Posteado por: M | 5 febrero 2014

La Constitución de Túnez, una esperanza democrática

Tres años después de la caída de la dictadura y el exilio del presidente Zine el-Abidine Ben Alí, refugiado en Arabia Saudí, Túnez es el único país árabe en el que la transición democrática sobrevive luego de innumerables convulsiones sociales, de dura confrontación y frágiles compromisos entre el sector laico y los islamistas de los Hermanos Musulmanes del partido Ennahda (Resurrección). La aprobación de una nueva Constitución por la Asamblea Nacional Constituyente, el 26 de enero de 2014, tras una laboriosa negociación, parece haber clausurado la parálisis política en que estaba hundido el país desde agosto de 2013. Un gobierno tecnocrático y neutral, dirigido por Medí Jomma, está encargado de preparar las elecciones legislativas con las que debe culminar el proceso, probablemente a finales del año en curso. 

“La Constitución más liberal del mundo árabe”, tronó el New York Times en un editorial laudatorio de los artífices de la moderación tunecina que han sido capaces de llegar a un compromiso para consagrar la libertad de conciencia, proclamar la igualdad de las mujeres en la vida política, prohibir la tortura e instaurar el Estado de derecho. No obstante, el artículo 1 del texto constitucional reconoce que “el islam es su religión [de Túnez, de los tunecinos], el árabe su lengua y la República su régimen”. Un régimen parlamentario, en el que el poder supremo recae en la Asamblea de Representantes del Pueblo, cuyos miembros serán elegidos por sufragio directo y universal para un mandato de cinco años.

Los tunecinos no religiosos se mostraron menos entusiastas, aunque se congratularon lógicamente por el avance democrático, a juzgar por lo que escribió Mohamed Ridha Bouguerra, en el periódico digital Kapitalis.com: “Una Constitución a imagen del país, es decir, objeto de forcejeos y disensiones entre ideologías y proyectos de sociedad diferentes, y hasta antagónicos (…) No obstante, debe reconocerse que teniendo en cuenta el paisaje político actual y las fuerzas en presencia en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, el resultado final es sin duda histórico y de ninguna manera debería desdeñarse.”

Esos antagonistas en cuanto al modelo de sociedad forzaron una complejidad excesiva y unas ambigüedades comprensibles en el texto constitucional finalmente aprobado por una mayoría abrumadora: 200 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones. La nueva Constitución reemplaza a la 1959, sancionada tras dos años de independencia, obra del afrancesado y laico presidente Habib Burguiba, que estaba en suspenso desde la revuelta de enero de 2011 que terminó con la dictadura del presidente Ben Alí y la huida de éste, que encabezaba uno de los regímenes más estables y respetados del mundo árabe.

La nueva Carta Magna establece un poder ejecutivo bicéfalo que se justifica históricamente por el temor de una nueva dictadura pero que augura nuevos conflictos. El presidente de la República, elegido por sufragio universal para un mandato de cinco años, designa para el cargo de primer ministro al candidato del partido o de la coalición electoral que haya obtenido mayor número de escaños en la Asamblea. Ésta puede pronunciar la destitución del presidente de la República, en caso de violación de la Constitución, y votar una moción de censura contra el gobierno.

El problema más vidrioso, el del papel del islam en la vida pública, refleja la más ardua transacción entre laicos e islamistas. Si el artículo 1 reconoce al islam como religión del país, no menciona la ley coránica (sharia) como fuente del derecho, según exigían los islamistas. El artículo 2 reafirma la naturaleza civil del Estado, pero sólo los candidatos de confesión musulmana podrán presentarse a la elección presidencial. El artículo 6 reconoce “la libertad de creencia y de conciencia”, un principio que debería impedir la persecución y castigo de la apostasía, pero, al mismo tiempo, prohíbe las ofensas contra lo sagrado, sin más precisiones, lo que permitirá al gobierno de turno limitar la libertad de expresión supuestamente para proteger las creencias religiosas.

La Constitución (un preámbulo y 146 artículos) establece la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, pero esa igualdad no se aplicará en algunos asuntos del derecho de familia, como el de la herencia, en los que se estará a lo que dispone la ley coránica. La paridad del hombre y la mujer a nivel electoral queda aplazada, si bien el Estado se compromete a “promover la paridad en las asambleas electas”. Tampoco están recogidas la abolición de la pena de muerte o la incorporación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como pretendían los liberales. Un progreso innegable es la creación de un Tribunal Constitucional, cuyas competencias limitan el poder legislativo y se extienden hasta la destitución del presidente de la República.

El compromiso acarreó una primera crisis política dentro del partido mayoritario Ennahda, cuya corriente más radical rechazó el texto y sigue abogando por una República islámica con la sharia como fuente principal del derecho. El presidente del partido, Rachid Ganuchi, no obstante, aceptó algunos compromisos con la esperanza puesta en un triunfo en las elecciones legislativas que le permita seguir avanzando en la islamización del país. “Nuestro enemigo es el laicismo –subraya un dirigente de Ennahda–. La aceptación de la democracia es transitoria, un puente para alcanzar un verdadero Estado islámico.”

Declaraciones de ese tenor, que son frecuentes en los medios de comunicación, dan pábulo a la hipótesis del sector laico que atribuye unos planes ocultos y conspirativos a los islamistas, que no cejarán en su empeño de imponer la sharia. Una acusación similar a la que los herederos de Ataturk dirigen contra el primer ministro turco, el islamista Recep Tayyik Erdogan, quien, tras diez años en el poder, se jacta de haber hecho avanzar la islamización reaccionaria de la sociedad, sobre todo, en las provincias rurales.

La lección que Túnez puede ofrecer al mundo árabe-musulmán está comprometida por las tensiones crecientes entre laicos e islamistas, la pésima situación económica después de tres años de revuelta y marasmo, un desempleo en torno del 20 % y una demografía galopante. El balance de la experiencia democrática es muy poco halagüeño, puesto que el sector laico o liberal perdió a dos de sus principales líderes, asesinados por los salafistas, y la impresión general es que la islamización avanza sin pausa por todo el país.

No obstante, mientras Egipto, Yemen y Libia siguen bajo el signo de la violencia, del caos militar o confesional, de una guerra larvada de fuertes connotaciones religiosas, la evolución de Túnez es la única refutación de las hipótesis más pesimistas sobre el destino de la que fue llamada “la primavera árabe”. El parto difícil de la Constitución ha sido la primera batalla democrática de un conflicto interminable por la modernización política.

 

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