira, en el golfo de México, estado de Tamaulipas, cerca de la frontera de Tejas, escenario de frecuentes y sanguinarios ajustes de cuentas entre los sicarios de los Zetas y sus competidores. Las mismas tierras donde se descubrieron las fosas comunes (narcofosas) de los asesinatos en masa.

En la otra fachada marítima, la lucha es especialmente feroz en Acapulco, la bella ciudad balneario convertida en uno de los principales puertos de exportación de la cocaína y la marihuana. Según los analistas de Stratfor, consultora californiana especializada en la prospectiva de inteligencia, “la continuada competencia entre los diversos grupos criminales impedirá cualquier clase de alianza entre los Zetas y Sinaloa para abandonar la violencia y dedicarse estrictamente a la provechosa actividad del narcotráfico”. No obstante, algún acuerdo existe entre los carteles mexicanos y las bandas locales en Guatemala y El Salvador.

Joaquín Villalobos, comandante que fue de la guerrilla en El Salvador, ahora consejero estratégico del presidente mexicano, sostiene que la división de los carteles en múltiples facciones facilita las tareas represivas, pero otros especialistas de la lucha contra los narcotraficantes se inclinan por una opinión contraria. Todos coinciden, sin embargo, que la guerra continuará por mucho tiempo. Tanto como la cruzada contra la endémica corrupción policial o los buenos propósitos de erradicar la pobreza en muchas regiones del país.

El gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, del Partido de Acción Nacional (PAN, derecha liberal), está inmerso en una diabólica encrucijada: no puede renunciar a sus esfuerzos para combatir el narcotráfico sin perder la cara, pero, al mismo tiempo, comprende que cualquier escalada de la ofensiva militar contra los carteles entrañaría el riesgo de intensificar los niveles de violencia en todo el país. Ante esta situación, el análisis de Stratfor sugiere que hasta el traspaso de poder del 1 de diciembre de este año “el gobierno pondrá un mayor énfasis en las políticas económicas y sociales mientras mantiene la actual estrategia de combate contra la criminalidad organizada”. Más parece un buen deseo que un pronóstico razonable.

 

La contabilidad macabra del “Ejecutómetro”

Según diversos sondeos de la prensa mexicana, más de la mitad de los ciudadanos respalda el despliegue militar iniciado en 2006 y otras operaciones contra el narcocrimen, con ayuda tecnológica de EE UU, mientras que sólo el 30 % de los encuestados propugna la negociación con los carteles o la legalización de las drogas. Una encuesta publicada el pasado octubre desveló, sin embargo, que sólo el 18 % cree que el gobierno esté venciendo en la lucha contra el la criminalidad organizada. Según los informes periodísticos concordantes, los carteles de la droga ejercen algún tipo de control –suficiente para operar sin cortapisas— en el 71 % de los municipios del país.

Prosigue la guerra, y con ella, la macabra contabilidad de las matanzas, los ajustes de cuentas, los atentados, los motines carcelarios y las ejecuciones extrajudiciales. El gobierno reveló el 11 de enero que 47.515 personas han muerto en acciones relacionadas con la narcoviolencia desde que el presidente Calderón tomó posesión el 1 de diciembre de 2006. Los muertos entre enero y septiembre de 2011 fueron 12.903, lo que implica un aumento del 11 % en relación con el año anterior. La violencia del narcotráfico no sólo se cobró más vida en 2011, sino que los sicarios cometieron los crímenes con más saña y exhibición pública.

Esas cifras oficiales han sido criticadas y corregidas por diversas organizaciones, tanto mexicanas como estadounidenses. Así, el diario Reforma de la capital informó el 2 de enero de que las muertes relacionadas con el crimen organizado o su represión fueron 12.359 en 2011, el 6,7 % más que en 2010, y sus cálculos desbordan los gubernamentales durante el último sexenio: 50.285 muertos. Dicho periódico lleva un conteo espeluznante en la sección titulada Ejecutómetro, que se actualiza cada vez que ocurre una muerte vinculada de alguna manera con la guerra de la droga.

El aumento o la disminución de las víctimas durante 2011, según los diversos conteos, son irrelevantes, quizá porque la inmensa mayoría de los 113 millones de mexicanos vive de espaldas a la narcoviolencia y cree firmemente que el problema del tráfico de estupefacientes afecta, sobre todo, a los gringos, que son los principales consumidores. La retórica política persevera en la diatriba contra EE UU, gigantesco mercado y meca de los emigrantes. “Siempre parece que la violencia es algo que sucede lejos de Ciudad de México”, me decía recientemente un mexicano de visita en Barcelona, al preguntarle por la inseguridad que refleja la prensa internacional.

Cualquier variación anual en el número de asesinatos totales se debe probablemente al cambio de situación en Ciudad Juárez (Chihuahua), a orillas del Río Bravo, la ciudad mexicana más violenta y corrupta, más lúgubre, retratada con sangre en las novelas y el cine, situada en la frontera de El Paso (Tejas), donde la estadística del horror experimentó un respiro: el número de muertos en 2011 se redujo a la mitad (1.700) con respecto a 2010.

El combate es cosa de dos

Tras 12 años en el poder, el PAN y el presidente pasan por sus horas más bajas, a la defensiva y abrumados por el peso de la guerra, de manera que lo más probable es que su candidato sea derrotado en las elecciones del 1 de julio. El PAN está en franco retroceso y tiene aún que elegir a su candidato entre tres aspirantes. La victoria probablemente sonreirá al candidato del PRI, el ex gobernador Enrique Peña Nieto, a pesar de que las pifias culturales (confundió al historiador Enrique Krauze con el novelista Carlos Fuentes) y otras meteduras de pata afectan negativamente a su reputación y le han granjeado la rechifla de las redes sociales. Su programa contra el narcotráfico sigue siendo una incógnita. Según la Constitución, el presidente de la nación, tras ejercer un mandato de seis años, no puede ser reelegido.

Felipe Calderón, del PAN

El combate contra las redes del narcotráfico en México, iniciado con intervención militar a finales de 2006, compromete no sólo al gobierno, la policía y el ejército mexicanos, sino igualmente a la todopoderosa Drug Enforcement Administration (DEA), dependiente de la secretaría norteamericana de Justicia, una agencia u organismo, con procedimientos y órdenes secretas similares a las de la CIA, que se encarga de reprimir tanto la producción y el comercio de los narcóticos como el levado de las ingentes cantidades de dinero que atesoran los carteles. Ambos organismos obedecen al criterio de que el fin justifica los medios y sus operaciones secretas y con frecuencia ilegales se mantienen en un limbo jurídico para no comprometer la honorabilidad del gobierno.

Se trata, pues, de una guerra conjunta y permanente de México y EE UU, similar a la que se desarrolló anteriormente en Colombia, contra unas organizaciones criminales que exportan los narcóticos producidos en el sur del continente a las grandes urbes norteamericanas, a lo largo de una frontera de 3.185 kilómetros, la más concurrida del mundo, legal e ilegalmente, de imposible control.

Las últimas informaciones disponibles, con base en documentos del gobierno mexicano y aireadas por el New York Times, informan de cómo los agentes de la DEA ayudaron a los narcotraficantes a blanquear miles de millones de dólares con el objetivo de infiltrarse en las redes criminales y luego desmantelarlas. Según la información del diario neoyorquino, el dinero de la droga blanqueado mensualmente podía llegar a los 5 millones de dólares, que se ingresaban en una cuenta de la DEA abierta en la sucursal del Bank of America en Dallas (Tejas).

La operación ahora revelada se realizó durante varios meses en 2007 y permitió que los agentes norteamericanos se infiltraran en la organización del traficante colombiano Harold Mauricio Poveda-Ortega, también conocido como el Conejo, principal suministrador de cocaína al cartel mexicano de Arturo Beltrán Leyva. Una de las operaciones supervisadas por los agentes norteamericanos consistió en el envío de cocaína desde Quito a Madrid. En otra ocasión, los policías se hicieron pasar por pilotos de aviación y ofrecieron el transporte de cocaína por 1.000 dólares en kilo.

Según los documentos oficiales, los datos facilitados por los infiltrados, en colaboración con un contacto colombiano, condujeron a los militares mexicanos a localizar y matar, en una elegante urbanización de Cuernavaca, el 16 de diciembre de 2009, a Beltrán Leyva, apodado La Muerte, el jefe de los jefes, el capo más peligroso y sanguinario, patrón del cartel de Sinaloa, uno de los máximos responsables de la siniestra etapa de sangre, dolor y crueldad por la que atraviesa México.

En noviembre de 2010, los agentes lograron capturar vivo a Poveda-Ortega, cuya extradición a EE UU fue tramitada inmediatamente, si bien las autoridades norteamericanas se han negado a confirmarla hasta ahora, sin duda para no dar más detalles de unas operaciones secretas de dudosa legalidad que incluyen, además de la actuación en el extranjero, los delitos de blanqueo de dinero y soborno por parte de funcionarios.

La demanda insaciable y las armas

En las difíciles relaciones de México con EE UU a propósito de la lucha contra el contrabando de narcóticos, dos cuestiones resultan especialmente vidriosas: el consumo de la droga por la población estadounidense y el muy lucrativo negocio de la venta de armas de fabricación norteamericana a los carteles del narcotráfico. Durante una visita a México en 2009, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, declaró: “Estoy convencida de que Estados Unidos tiene una corresponsabilidad, debido a nuestra demanda insaciable de drogas ilegales.”

No obstante, el director de la DEA, Gil Kerlikowske, en una carta publicada en el Wall Street Journal el 4 de marzo de 2011, sostuvo: “A pesar de algunos aumentos en el consumo de drogas durante el último año, es un hecho que la demanda global de drogas en Estados Unidos se ha reducido drásticamente en las últimas tres décadas.” Le faltó, desde luego, concretar los datos de los que sin duda dispone la agencia.

Esa visión relativamente optimista e imprecisa fue puesta en tela de juicio por un informe independiente del Woodrow Wilson Center, un centro de estudio con sede en Washington, que apostilla: “Es muy posible que el número de personas que consume las drogas esté bajando, pero el volumen total de narcóticos en el mercado clandestino se mantiene igual o aumentó.” Según ese mismo informe, deberán transcurrir por lo menos 20 años “para que la disminución del consumo de drogas en EE UU tenga un impacto significativo en la violencia que sufre México”.

En cuanto al “río de armas que fluye hacia México”, el citado informe del Woodrow Wilson Center, firmado por Andrew Selee y Eric L. Olson, denuncia la escasa voluntad del Congreso y del presidente Obama para reformar las leyes que ahora permiten a los traficantes vender a los carteles de la droga y, al mismo tiempo, contribuir al blanqueo de ingentes cantidades de dinero. La consabida pasividad de las autoridades estadounidenses ante el comercio armamentístico ha sido criticada por la prensa, pero sin ningún resultado.

El 16 de diciembre de 2010, el New York Times publicó un editorial titulado “Pistoleros de los carteles compran en EE UU” en el que reveló que los distribuidores habían vendido más de 60.000 armas de alto poder destructivo a los carteles mexicanos de la droga. El suculento negocio armamentístico genera miles de millones de dólares anuales, pero no cabe duda de que esas armas norteamericanas no interpelan a los políticos de Washington y alimentan una situación de violencia semicolonial. Y los consumidores de narcóticos son los primeros cómplices.

La controversia sobre la legalización del comercio de narcóticos aflora de vez en cuando en los medios de comunicación, pero ese debate se concentra en los círculos académicos y no forma parte de los temas candentes y probables en una campaña electoral norteamericana. Y mientras tanto, seguirán los fracasos represivos y aumentará la sangre derramada.

La conclusión es que EE UU no puede eludir su responsabilidad en la narcoviolencia que azota al vecino del sur. No cabe duda de que la disminución de la demanda de drogas y paralelamente de las pingües ganancias del narcotráfico, junto con el fortalecimiento del Estado de derecho, sería un primer paso para luchar eficazmente en el largo plazo contra los carteles de la droga. Porque en un futuro próximo seguirán el tráfico, la violencia y la muerte torpedeando el progreso de México hacia una sociedad más justa y menos conflictiva.

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