Posteado por: M | 26 julio 2014

Francia guillotina a sus regiones y defiende la unidad de España

Las élites políticas francesas, con una tradición jacobina bicentenaria, se llevan mal con la distribución y el reparto territorial del poder, hasta el punto de que el presidente de la República, el socialista François Hollande, y su primer ministro, Manuel Valls, éste nacido en Barcelona, están embarcados en un ambicioso proyecto de reforma que reducirá de 22 a 13 las regiones actuales, un simplificación profunda del milhojas competencial y una reducción considerable de la plétora funcionarial. Cuando la guillotina regional termine su trabajo, el 1 de enero de 2016, el ahorro para las arcas del Estado superará los 12.000 millones de euros, si bien el total es imposible de cuantificar en estos momentos porque el recorte y la supresión de las duplicidades orgánicas afectarán igualmente a los departamentos (provincias) y los municipios.

Las divergencias políticas en lo que concierne a la organización territorial del poder ya aparecieron en la revolución por antonomasia, la de 1789, cuando los llamados jacobinos (la izquierda) preconizaron un Estado fuertemente centralizado, mientras que los girondinos (la derecha) pretendieron infructuosamente mantener las provincias del Antiguo Régimen, del Estado absolutista. Los jacobinos ganaron la partida, mientras hacían funcionar la guillotina, y sus ideas fueron recogidas por la organización racional y napoleónica del Estado, dividido en departamentos igualitarios, centralizado “en torno a París”. La voluntad férrea de la izquierda naciente destruyó todas las formas de particularismo, incluido el lingüístico, reduciendo las lenguas minoritarias a la condición de patois (dialectos) a extinguir.

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Manuel Valls

Paradójicamente, gran parte de la izquierda española está anclada en una visión pasadista y reaccionaria que le lleva al elogio incongruente de la España austracista, anterior a 1714, vuelta de espaldas a la revolución que supuso la Constitución de Cádiz (1812), mientras se empecina en el nefasto discurso de la autodeterminación de los pueblos, como si viviéramos en el África colonial, o se niega a poner en tela de juicio el derroche improductivo de las autonomías –especial repercusión en Cataluña por el gasto patriótico y étnico-cultural–, en el momento en que menguan los recursos disponibles y se recortan los servicios sociales.

En Francia, durante mucho tiempo, la nostalgia provincial estuvo vinculada a los sectores legitimistas y luego a la Action Française, el partido de la extrema derecha dirigido por Charles Maurras, adalid de un nacionalismo integral que englobaba la restauración monárquica, la regionalización y el corporativismo, precursor del fascismo. Las concomitancias con Maurras de Enric Prat de la Riba y el incipiente nacionalismo catalán, cuando alboreaba el siglo XX, son tan reaccionarias como innegables, por más que resulten incómodas para un particularismo que, a pesar de la historia, de su etnicismo y su xenofobia, de sus prejuicios, en suma, pretende preservar el marchamo progresista que tan abusivamente se adjudica.

La regionalización como fenómeno administrativo y político no reaparecerá en Francia hasta después de la Segunda Guerra Mundial, como una forma de descentralización, por motivos esencialmente económicos, en virtud de la cual el Estado acuerda una autonomía administrativa a las regiones y les transfiere alguna de sus prerrogativas. Los primeros vagidos de la regionalización se oyeron en los años 50, como parte de la planificación indicativa que presidía el desarrollo económico. Las regiones aparecieron en 1955 como circunscripciones de la acción territorial del Estado, a cuyo frente se colocó un prefecto de región, cargo creado por decreto en 1964.

Los dirigentes de la República, constitucionalmente indivisible, tildada con frecuencia de jacobina y uniformadora, abordaron siempre à contrecoeur la regionalización, los  intentos diversos de reorganizar el territorio nacional en regiones de escaso relieve competencial, concebidas como meras demarcaciones administrativas, para mejorar la eficacia de la irrenunciable intervención cohesionadora del Estado. Los objetivos democráticos de libertad, igualdad e imperio de ley prevalecieron sobre el principio étnico (völkisch) de origen germánico.

En manos de una clase política de voluntad centralizadora, ideológicamente dominante, el regionalismo en Francia se transformó en “una descentralización superficial desmentida en el fondo por la subordinación indirecta al poder central”, según la conclusión del profesor Georges Burdeau, maestro de politólogos.

Tras la resaca de los acontecimientos de mayo de 1968 y la victoria abrumadora de la derecha en las elecciones generales subsiguientes, el nuevo capítulo de la regionalización fue abierto por el jefe de la Resistencia y fundador de la V República, el general Charles de Gaulle, ya en su ocaso, con la presentación ante la Asamblea Nacional (diciembre de 1968) de un proyecto de ley para la creación de regiones y la reforma del Senado a fin de convertirlo en una cámara territorial. En busca de la racionalidad económica, ampliaba las competencias de las colectividades territoriales y preveía disposiciones especiales para las regiones de Île de France (aglomeración de París), Córcega y los territorios de ultramar. El Senado estaba llamado a ser una cámara consultiva sin ningún poder de veto sobre las decisiones gubernamentales o el proceso legislativo ordinario en la Asamblea Nacional.

El proyecto de regionalización y reforma del Senado, sometido a referéndum el 27 de abril de 1969, fue rechazado por los electores: 52,41 % de votos en contra, y provocó la dimisión inmediata e irrevocable del presidente De Gaulle, que había prometido retirarse de la política si no ganaba el plebiscito. Y cumplió lo que dijo, recluyéndose en Colombey-les-Deux-Églises, como no podía ser de otra manera en razón de la altura histórica del personaje, para proseguir su portentoso ejercicio de memorialista con la redacción de las Memorias de esperanza. La izquierda se sintió aliviada en su travesía del desierto.

La regionalización experimentó un nuevo impulso tras la elección del socialista François Mitterrand (1981) y su primer gobierno, con Pierre Mauroy, que era alcalde de Lille y gran notable del PS, como primer ministro. El proyecto fue presentado y defendido por Gaston Defferre, ministro del Interior y de la Descentralización, alcalde casi perpetuo de Marsella con aires caciquiles o clientelares. Las leyes de descentralización (mayo de 1981-marzo de 1983) compaginaron la regionalización con las disposiciones constitucionales jacobinas. El 2 de marzo de 1982 fue promulgada la “ley relativa a los derechos y libertades de los municipios, los departamentos y las regiones”. La región obtuvo el estatuto de “colectividad territorial”, del que ya disfrutaban los municipios y los departamentos, con un Consejo Regional o parlamento elegido por sufragio universal.

El caso específico de Córcega

Como respuesta al terrorismo étnico de las fuerzas nacionalistas, la isla de Córcega, integrada en Francia desde el tratado de Versalles de 1768, fue dotada de un estatuto de autonomía particular por la ley del 2 de marzo de 1982, revisada por sendas leyes de 1991 y 2002. Éstas fueron, a su vez, declaradas no conformes con la Constitución por tres decisiones del Consejo Constitucional cuyos fundamentos se resumen en dos ideas esenciales: Córcega es una colectividad territorial específica y, al mismo tiempo, es una parte integrante de la República indivisible que garantiza la igualdad de los ciudadanos, corolario de la unicidad del pueblo francés como titular de la soberanía.

El artículo 1 del estatuto de 1991, adoptado por el Parlamento a pesar del dictamen desfavorable del Consejo de Estado, estableció que “la República francesa garantiza a la comunidad histórica y cultural que constituye el pueblo corso, componente del pueblo francés, los derechos de preservación de su identidad cultural y de defensa de sus intereses económicos y sociales específicos”.

El Consejo Constitucional, sin embargo, en su decisión del 9 de mayo de 1991, en el considerando 13, estableció que “la mención hecha por el legislador del ‘pueblo corso componente del pueblo francés’ es contraria a la Constitución, la cual sólo reconoce al pueblo francés sin distinción de origen, de raza o de religión”. Para justificar su decisión, el Consejo Constitucional esgrimió los preámbulos de las Constituciones de 1946 y 1958, la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 y otros textos jurídicos concordantes, todos los cuales sostienen que sólo el pueblo francés tiene valor constitucional. Quedaba claro que “el pueblo corso”, el concepto volátil de que tan abusivamente invocan los nacionalistas, no podía aparecer como sujeto político decisorio. La parte no puede decidir sobre lo que afecta al todo.

Los principios de indivisibilidad de la República y unicidad del pueblo francés (“ninguna sección o parte del pueblo puede atribuirse el ejercicio de la soberanía nacional”) fueron reiterados en otras decisiones del Consejo Constitucional. Así, en su decisión del 15 de junio de 1999, relativa a la Carta europea de las lenguas regionales y minoritarias, reiteró que “el principio de unicidad del pueblo francés tiene igualmente valor constitucional”, lo que se opone a que “sean reconocidos derechos colectivos a cualquier grupo que se defina por una comunidad de origen, de lengua, de cultura o de creencia.”

Por supuesto, esos principios constitucionales franceses sin duda son aplicables en España, cuya Constitución de 1978 establece la indivisibilidad de la nación española y atribuye al pueblo español en su conjunto la titularidad de la soberanía, sin que ninguna de sus partes (los catalanes, por ejemplo) pueda ejercerla separadamente. La claridad de los pronunciamientos jurídico-constitucionales contrasta con las vacilaciones y complejos de los políticos de las más diversas tendencias y la pretensión de algunos de suplantar el imperio de la ley, consustancial con la democracia, por un voluntarismo sedicioso.

Todavía contamos en España con sedicentes intelectuales, como Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que fue miembro de la comisión parlamentaria que redactó la Constitución de 1978, que defienden a machamartillo “los derechos históricos” del País Vasco y Cataluña, esos extravagantes “derechos de los muertos”,  y que, en virtud de ese pensamiento tradicionalista y predemocrático, asesoran a los separatistas vascos y catalanes sobre la mejor manera de hacerlos valer frente al resto de españoles. Y lo peor de todo es que la izquierda ofrece síntomas preocupantes de haber sido seducida por semejante superchería.

La pulsión jacobina, sin embargo, nunca abandonó a la izquierda francesa, hasta el punto de que el socialista Jean-Pierre Chevènement, que fue varias veces ministro en los gobiernos del presidente Mitterrand, abandonó el PS y advirtió ruidosamente contra la landerización de Francia, a imitación de Alemania, es decir, contra la sumisión del Estado-nación clásico al orden federalista. Como señala el semanario alemán Die Welt: “Jacobinos, republicanos y conservadores coinciden y proclaman en todos los tonos posibles que privar a París de su poder equivaldría a hacer estallar a Francia en pedazos.” Quizá piensan también que Tony Blair, cuando era primer ministro británico, actuó como aprendiz de brujo al otorgar sendos estatutos de autonomía a Escocia y el País de Gales, la primera batalla ganada por el nacionalismo separatista escocés.

La eficiencia económica vuelve a la primera línea de la activad política con el proyecto del primer ministro, Manuel Valls, que propugna una regionalización al revés, es decir, una reducción drástica del número de regiones, que pasará de 22 a 13 en la Francia metropolitana. Con las fusiones previstas, las regiones francesas serán más parecidas en territorio y habitantes a los Länder alemanes (la población media de los 16 estados federados alemanes es de 5,1 millones). Algunas autonomías españolas apenas si superan los 500.000 habitantes. El proyecto gubernamental afectará también a los municipios y departamentos, pues incluye la concentración de servicios para evitar las duplicidades y la extinción posterior de los órganos de gobierno provincial y regional. Los ayuntamientos deberán contar, al menos, con 20.000 habitantes (ahora, 5.000).

El proyecto de ley de la reforma territorial, presentado por el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, fue aprobado por la Asamblea Nacional el 23 de julio, por 261 votos contra 205, merced a la mayoría absoluta de que dispone el Grupo Socialista y la abstención de los ecologistas. En su discurso ante los diputados, Cazeneuve afirmó: “Nuestro objetivo no es crear regiones identitarias, como ocurre con Cataluña en España, Piamonte en Italia o Baviera en Alemania.” Frente al etnicismo particularista, Francia sigue defendiendo con uñas y dientes la cohesión nacional. El Senado examinará el proyecto en segunda lectura en la próxima sesión parlamentaria de otoño, en la que se espera un recrudecimiento de la oposición manifestada por los elementos más caciquiles del sistema político.

La aplicación de la ley regional entrañará la fusión de varias de las regiones existentes: Poitou-Charentes y Limousin se incorporan a Aquitania; se fusionan las dos Normandías, y el Nord-Pas de Calais se une con Picardía; Alsacia y Lorena absorben la Champaña-Ardenas. En el sur, el Languedoc-Rosellón se fusiona con los Pirineos Centrales (Midi-Pyrénées), para formar una gran región que presumiblemente tendrá su capital en Toulouse; Auvergne se une con Ródano-Alpes, y Borgoña con el Franco-Condado. Île de France, Bretaña, Córcega, País del Loira, Centro y Provenza-Alpes-Costa Azul quedan como estaban.

“La patria, la República, la nación”

En contraste con la convicción y la energía de que ha hecho gala el primer ministro francés, que se refirió a “la madre de todas las batallas” para realzar la importancia del proyecto de su gobierno contra los excesos regionales, las promesas de Mariano Rajoy y del Partido Popular (PP) de racionalizar los órganos y la gestión de las tres administraciones públicas (central, autonómica y municipal), incluidas la supresión de las diputaciones, el freno de las extravagancias (aeropuertos sin aviones, museos sin fondos de arte, etc.) y la reducción de los más de 8.000 municipios, muchos de ellos minúsculos, dormitan en la alcoba maldita de la incuria nacional, el arbitrismo tertuliano y el más crudo oportunismo electoral.

Ante los silencios o las vacilaciones de Rajoy y los socialistas españoles, en medio de la cacofonía del discurso de los partidos españoles en su ambigua defensa de la unidad nacional, los máximos dirigentes franceses aprovechan cualquier oportunidad para subrayar los valores del Estado-nación tradicional y denunciar los graves quebrantos que ocasiona el particularismo. En su discurso ante los Reyes de España, en la visita de éstos a Francia, el 22 de julio, el presidente Hollande hizo un llamamiento para “reafirmar la fuerza de nuestros valores” y criticó severamente “las identidades regionales que mañana querrán ser identidades nacionales”.

El primer ministro no le va a la zaga. Resulta aleccionador el comprobar cómo el socialista Manuel Valls, en su visita a Madrid el 23 de julio, fustiga sin ambages “los corporativismos” de Francia, la resistencia frente a las reformas, y defiende con convicción los postulados de una izquierda reformista y socialdemócrata, “las reducciones de impuestos a las empresas y una rebaja del coste laboral”, unas propuestas muy alejadas de las que formula la izquierda española en la oposición para superar la crisis económica. Pero lo más reconfortante es escuchar que el primer ministro francés, desdeñoso de las etiquetas, habló con entusiasmo de “la patria, la República, la nación” y defendió calurosamente “una España fuerte y estable”, un vecino y aliado que no esté debilitado por las tensiones centrífugas, especialmente agudas en Cataluña.

En su conferencia de prensa en Madrid, Valls lanzó un rotundo aviso a los separatistas catalanes: “Se equivoca radicalmente quien diga que una separación no tiene consecuencias sobre la economía, sobre la partencia al euro o la propia Unión Europea. Hay que decir con toda claridad cuáles son las consecuencias (…) Si los Estados-nación pierden fuerza y se dividen, toda Europa se debilita. Quiero una España fuerte. Eso es lo importante.” Palabras que la izquierda española no profiere desde hace mucho tiempo, probablemente desde la guerra civil de 1936-1939 y, en algunos casos, desde el lacerante exilio que siguió.

 

 

 

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