Posteado por: M | 20 agosto 2012

Assange-Garzón, espectáculo deplorable en Londres

El muy egocéntrico Baltasar Garzón, expulsado de la carrera judicial por un delito de prevaricación, se ha metido en un buen berenjenal como abogado internacional, aunque no habla inglés, para defender la dudosa causa de Julian Assange, patrón de WikiLeaks, la empresa informática dedicada a revelar secretos oficiales de Estados Unidos luego de haberse apoderado ilegalmente, por procedimientos sofisticados, de miles de cables diplomáticos, vídeos y otros documentos, publicados en varios periódicos. Resulta, sin embargo, que la excitante proeza de WikiLeaks, al burlar el secretismo de los gobiernos, poco tiene que ver con un caso criminal relacionado con la conducta personal de Assange en Suecia, cuya justicia lo reclama para que responda de varias denuncias por violación y abusos sexuales.

Luego de que la justicia británica, agotados todos los recursos, ordenara la extradición y entrega de Assange a las autoridades suecas, el acusado violó las condiciones de su libertad y se refugió en la embajada de Ecuador en Londres para evitar la extradición, el 19 de junio. Casi dos meses después, el 16 de agosto, el ministro ecuatoriano de Asuntos Exteriores, Ricardo Patiño, anunció que su país concederá asilo político al fundador de WikiLeaks, en el caso, por supuesto, de que pueda llegar a Ecuador. Afirmó el canciller ecuatoriano, sin ofrecer ninguna prueba, que si Assange es entregado a los suecos, éstos, a su vez, lo enviarán a EE UU, donde será juzgado y condenado a cadena perpetua.

El canciller de Ecuador, como era previsible tratándose de un gobierno populista, lanzó una requisitoria contra EE UU y el capitalismo, a los que acusó nada más y nada menos que de pretender sofocar la libertad de expresión. El gobierno británico, alegando que Assange no es un perseguido político, sino un presunto delincuente común, se niega a concederle un salvoconducto para que pueda huir y burlar a la justicia sueca. El embrollo diplomático está servido y la canícula informativa contribuye a su difusión.

La legalidad británica e internacional no es favorable a las pretensiones de Assange y sus abogados, como reconocen incluso los periódicos más comprometidos con la causa de WikiLeaks. “La protección del refugiado no se aplica al fundador de Wikileaks, y éste se equivoca al reclamarla”, editorializa el londinense e izquierdista The Guardian, uno de los que con más entusiasmo aplaudió la revelación de secretos realizada por Assange y sus colaboradores. En efecto, la convención de la ONU sobre el asilo político establece que su aplicación sólo podrá prosperar cuando exista “un muy fundado temor de que una persona esté siendo perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, y especialmente cuando afecta a los miembros de un grupo social o de opinión política”. Como es obvio, el rocambolesco Assange no es un refugiado político en situación de riesgo, sino un fugitivo de la justicia penal.

Paralelamente, el gobierno de Londres informó al de Quito de la existencia de una ley de 1987 que se concibió para proteger al pueblo británico de abusos flagrantes de la inmunidad diplomática en el caso de que ésta fuera utilizada de forma inadecuada, como hizo Assange hace dos meses. Según la citada ley, el agente diplomático o consular que colaborara con un falso perseguido político podría perder su estatuto privilegiado, incluida la inviolabilidad de su residencia, y verse sometido a la legislación ordinaria. Este caso extremo llevaría aparejada la ruptura de relaciones entre los países implicados y la entrada de la policía en la legación diplomática ecuatoriana.

No obstante, teniendo en cuenta lo dispuesto en la convención de Viena de 1961, sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, parece muy poco probable que el gobierno de Londres vaya a utilizar la fuerza para resolver el problema. Lo más probable es que mantenga la vigilancia de la embajada para evitar que Assange huya y escape de las justicias británica y sueca, pero sin ofrecer más municiones dialécticas a los defensores que le han salido a ambos lados del Atlántico. El enigma se centra ahora en la aparición de Garzón en este simulacro de novela de espionaje.

La explicación quizá es muy simple. Teniendo en cuenta la adversa situación legal, y ante la perspectiva de verse recluido en una cárcel sueca, Assange politizó su caso, alegando una supuesta persecución por parte de EE UU, sin prueba alguna, y recurrió a sus amigos y simpatizantes de la extrema izquierda latinoamericana, con Hugo Chávez y Raúl Castro a la cabeza, y con Garzón en el transportín jurídico. Para organizar un circo mediático antioccidental, estos nostálgicos de la guerra fría recurren a la entusiasta colaboración del presidente de Ecuador, Rafael Correa, que se encuentra bajo sospecha de haber contribuido a blanquear dinero procedente de Irán, en abierto desafío de las sanciones impuestas por la ONU contra el régimen de los ayatolás.

En cuanto a las acusaciones lanzadas por Assange contra EE UU, pidiendo al presidente Obama que ponga fin a una supuesta “caza de brujas”, recogidas implícitamente por Garzón, lo menos que puede decirse es que son producto de la imaginación turbulenta y la propaganda política más que de una defensa mínimamente razonable. Washington no ha solicitado nunca la extradición de Assange, ni existe sospecha alguna de que pretenda trasladar el escándalo a casa en medio de una campaña electoral. Además, el tratado de extradición entre Gran Bretaña y EE UU es mucho más favorable para el país demandante, en todo caso, que el vigente con Suecia.

Por consiguiente, no hay ninguna razón jurídica ni moral para que Assange no sea entregado a la justicia sueca, que sin duda lo sometería a un proceso justo con todas las garantías. Las condiciones previas que Garzón pretende arrancar a los jueces de Suecia, para la entrega de Assange, forman parte de una petición estrambótica, que no tiene ninguna posibilidad de prosperar. El ex magistrado español debería haberse estudiado mejor el asunto y la legislación aplicable, salvo que el vértigo político y el afán de notoriedad le impidan una reflexión pertinente. Si estima que su cliente es inocente, podría presentarse con él en Suecia y hacer frente a los graves cargos que se presentan contra él.

Luego de haber sido condenado por prevaricación en España, el delito más grave que puede cometer un juez, el desempeño de Garzón como abogado de Assange deja mucho que desear, plantea varias incógnitas y puede perjudicar su prestigio internacional si empieza a propagarse la impresión de que no domina el derecho internacional y de que antepone sus criterios políticos a los de neutralidad e imparcialidad que se esperan de un jurista que fue juez y ahora sólo es parte. Porque su alianza práctica con los líderes suramericanos más controvertidos y vociferantes, algunos de ellos dictadores impresentables, puede comprometer su atrevida carrera en los foros internacionales.

En cuanto al presidente de Ecuador, su decisión de conceder asilo diplomático a Assange y sus ataques contra EE UU se explican por su proverbial y vicioso populismo, por las elecciones presidenciales que deberá afrontar el año próximo y por las secuelas del conflicto diplomático que estalló y se sustanció en 2011, cuando el gobierno ecuatoriano expulsó a la embajadora norteamericana en Quito, Heather M. Hodges, en protesta por los comentarios que ésta hizo en un cable revelado por Wikileaks, en el que acusaba al presidente de haber designado a un jefe de policía notoriamente corrupto “para poder manipularlo fácilmente”. La Casa Blanca adoptó represalias y expulsó, a su vez, al embajador ecuatoriano en Washington.

Ambos países intercambiaron dos nuevos embajadores, pero el desafío de Correa se mantiene, entre otras cosas, y según creen en Washington, por la batalla sucesoria que la enfermedad de Hugo Chávez ha abierto entre los países de Alianza Bolivariana de los Pueblos para Nuestra América (Alba), el invento diplomático del presidente venezolano, que agrupa a todos los clientes de su petróleo, los líderes más charlatanes y antinorteamericanos del hemisferio.

Esos líderes suramericanos, a los que se unen la argentina Cristina Fernández, ruidosamente antibritánica, pretenden hacer valer la muy arraigada tradición del asilo en los países de América Latina, derivada, entre otros factores, de la proliferación en el pasado de golpes de Estado y regímenes despóticos y la necesidad de proteger a los líderes o funcionarios expulsados del poder manu militari. Pero tropezarán con considerables obstáculos, en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), para otorgar a Assange la condición de refugiado político. Una cosa es la inviolabilidad de la legación ecuatoriana en Londres, tan legal como respetable, y otra muy distinta la conversión del megalómano Assange en un perseguido político, lo que es completamente falso.

La rigurosa aplicación del derecho internacional nada tiene que ver con el deplorable espectáculo montado en Londres con la aparición de Assange en el balcón, como si fuera un líder populista suramericano, y la comparecencia de Garzón ante la prensa internacional reclamando lo imposible no se sabe muy bien si a la justicia sueca o al gobierno de EE UU. Dados sus protagonistas, puede asegurarse que el embrollo novelesco tendrá nuevos capítulos.

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