Posteado por: M | 21 octubre 2013

Crisis de la inmigración en Europa, de la tragedia de las pateras a la expulsión de los gitanos

De Londres y París a Sofía y Moscú, de Oslo a la isla de Lampedusa, todo el espacio europeo está convulsionado por la violencia interétnica, la tragedia de las pateras, el derecho de asilo resquebrajado y el crecimiento espectacular de los partidos políticos antieuropeos y xenófobos, los que desde hace años utilizan el populismo para canalizar los temores y las protestas de los instalados ante el empuje de los que llegan legal o ilegalmente para disputarles los empleos precarios. Pese a su legalidad, la detención y expulsión de Francia de una gitana (romaní) de 15 años, acompañada por toda su familia, provocó un gran escándalo y coincidió con las noticias sobre el avance electoral inquietante del Frente Nacional (FN), dirigido por Marine Le Pen y calificado de extrema derecha.

El trágico naufragio de una patera el 3 de octubre en las aguas de Lampedusa, un isla al sur de Sicilia, la más próxima a África, en el que murieron más de 300 emigrantes de los muchos miles que huyen del hambre, la guerra o la represión, conmocionó a la opinión pública, pero no puso de acuerdo a los ministros del Interior de la Unión Europea sobre las medidas que deberían sustituir a la anacrónica Regulación de Dublín, en vigor desde 2003, la cual estipula que el país en que un refugiado entra por primera vez asume la responsabilidad de examinar su situación, concederle asilo temporal o repatriarlo, según su derecho interno. Sin política común, los gobiernos de los Estados miembros aplican una estrategia dispar y con frecuencia polémica.

lampedusa_patera

Ante un problema de muy largo alcance, de gran impacto en la ciudadanía, la legislación de los Estados oscila entre la demagogia izquierdista del “papeles para todos”, sin reparar en las consecuencias, y la restricción-represión que preconiza la derecha, en  nombre de la ley y el orden, pero en realidad motivada por el riesgo cada día más evidente de que las riadas de inmigrantes aumentan el caudal de simpatías de los partidos populistas y nacionalistas, además de antieuropeos o euroescépticos, adictos del nacional-populismo, que están modificando los comportamientos electorales y hasta los criterios políticos y morales de unas clases medias desconcertadas por la crisis económica y la globalización.

El aumento de las pateras u otros barcos de fortuna que arriban a Italia o España, cuando las mafias que controlan tan abominable comercio aprovechan la prolongación del buen tiempo en el Mediterráneo, coincidió este año con otras noticias políticas que sacuden los cimientos de la democracia europea y ponen en tela de juicio la tradición humanitaria del asilo. Mientras la Europa oriental levanta barreras o alambradas, como acaba de anunciar el gobierno de Bulgaria, para prevenir la llegada de refugiados sirios, la occidental asiste asombrada al viraje de la opinión pública en Francia, cada día menos orgullosa de su gloriosa tradición como tierra de asilo y acogida, especialmente de españoles que huyeron de la guerra y la intolerancia. “La actual política europea de asilo está en crisis”, concluye el riguroso semanario alemán Der Spiegel.

Xenofobia en Noruega, odio interétnico en Rusia

Tras su éxito en las elecciones generales del 8 de septiembre, un partido xenófobo, el Partido del Progreso, entró por primera vez en el gobierno de Noruega, en una coalición con el Partido Conservador propiciada por el descalabro del gobernante Partido Laborista. La nueva primera ministra, Erna Solberg, también es favorable al establecimiento de restricciones para la inmigración no europea. En Noruega se encuentra encarcelado, tras su condena a 21 años de cárcel, el terrorista de extrema derecha Anders Breivik, que el 22 de julio de 2011 cometió sendos atentados en Oslo y le cercana isla de Utoya en los que perdieron la vida 76 personas.

Los resultados electorales y el gobierno de coalición de Noruega repiten un fenómeno político que antes había ocurrido en Dinamarca y Austria y puede acontecer cualquier día en Holanda o Bélgica, países de una trayectoria compasiva y ejemplar en la acogida del extranjero, pero azotados en este siglo por el ventarrón de la xenofobia que sopla en toda Europa. El ministerio británico del Interior acaba de expedir casi 60.000 requerimientos para forzar a los extranjeros a abandonar el Reino Unido, última versión del insultante “Go home” (vete a casa) en que se resume el nuevo plan del gobierno para controlar y reducir la inmigración.

En Rusia, la policía organiza periódicas y arbitrarias redadas para hacer frente a los odios interétnicos y los ajuste de cuentas entre grupos mafiosos. Los disturbios fueron especialmente violentos tras la muerte de un joven ruso que fue apuñalado por un checheno en un suburbio de Moscú. La xenofobia se inflama y se transforma en violencia interétnica y ésta, a su vez, dispara la  muy habitual brutalidad de la policía moscovita. Lo más chocante y hasta ilegal es que los detenidos o expulsados de la capital rusa son ciudadanos de las repúblicas transcaucásicas que se integran en la Federación Rusa.

El primer ministro italiano, Enrico Letta, se desgañitó inútilmente ante sus homónimos de la UE y la burocracia de Bruselas sin lograr otra respuesta que el aplazamiento de cualquier decisión. Le acompañaba el lamento casi unánime de la prensa italiana. “Europa debe abrir los ojos”, pidió el diario romano Il Messagero, después de que el papa Francisco fustigara “la vergüenza” de Lampedusa. Los medios italianos lamentan los excesos represivos de la ley aprobada bajo el impulso de la Liga Norte, el partido xenófobo y populista de la Italia pudiente (Lombardía), el mismo que inventó la consigna de “Roma ladrona” para encubrir el egoísmo fiscal.

El símbolo de una estudiante romaní

 En Francia, el presidente socialista François Hollande y su gobierno se vieron atrapados en una espiral de expulsiones y protestas que no supieron prever cuando criticaron acerbamente las actuaciones en casos similares del anterior presidente, el derechista Nicolas Sarkozy. Las deportaciones sin expediente previo de un estudiante armenio, Khatchik Kachartyran, de 19 años, y de una gitana de origen kosovar, Leonarda Dribani, de 15 años, alumna de un liceo, ésta junto con toda su familia, provocaron una desgarro de vestiduras en toda la izquierda y la querella dentro del gobierno, mientras los estudiantes volvían a buscar la playa de la tolerancia levantando los adoquines de los bulevares para lanzarlos contra la policía.

leonarda

Leonarda Dribani y su familia

Hollande se mostró incapaz de superar sus contradicciones, desgarrado entre su conciencia, el recuerdo punzante de las emociones izquierdistas, el imperio de la ley y su aplicación burocrática. Alarmados por el ascenso electoral del Frente Nacional (FN), que sin duda pesca en los caladeros de la izquierda socialista y comunista, entre las clases menos favorecidas, los socialistas no sólo mantuvieron la política de inmigración de la derecha, sino que introdujeron nuevas restricciones y aligeraron algunos procedimientos de deportación de simpapeles bajo el impulso muy decidido del ministro del Interior, Manuel Valls, del sector situado más a la derecha en las filas del PS, aparentemente con el respaldo de la mayoría de los franceses.

Para tratar de sofocar el incendio provocado tanto en la calle como en los despachos de los partidos de izquierda, el presidente Hollande, en una breve aparición televisada, aseguró: “La ley fue escrupulosamente respetada, pero hubo una falta de discernimiento en la ejecución de la operación”, en referencia al hecho de que la niña romaní, Leonarda, fue detenida por la policía (“interpelada” es el eufemismo galicano) cuando participaba en una excursión escolar, para ser inmediatamente deportada, sin respetar, por lo tanto, “el santuario de la escuela” tantas veces invocado contra Sarkozy.

De manera sorprendente, Hollande añadió que la niña deportada podría volver a Francia para proseguir sus estudios, “pero sin su familia”. Una decisión poco afortunada, hija del buenismo, que pretende cumplir tanto la ley como las recomendaciones de los organismos internacionales y el sentido común –no separar a los menores de sus padres–, pero que, al mismo tiempo, ofrece una innecesaria exhibición política de los sentimientos, a través de la televisión, fruto de una ambigüedad muy enraizada en la socialdemocracia europea que con frecuencia incurre en el tartufismo, según dicen los franceses, es decir, en la hipocresía.

La salomónica e impracticable decisión presidencial encolerizó a la izquierda más comprometida y animó a la oposición derechista que estaba muy alicaída. Jean-Luc Mélenchon, líder del Frente de la Izquierda, se sumó a la movilización de los estudiantes, y uno de sus colaboradores, Alexis Corbière, sentenció dramáticamente: “Obligar a una niña a elegir entre la escuela y su familia es de una crueldad abyecta.” Prosigue el exhibicionismo sentimental. Hasta el primer secretario del Partido Socialista (PS), Harlem Désir, se mostró crítico: “Leonarda debe regresar con sus hermanos y su madre.” El único que no debería volver, según la opinión de ese líder socialista, es el padre de la niña, Resat Dibrani, que mintió en varias ocasiones para confundir a la policía sobre su origen y ocultar su inclinación por los bienes ajenos, por los pequeños hurtos en que incurren tantos marginales para sobrevivir. Herido en sus sentimientos, el secretario socialista no vacila en la resolución arbitrista del problema mediante la separación del padre del resto de la familia.

Entonces salió a la palestra Rachida Dati, que fue ministra de Justicia con Sarkozy, eurodiputada y de origen magrebí, estrella ascendente de la derechista Unión por un Movimiento Popular (UMP), para leerle la cartilla a Hollande, al que acusó de “violar la Constitución” al proponer el retorno de la colegiala romaní: “Este asunto revela no sólo las contradicciones, sino también la incompetencia extremadamente peligrosa de este gobierno que pone en tela de juicio el Estado de derecho y el respeto de la ley.” Y se preguntó cómo “el presidente de la República puede ir contra la decisión de los magistrados”  y acusar a la policía de “falta de discernimiento” al realizar la deportación de Leonarda. Su conclusión fue tajante: diga lo que diga el presidente, “el retorno es legalmente imposible”.

Las acusaciones cruzadas se producen con el telón de fondo del ascenso electoral del Frente Nacional y la mejorada imagen de su jefa, Marine Le Pen, menos truculenta que su padre y con un discurso económico renovado. Según una encuesta del semanario Le Nouvel Observateur, de orientación socialista, el 24 % de los preguntados declararon que votarían al FN en las elecciones europeas que deberán celebrarse en mayo del año próximo, lo que coloca a aquél por delante de la UMP y el PS en la intención de voto. Si al sondeo añadimos la realidad del triunfo del FN en las elecciones en el cantón provenzal de Brignoles, el 14 de octubre, donde obtuvo más del 50 % de los votos, una primicia nacional, se comprenderá fácilmente la inquietud que reina en los estados mayores de los partidos tradicionales.

Por eso Rachida Dati aprovechó la situación para apretar donde más duele a “esa izquierda que debería ocuparse de los obreros que desean salvar su empleo y su empresa”, pero “a los que ha olvidado, lo que hace subir al Frente Nacional”. Efectivamente, no son los burgueses los que votan por el FN, sino más bien los obreros y empleados, con sus empleos amenazados, y en mayor medida, los que viven en los suburbios parisienses o en los departamentos meridionales con mayor proporción de inmigrantes.

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