Posteado por: M | 8 febrero 2013

La guerra secreta de Obama

La revelación por la cadena de televisión NBC, el 5 de febrero, del resumen de un memorando del departamento de Justicia de EE UU que defiende la legalidad de la actuación del gobierno para ordenar el asesinato de terroristas de Al Qaeda y filiales, incluso si son ciudadanos estadounidenses, suscita una viva polémica en los medios, provoca la protesta de las asociaciones de defensa de los derechos humanos y pone en la picota una de las más controvertidas estrategias de Barack Obama: la utilización de los famosos drones, aviones espías sin tripulación, para eliminar a los sospechosos de estar implicados en actos terroristas en cualquier parte del mundo, aunque los países más afectados por esa práctica bélica son Pakistán, Afganistán, Yemen y Somalia, sin descartar Corea del Norte e Irán. La misma y muy vituperada guerra preventiva de George W. Bush, por los mismos o más sofisticados medios. 

dron

El documento del departamento de Justicia, que Obama se sigue negando a publicar, ofrece nuevos detalles sobre la argumentación jurídica para cubrir las ejecuciones sumarias y el aumento constante de esas operaciones secretas con los drones, muchas de ellas lanzadas desde una base secreta en Arabia Saudí, operada por la CIA. Ahora será conocido por un grupo de senadores del Comité de Inteligencia, pero no llegará al público. Todos los ingredientes para que la guerra secreta del progresista Obama escandalice a amplios sectores de la opinión norteamericana y desvele, una vez más, la flagrante hipocresía de los muy piadosos dirigentes de la monarquía saudí. En general, los gobiernos de los países afectados suelen autorizar la caza del terrorista, aunque luego finjan indignarse para consumo de su opinión.

El memorando tiene un título muy largo: “Legalidad de una operación letal dirigida contra un ciudadano norteamericano que es un alto responsable operativo de Al Qaeda o de una de sus filiales.” Todo el andamiaje jurídico se apoya en el “derecho de autodefensa” y el argumento principal sostiene que la persona que sea blanco del ataque debe constituir “una amenaza inminente de ataque violento contra Estados Unidos”, a condición de que su captura sea “imposible” y de que su liquidación sea conducida de acuerdo con “las leyes o principios de la guerra”. Una nueva forma de guerra que nada tiene que ver con la regulada por el tradicional derecho de gentes.

Ni una línea sobre los llamados cuantiosos daños colaterales, la muerte de civiles inocentes y la destrucción de viviendas y vehículos, que afectan a unas poblaciones que EE UU pretende precisamente liberar del flagelo del terrorismo. Los críticos también se preguntan por la sinrazón de que “un funcionario de alto nivel, debidamente informado”, puede decidir el asesinato de un ciudadanos estadounidense. Cabe igualmente plantear otras cuestiones embarazosas: ¿Qué o quién constituye un objetivo legítimo y en qué circunstancias se puede dar la orden de ataque? ¿Acaso la decisión sobre los asesinatos puede depender de un protocolo, de una rutina burocrática?

Tanto el criterio de la autodefensa como el de la amenaza inminente se prestan a interpretaciones excesivamente amplias o elásticas, cuando se trata de la vida de una o varias personas; chocan frontalmente con el orden jurídico internacional, fundado en la seguridad colectiva, y contienen una evidente extralimitación del poder presidencial en la ejecución extrajudicial de ciudadanos norteamericanos o de otra nacionalidad. El documento rechaza explícitamente cualquier intervención de un organismo judicial para el control de tan graves decisiones, alegando que los jueces no pueden controlar una operación del ejecutivo para el uso de la fuerza contra un enemigo si aquélla ya ha sido autorizada por el Congreso, en el fragor de la batalla.

Según el informe, el presidente puede hacer valer tanto la Constitución como la autorización del Congreso que su predecesor consiguió después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, unos poderes especiales aún no revocados para proseguir la guerra contra el terrorismo o afrontar “la amenaza inminente” contra los ciudadanos, sus vidas y sus intereses. La verdad es que las operaciones con los drones son ultrasecretas y furtivas, en países con los que EE UU no está técnicamente en guerra, y al margen de cualquier reconocimiento legal, por lo que difícilmente encajan dentro del llamado “derecho de guerra”. Por eso resultó estrambótico que Washington exigiera la devolución de uno de esos aviones que había caído en territorio iraní.

La controversia jurídico-constitucional y los criterios justificativos pueden resultar farragosos, pero demuestran los sólidos cimientos de la democracia norteamericana, el funcionamiento de los checks and balances y la permanencia de la libertad de conciencia y de crítica, no desarmadas por la arrogancia del poder. También la consternación en los ambientes académicos, periodísticos y judiciales por la desenvoltura de un presidente que fue galardonado con el premio Nobel de la Paz en 2009, coincidiendo con la adopción, planificación y ejecución de tan belicosa y letal doctrina, pese a haberla censurado con vehemencia cuando fue implantada por su predecesor.

Casi 3.000 muertos en un decenio

La utilización de los drones comenzó en 2002, en el marco de la llamada guerra global contra el terrorismo, pero la cifra de muertos por ese procedimiento se disparó en 2009, con Obama en la Casa Blanca, hasta alcanzar los 559 supuestos terroristas aniquilados en 2009, según cálculos periodísticos del Bureau of Investigative Journalism, con sede en Londres. El año más mortífero fue 2010, con 897 ejecutados. Esto quiere decir que Obama septuplicó las operaciones letales de su predecesor. Casi 3.000 muertos en diez años de guerra secreta, electrónica, sin bajas propias, implacable y en países lejanos.

Durante el pasado decenio, los drones, última maravilla tecnológica de la industria militar, armados con misiles y bombas teleguiadas, con una autonomía de 14 horas, se han convertido en un instrumento esencial de la guerra contra el terrorismo a nivel global. Esos aviones son muy silenciosos, disponen a gran altura de una capacidad de observación muy precisa de individuos o grupos y cuentan con la enorme ventaja de que actúan sin piloto, dirigidos a distancia por medio de satélites, sin temor a la pérdida de vidas humanas. Son como las avanzadillas de la guerra del futuro, cibernética, a distancia, sin soldados.

Un responsable de la American Civil Liberties Union (ACLU), la organización defensora de los derechos humanos de mayor relevancia, se indigna en los siguientes términos: “Es difícil de creer que haya sido redactado [el memorando de defensa] en una democracia fundada sobre un sistema de equilibrio y control de los poderes, puesto que resume en términos fríos la prepotencia pasmosa del ejecutivo.” Y el New York Times, el diario que incondicionalmente respalda a Obama, recordó en un editorial que la justificación de los asesinatos le traía a la memoria “los argumentos escritos por el presidente George W. Bush para justificar la grabaciones ilegales, la detención indefinida, los secuestros, el abuso y la tortura”. El recurso del “y tu más” en versión norteamericana.

El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, declaró que las operaciones con los drones son “legales, éticas y prudentes”, “en plena sintonía con la Constitución”, n diagnóstico tan sorprendente como problemático. Olvidó, entre otras cosas, que cualquier ciudadano norteamericano tiene unos derechos constitucionales cuya protección por principio está encomendada a los jueces y que sólo éstos pueden pronunciar su condena o privarle de su estatuto legal. Resulta constitucionalmente chirriante que los graves asuntos concernientes a la legitimidad del objetivo, los criterios de actuación y las circunstancias del ataque sean determinados por los funcionarios de la CIA, brazo ejecutor de este nuevo tipo de guerra, aunque bajo cobertura presidencial.

Hasta que fue revelado por la NBC, la administración de Obama se había negado a reconocer la existencia de ese y otros documentos del mismo tenor, sobre la justificación legal de los asesinatos programados; pero no ha tenido ahora más remedio que ordenar su entrega a dos comités del Congreso encargados de las cuestiones de espionaje y contraespionaje. El documento filtrado, según la prensa norteamericana, fue el que sirvió para justificar el asesinato del ciudadano norteamericano Anuar Al-Aulaki, un imán radical, predicador de la yihad (guerra santa), perpetrado en Yemen el 30 de septiembre de 2012.

El problema no radica tanto en la guerra contra el terrorismo iniciada por Bush y continuada por su sucesor, según los intereses del imperio y con el beneplácito de la mayoría de los norteamericanos, sino en la pretensión de Obama y sus corifeos de exhibir una superioridad moral que ha sido literalmente pisoteada, o en la falsa conciencia de los papanatas europeos empeñados en la estúpida manía de presentar al malvado Bush como un diablo cibernético y a Obama como un ángel custodio del que se esperaban grandes milagros. La culminación de ese espíritu apaciguador, buenista y anacrónico se encarnó en los honorables miembros del Comité Nobel del Parlamento noruego que otorgaron el premio a Obama en la ilusoria creencia de que estaba en sus manos el alterar los criterios del poder en Washington y hasta el curso de la historia.

Nada más instalarse en la Casa Blanca, Obama ordenó la publicación de los informes sobre los interrogatorios de la CIA de los prisioneros en Guantánamo y otras prisiones, una decisión interpretada como una venganza contra Bush, mientras que ahora trata de impedir que lleguen a la opinión pública las justificaciones legales y los protocolos de actuación para el asesinato planificado de “los enemigos combatientes”, perífrasis oficial para designar a los guerreros de la yihad. Desde la altura moral y física de la Casa Blanca, el presidente no ha sido capaz de reconocer y mucho menos de rectificar la evidente hipocresía de su conducta y el cinismo de algunos de sus consejeros.

Uno de los principales actores en la publicación de las maldades de la Administración de Bush fue precisamente John O. Brennan, veterano agente del espionaje, defensor de los interrogatorios equiparables a la tortura, que ha sido el principal consejero de Obama en materia de contraterrorismo durante los últimos cuatro años y cuyo nombramiento como director de la CIA está pendiente de la aprobación del Senado. Bajo su dirección desde la Casa Blanca, como hombre de confianza y mano de hierro presidencial, la guerra secreta de los drones llegó a ser la principal estrategia gubernamental en la lucha contra el terrorismo. Sin reparar en los efectos demoledores que el empleo de esa arma invisible, que desciende del cielo para provocar el cataclismo, estaba produciendo en las poblaciones de los países afectados, a los que teóricamente EE UU debe ayudar a combatir el terrorismo.

John O. Brennan

John O. Brennan

En su accidentada comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado,  en medio de fuertes protestas dentro y fuera de la sala de audiencias, Brennan admitió que los ataques de los drones habían causado víctimas civiles y que esos errores “deben ser reconocidos públicamente”, pero defendió las operaciones de contraterrorismo alegando que EE UU sigue “en guerra con Al Qaeda”. La presidenta del Comité, la senadora demócrata Dianne Feinstein, propuso la creación de un tribunal para supervisar los asesinatos planificados, pero es poco probable que la sugerencia pueda prosperar.

Una guerra sin soldados

El éxito aparente de los drones en un nuevo tipo de guerra que evita las bajas de los atacantes, como todas las innovaciones tecnológicas, provocará muy probablemente una nueva carrera armamentista en todo el mundo. Los drones se fabrican no sólo en EE UU, sino también en Israel. El gobierno alemán de la cancillera Angela Merkel parece haber encontrado en los drones un medio muy eficaz para compaginar sus compromisos militares y las intervenciones exteriores con las restricciones constitucionales y el pacifismo de la opinión pública.

La política exterior del gobierno de Berlín en cuestiones de defensa le había causado algunos problemas con sus aliados de la OTAN, como se hizo evidente al abstenerse en la votación de la ONU sobre la zona de exclusión aérea en Libia en 2011 o más recientemente al mostrarse reticente ante la intervención francesa en Malí. El mes pasado, sin embargo, la cancillera comunicó al Bundestag (cámara baja del Parlamento) que estaba considerando la adquisición de drones armados, “absolutamente necesarios” para la defensa del país. En la actualidad, Alemania alquila algunos drones desarmados a Israel para tareas de reconocimiento.

Los planes de Merkel sobre los drones suscitaron una airada protesta por parte de los socialdemócratas y los verdes, los grupos de la oposición, que esgrimieron razones similares a las que plantean los críticos norteamericanos. La llamada Doctrina Merkel, según el semanario Der Spiegel, insiste en que es mucho mejor armar a algunos países amigos, incluyendo Arabia Saudí y Qatar, que enviar soldados. Las grandes potencias, sobre todo, las de una demografía declinante, podrían adherirse a esa idea maravillosa de la guerra electrónica sin soldados, pero no podrá eludir la responsabilidad última de la venta de armas o del disparo de un drone desde una base secreta en el desierto.

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