Posteado por: M | 19 marzo 2014

En Venezuela, represión segura, diálogo incierto

El panamericanismo, que durante mucho tiempo estuvo sometido a la influencia exorbitante de Washington, parece haberse emancipado y discurre por unos derroteros que le alejan espectacularmente de las directrices norteamericanas, quizá como una consecuencia más del repliegue mundial que protagoniza Barack Obama y de la escasa atención que éste concede a los problemas de América Latina. Las reacciones hemisféricas ante la crisis de Venezuela confirman la extraña e inusual situación de aislamiento o indiferencia de EE UU entre los países que forman parte del que hasta ahora era su “patio trasero” y su espacio geoestratégico reservado.

 ¿Y qué decir de Europa? Otra vez el doble rasero, la hemiplejia moral: el respaldo político y monetario sin fisuras para los amotinados de la plaza Maidan de Kiev, hasta derribar al gobierno, y el autismo hipócrita ante los asesinatos de Caracas. La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, tan diligente durante la crisis ucraniana, probablemente no tiene tiempo para ir a Venezuela. En vez de interpelar al presidente Maduro por la sangre derramada, Ashton se limitó a publicar un anodino comunicado en el que condenó genéricamente el uso de la violencia y abogó por el diálogo entre el gobierno y la oposición, equiparando a las víctimas con el verdugo. El presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, y su cohorte de comisarios y portavoces mantienen un comportamiento similar. 

Ante la extremada polarización y la degradación de las condiciones de vida de los venezolanos, a lo más que llega la llamada comunidad internacional es a proponer el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, pero nada dice sobre cuál debe ser el objetivo del diálogo ni los actores que deben protagonizarlo, ni sobre los medios que deben emplearse para hacerlo posible. Nada sobre la persistente violación de los derechos humanos y de las exacciones por las escuadras paramilitares. No existe el menor indicio de que el chavismo se proponga parlamentar con la oposición sobre el desarrollo de esa entelequia del “socialismo del siglo XXI”, la nebulosa herencia del líder fallecido. 

La realidad es que sí existe el riesgo de que la continuación de las protestas y la represión implacable sirvan paradójicamente a los intereses del chavismo para desviar la atención de los pavorosos e inaplazables problemas del país, la ruina económico con las mayores reservas mundiales de petróleo conocidas. La última baladronada del oficialismo es el procedimiento abierto ante la fiscalía contra la diputada María Corina Machado, a la que el gobierno reprocha la instigación de las marchas de protesta. Si la denuncia prospera, no hay duda de que la Asamblea Nacional levantará inmediatamente la inmunidad parlamentaria de la opositora. 

Pese a la arrogancia de Maduro y sus correligionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el conglomerado de oportunistas que dominan el parlamento, algunas informaciones sin posible confirmación que circulan por Miami aseguran que los cubanos almacenan petróleo y se preparan para lo peor. Los emisarios y agentes de Castro en Caracas forman una especie de coraza ideológica y de seguridad en torno a Maduro, pero no es menos cierto que el caos se cierne sobre el país y que los subsidios venezolanos para Cuba se estiman en más de 6.000 millones de dólares anuales, algo más de lo que representaba la ayuda soviética hasta 1990. 

Los cabildeos de la OEA

 La Organización de Estados Americanos (OEA), la más antigua institución del sistema interamericano, vituperada demagógicamente como “el último reducto del imperialismo”, propinó un sonado varapalo a la diplomacia de EE UU,                                                                                                                                                                                                                    una humillación sin precedentes, en la votación realizada en el Consejo Permanente del organismo, en su sede de Washington, el 7 de marzo, cuando rechazó la propuesta panameña de “una mediación externa” para propiciar el diálogo y resolver la crisis venezolana. La delegación panameña sólo contó con el apoyo de EE UU y Canadá entre los 32 países asistentes. 

El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, que había solicitado la reunión de la OEA, tuvo que soportar las iras y las imprecaciones del presidente venezolano, que le llamó “lacayo rastrero” por haberse atrevido a sugerir “una mediación externa” para acabar con la violencia, como preconizaba la oposición moderada que encabeza Henrique Capriles, el que fue el candidato presidencial derrotado por muy escaso margen en las elecciones de abril de 2013 que siguieron a la muerte de Chávez. Tras los improperios de su presidente, Venezuela rompió las relaciones diplomáticas con Panamá.

 Luego de rechazar la propuesta panameña, el Consejo Permanente de la OEA, en una sesión maratoniana, aprobó otra resolución para respaldar “el diálogo nacional” que promueve el presidente Maduro, por 29 votos a favor y 3 en contra (EE UU, Canadá y Panamá). Los tres países que votaron en contra alegaron que el gobierno de Caracas no puede ser juez y parte en la mediación para resolver el conflicto. El espectáculo de los 29 embajadores votando en bloque contra la posición de Washington, apoyando implícitamente al presidente venezolano, causó un gran revuelo en el Congreso estadounidense y llevó al presidente a endurecer sus declaraciones.

 “En vez de empeñarse en distraer la atención de sus propios fracasos con falsas acusaciones contra los diplomáticos de Estados Unidos, el gobierno debería centrarse en responder a los legítimos agravios del pueblo venezolano”, señaló Obama luego de que Maduro hubiera decretado la expulsión de tres diplomáticos norteamericanos, acusados de reclutar a algunos estudiantes para radicalizar las protestas. Con un pretexto similar, el de eliminar a los testigos molestos, Caracas revocó también las credenciales de los periodistas de la cadena de televisión CNN que informaban de las manifestaciones.

 Fue un triunfo del bloque de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el grupo de países que lograron aglutinar los hermanos Castro y Chávez, sus fundadores en 2004, y que sigue enarbolando la bandera del antiimperialismo contra EE UU, con el que enmascara todas las incurias, además de utilizar el petróleo venezolano para engrasar la lucha ideológica. Junto a Cuba y Venezuela, el grupo está integrado por Bolivia, Nicaragua, Honduras, Ecuador y varios pequeños Estados del Caribe. Todos a una, los delegados de los países del bloque gestionaron con mano de hierro el acalorado debate en el Consejo de la OEA. Según el sarcasmo de Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay, el ALBA está integrada por “los gobiernos populistas y el comunismo monárquico de Cuba”.

 La OEA suspendió en enero de 1962 la participación de Cuba en sus organismos, bajo fuerte presión estadounidense, alegando a la sazón que el comunismo era incompatible con los principios democráticos inspiradores del sistema interamericano, diez meses antes de que estallara la crisis de los misiles soviéticos. La suspensión fue levantada en 2009, pero sigue sin materializarse su regreso a la institución tanto por problemas burocráticos como por el escaso interés de las autoridades de La Habana, que prefieren seguir maniobrando en la sombra a través de Venezuela y sus clientes. 

En realidad, el significado de la votación es problemático y bien pudiera tratarse de que la gran mayoría de países del hemisferio aboga por calmar la situación y respaldar al gobierno, quizá porque teme que la confrontación callejera desborde todas las previsiones ahora que el ejército y los consejeros cubanos están en las estribaciones más altas del volcán. Entre la miopía y el cálculo interesado. El aparente triunfo de Venezuela y el ALBA quedó mitigado por el avance que supone la apertura de consultas sobre un asunto vidrioso que hasta entonces se consideraba inabordable porque Caracas y La Habana se revolvían contra “las injerencias intolerables” en los asuntos internos de un país miembro.

Reunidos en Santiago de Chile, el 12 de marzo, para debatir sobre la crisis venezolana, los ministros de Exteriores de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), ese tímido proyecto que remeda la Unión Europea, en vigor desde 2011, se salieron literalmente por la tangente y acordaron crear una comisión para “acompañar, apoyar y aconsejar”, no se sabe a quién o cómo. Fue una penosa imitación de lo ocurrido en La Habana en enero, en la reunión de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac), cuando el presidente venezolano, Nicolás Maduro, siempre a la sombra de su homólogo cubano, Raúl Castro, aseguró que seguiría su camino, alejado de “los intereses imperiales” de Estados Unidos. En el mismo cónclave, Fidel Castro fue ensalzado como “guía moral y político”.

 La fractura del subcontinente 

Una vez más, el subcontinente está fracturado, y sus representantes no se atreven a llamar a las cosas por su nombre, a denunciar sin ambages la violación de los derechos humanos y el menosprecio de las más elementales normas de la democracia. Prefieren las apariencias y la sacralización el principio de no injerencia en vez de censurar los más evidentes actos liberticidas de los gobiernos de Caracas, Quito o Managua. Los jefes diplomáticos fingen que el régimen de Venezuela es legítimo, tras 15 años de erosión sistemática por el chavismo de todos los pilares democráticos, quizá porque están agarrotados por los viejos prejuicios y complejos que desató el frenético intervencionismo del coloso del norte en tiempos que siguen en la memoria de todos, de Río Grande a la Tierra del Fuego. 

Mientras continúa la integración económica, aunque con notables altibajos y excesos burocráticos, sin duda demorada por los quebrantos de Brasil y Argentina durante 2013, las cuestiones que afectan a los derechos humanos o el funcionamiento de la democracia se eliminan de los foros internacionales y se confinan en las relaciones bilaterales o en los cabildeos de las varias instituciones panamericanas. 

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, mantiene el silencio a la espera de que las grandes empresas brasileñas puedan abrirse camino en el devastado mercado venezolano y la explotación de los hidrocarburos. La presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, típico producto populista, se muestra incluso más comprensiva con la política represiva de Maduro. En Chile, la llegada a la presidencia de la socialista Michelle Bachelet añade un elemento por lo menos de neutralidad, cuando no de simpatía, hacia el chavismo. Tampoco el gobierno mexicano del PRI, siempre tan obsecuente hacia Cuba, está dispuesto a denunciar la escalada de la violencia y la violación de los derechos humanos en Venezuela. 

Consolidada la democracia, según lo establecido en la Carta de la OEA (2001), pero sometida en varios países a las tensiones propias del populismo, el desafío hemisférico no radica tanto en el respeto de los valores democráticos, que todos dicen acatar, con la excepción notable de Cuba, como en el funcionamiento real del sistema y en el cumplimiento de las expectativas creadas por la recuperación de la libertad. Las crecientes demandas populares ayudan a comprender el énfasis puesto en la integración económica, pero el cambio estratégico es incuestionable. “Las dinámicas regional e interna están separándose aceleradamente de Washington”, reconoce un especialista en el New York Times. 

La diplomacia interamericana está signada por la discriminación a favor de una izquierda populista completamente desacreditada en lo que atañe a la gestión de los asuntos públicos, devorada por la corrupción y la incompetencia, pero que mantiene el aura de una falsa resistencia frente al imperialismo norteamericano cada día más apagado. La única unanimidad posible se produce curiosamente para fustigar el embargo de EE UU contra la dinastía los Castro. La OEA sólo volvería a interesarse por la situación en Venezuela si se produce “una grave ruptura del orden democrático”, según las palabras de su secretario general, el socialista chileno José Miguel Insulza.

Lo del “orden democrático” en Venezuela no deja de ser una fórmula retórica, desconectada de la realidad. En abril de 2013, Maduro fue declarado presidente por un estrecho margen (1,5 % de los sufragios) por un tribunal electoral controlado por el gobierno y luego de una campaña plagada de irregularidades y amenazas contra la oposición. El presidente y sus consejeros cubanos parece que han aprovechado la resolución de la OEA para un recrudecimiento de la represión. Uno de los líderes de la protesta, Leopoldo López, portavoz de Voluntad Popular (VP), fue encarcelado en febrero por supuesta “incitación a la violencia”, pero la organización humanitaria Human Rights Watch, tras estudiar el caso, concluyó que no existían pruebas de que hubiera hecho otra cosa que ejercer su legítimo derecho a hablar mal del gobierno. Más de 1.500 personas han sido detenidas desde que comenzó la revuelta. 

Por misteriosos motivos de política interna, que varían mucho según los países, no están permitidas las críticas contra Maduro, no sólo por solidaridad ideológica, sino porque suministra petróleo barato a Cuba y contribuye de manera muy notable a la supervivencia del régimen comunista. Los otros clientes de la petropolítica venezolana, en Bolivia (Evo Morales), Ecuador (Rafael Correa) o Nicaragua (Daniel Ortega), también quedan al margen de cualquier escrutinio democrático, pese a sus conocidas arbitrariedades y cacicadas con los medios de comunicación o los opositores. El maná del petróleo, sin embargo, es cada día más aleatorio y disminuye en medio de la agitación y la violencia. 

El comportamiento es muy distinto cuando se trata de una maniobra derechista o que así lo parece, como se vio cuando en 2009 fue destituido el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, provocando las iras de la izquierda populista, y más recientemente el de Paraguay, Fernando Lugo, en 2012. Ambos países sufrieron inmediatamente las sanciones y el ostracismo por parte de EE UU y América Latina. El mismo reproche cabe dirigir a EE UU y la Unión Europea, aquejados de hemiplejia moral y política, tan empeñados en apaciguar a Maduro y sus cuates como poco interesados en las demandas apremiantes y las denuncias de la oposición venezolana.

El sector liberal o centrista está muy reducido, en franco retroceso en el hemisferio. Sólo los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Panamá, Ricardo Martinelli, se han atrevido a pedir a Maduro que detenga la sangría. También lo hizo el chileno Sebastián Piñera, pero éste ya ha sido sustituido por la socialista Michelle Bachelet. Otros países tienen instituciones democráticas consolidadas y economías que en estos momentos funcionan relativamente bien, como Brasil y Perú, pero no se puede pedir a sus presidentes respectivos, Dilma Rousseff, una ex guerrillera, y Ollanta Humala, ex militar izquierdista, que se pronuncien internacionalmente contra los gobiernos cubano o venezolano. 

La lealtad hacia el mito del castrismo

En la búsqueda de los motivos para tanto despropósito, el escritor e historiador mexicano Enrique Krauze, editor de la prestigiosa revista Letras Libres, analista insuperable del chavismo, reflexiona sobre ese viraje de la diplomacia de los países americanos: “El atraso político en América Latina se explica esencialmente por la lealtad hacia lo que no deja de ser un mito: que la revolución social, no la democracia, constituye la ruta preferida. Nuestros ídolos políticos no han sido demócratas, sino más bien redentores, como Fidel Castro.” 

Para explicar lo ocurrido en las últimas reuniones panamericanas, Krauze apunta al extraño prestigio de que goza aún la revolución cubana, pese al desastre de la gestión, la ruina del país y la fractura del pueblo cubano, pero también “a los fríos cálculos económicos de varios países”, como Brasil, que están adoptando las posiciones que reputan más convenientes para promocionar sus intereses cuando los Castro y el castrismo abandonen el escenario. Hiriente es su crítica de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, “que fue torturada por los militares brasileños cuando era estudiante, y que ahora defiende, o al menos tolera, la represión armada contra los estudiantes en Venezuela”.

La misma diatriba podría lanzarse contra la Unión Europea, que trata de mejorar las relaciones económicas con Cuba, levantando las restricciones que fueron impuestas por iniciativa del gobierno de José María Aznar en 1996, plasmadas en la llamada “posición común”, y que ahora observa un silencio indignante sobre la represión desencadenada por el gobierno venezolano contra los manifestantes desarmados. Parte de la socialdemocracia europea no ha ocultado nunca su extraña fascinación por el castrismo y su deseo ahora de proteger al régimen de los Castro con el pretexto de evitar un derrumbe político y un cataclismo económico. 

La pobreza, la inflación y la criminalidad 

Pese a sus muy dudosas credenciales democráticas, el chavismo sin Chávez sería más tolerable si no fabricara pobreza y no multiplicara los muertos. Venezuela es el país con más alta inflación del mundo (56 %), padece una crónica penuria alimentaria y tiene uno de los más altos niveles de criminalidad, con unos 100 asesinatos anuales por cada 100.000 habitantes, como si fuera un Estado fallido. En el año transcurrido desde la muerte de Chávez, más de 25.000 personas murieron en actos criminales. Caracas es una de las capitales más violentas del mundo y sufre continuos apagones. La corrupción en las esferas próximas del poder se acrecienta en una medida similar a la penuria. 

Aunque sin el furor, la teatralidad, la florida retórica y la convicción de Chávez, gran especialista de la estrategia del balcón, el heredero sigue utilizando todos los típicos guiños ideológico de la izquierda populista, corrupta e incompetente, que ahora se apellida bolivariana y que profiere sin cesar insultos y denuestos contra los yanquis y los pitiyanquis (pequeños yanquis o simpatizantes de los yanquis), para encubrir la ruina económica, las tiendas vacías, la ineficiente explotación petrolera, el oprobio subvencionado de los que no trabajan, pero están movilizados por el poder, y los 28 muertos y más de 300 heridos desde que comenzó en febrero la brutal represión contra los manifestantes en las calles de Caracas y otras ciudades. 

Cuando ha trascurrido mes y medio desde que comenzaron las protestas, el 4 de febrero en la ciudad de Valencia, el periodista venezolano Rafael Osío Cabrices, escribiendo desde Caracas en el New York Times, nos ilustra sobre la situación: “El gobierno de Nicolás Maduro respondió [a las protestas populares] con el empleo masivo de la fuerza militar, allanando despachos y domicilios particulares sin orden judicial, encarcelando a los civiles en instalaciones militares y aplaudiendo el asesinato de manifestantes por los grupos paramilitares.” 

La marcha hacia la dictadura se precipita y el gobierno consolida su control sobre los medios de comunicación después de adueñarse de Glovisión, la última emisora independiente. La radio privada está moribunda y la exigua prensa escrita sobrevive a duras penas, sofocada por las restricciones gubernamentales. La represión de la disidencia, todos las tendencias confundidas, no conoce tregua. De manera sorprendente, en las redes sociales pueden leerse mensajes de numerosos jóvenes que no sólo avalan al presidente Maduro, sino que tratan de “fascistas” y “reaccionarios” a los estudiantes venezolanos, en una demostración deplorable de la perversión moral y política que pueden esconderse en el ciberespacio. Cuando se ven en You Tube las imágenes de los estudiantes abatidos y muertos en las calles por los paramilitares, Maduro replica que el país está al borde de “una guerra cibernética”.

La confusión, la ignorancia y el sectarismo se entrelazan para crear una situación infernal ante la que es muy difícil mantener la serenidad de juicio. La división de los opositores también contribuye a ensombrecer el panorama y las expectativas. Mientras los radicales, dirigidos por María Corina Machado y Leopoldo López, agrupados en el movimiento La Salida, pretenden la caída del gobierno, la oposición moderada propugna el diálogo a través de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), cuya figura más destacada es Henrique Capriles. Los jefes militares, hasta ahora, mantuvieron su unidad y su obediencia al gobierno. Nada está escrito en Venezuela.

 

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