Posteado por: M | 3 agosto 2014

Argentina, entre la quiebra y la demagogia

Argentina se encuentra de nuevo en suspensión de pagos, desde el 30 de julio, por segunda vez en lo que va de siglo, por octava vez desde la independencia (1816), como secuela de la reclamación de los fondos de inversión que no se acogieron a las quitas de la deuda nacional (reestructuración) en 2005 y 2010, tras la quiebra (default) de 2001, la insolvencia y el masivo impago de 95.000 millones de dólares ocasionados por el corralito. Uno de los grandes países del futuro, que a mediados del siglo XIX disponía de una renta por cabeza similar a la EE UU y Canadá, polo de atracción de la emigración europea, está de nuevo bajo la picota financiera internacional, pero sus crónicos quebraderos de cabeza económicos serían incomprensibles sin reparar en los efectos devastadores de un sistema político tan arraigado y populista como anacrónico, dominado por el peronismo.

El problema financiero, la crisis de la deuda, tiene carácter internacional, se desarrolla según los criterios concordantes de un juez de Nueva York y del Tribunal Supremo de EE UU, a cuya jurisdicción se acogió el Estado argentino para emitir los bonos de la deuda. El impago selectivo repercutió inmediatamente en los mercados pese a su modesto volumen económico, unos 1.330 millones de dólares, más los intereses. Una sentencia del Tribunal Supremo norteamericano dictada en 2012 ratificó la decisión de un juez federal y obligó a Argentina al pago íntegro de esa deuda a dos fondos de capital riesgo (NML y Aurelius) que no aceptaron la quita o condonación parcial y el canje de los bonos, acordados en 2005 y 2010, a razón de 33 centavos por cada dólar.

Siguiendo esa jurisprudencia, el juez federal Thomas Griesa, que atiende la reclamación de los fondos de inversión de alto riesgo, apodados especulativos o buitres, dictó una sentencia por la que obliga al gobierno argentino a pagar prioritariamente el total de la deuda a estos acreedores minoritarios e irreductibles (el 8 %) que no aceptaron la reestructuración. El magistrado ordenó, al mismo tiempo, el bloqueo de los 539 millones de dólares que el gobierno argentino había depositado en un Banco de Nueva York para pagar al resto de los acreedores (el 92 %), es decir, los que disponen de los bonos devaluados en 2005 y 2010, con los que perdieron el 67 % de la inversión inicial.

Como Argentina no pudo pagar a los bonistas el 30 de julio, debido al bloqueo decretado por el juez Griesa de los 539 millones de dólares depositados en Nueva York, el embrollo jurídico-financiero desembocó en la suspensión de pagos parcial o selectiva, decretada por las agencias de calificación crediticia, rechazada airadamente por el gobierno de Buenos Aires. La sentencia del juez Griesa produjo una comprensible división de opiniones y comentarios muy diversos en los medios financieros de Nueva York, en Buenos Aires y por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), el organismo especialmente dedicado a estudiar y remediar la situación de los países altamente endeudados en todo el mundo.

Los críticos de la decisión del juez Griesa alegan que ésta animará a otros acreedores a solicitar el pago total ante los tribunales, lo que dificultará enormemente las negociaciones para la reestructuración de la deuda de otros países y levantará nuevos obstáculos para la recuperación económica global. Desde la izquierda (los liberales en EE UU), la actuación de la justicia norteamericana ha sido fustigada por promover “el gran triunfo de los especuladores”. En su opinión, Argentina ha sido colocada ante un dilema endemoniado e injusto: pagar por completo a una pequeña parte de sus acreedores o atenerse a las consecuencias de una indeseada suspensión de pagos.

Ese dilema deriva de las cláusulas RUFO (Rights Upon Future Offers o derechos sobre las ofertas futuras), acrónimo inglés que designa las estipulaciones del contrato de reestructuración que garantizan las mismas condiciones a todos los bonistas, incluso a los que habían aceptado las quitas, si se pagara el total de la deuda a algunos acreedores antes del 5 de enero de 2015. El gobierno argentino se encuentra entre la espada y la pared hasta esa fecha: si paga totalmente a los fondos especulativas, los otros acreedores recuperarán todos sus derechos, de manera que la deuda se dispararía hasta unos niveles estratosféricos que arruinarían al país y forzarían una nueva e incierta negociación.

No faltan argumentos, en sentido contrario, a los que invocan la seguridad jurídica y la santidad de los pactos. Otros especialistas justifican la actividad de los fondos de alto riesgo, imprescindibles para canalizar la inversión y promover el desarrollo, y defienden su pretensión de cobrar el principal y los intereses de los bonos emitidos por el Estado argentino según la legislación norteamericana. La lógica mercantil es implacable. La suspensión de pagos o default, como subraya el profesor Jonathan R. Macey, de la universidad de Yale, consiste simplemente en la incapacidad de una de las partes para cumplir con las obligaciones derivadas de un contrato válido. Como cualquier otro deudor, Argentina está obligada a cumplir con sus obligaciones contractuales.

Mientras no se arbitre un procedimiento más equitativo, internacionalmente aceptado, para resolver de otra manera las crisis reiteradas de la deuda, la aplicación del derecho norteamericano resulta ser la única manera viable de evitar el caos generalizado, a pesar del enorme poder de los jueces para interpretar las leyes y su propensión a mostrarse creativos en exceso. Las tiradas demagógicas contra los llamados fondos buitres, a los que se denigra como un producto del capitalismo más despiadado, olvidan que éstos se nutren de las participaciones de los ahorradores norteamericanos o europeos que están dispuestos a asumir riesgos extraordinarios.

Según Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, “la creciente complejidad de los mercados hace muy difícil que los países en vías de desarrollo se liberen por sí mismos de la pesada carga de la deuda, de manera que la desigualdad crece en todo el mundo” y refuerza la impresión de que los fondos especulativos pueden tener éxito en su empeño de infligir a cualquier Estado “una derrota humillante”. En consecuencia, considera necesario “un sistema global” para la reestructuración de la deuda, como ya propuso el FMI cuando se produjo la suspensión de pagos de Argentina en 2001, una iniciativa que fue vetada por Washington.

Los avatares del populismo desde Perón

Hasta aquí, el embrollo jurídico-financiero. A partir de la decisión del juez Griesa comenzó en Buenos Aires el melodrama típico del populismo, el ondear de la bandera albiceleste para tapar todas las vergüenzas y la incontinencia verbal de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con su inconfundible estilo de pasionaria de telenovela, o de su joven ministro de Economía, Axel Kicillof (Kichi para los amigos), negando la evidencia y tratando de eludir sus enormes responsabilidades en este nuevo descenso a los infiernos de una población alienada por una ideología política confusa que lo mismo sirve para realizar estrategias ultraliberales (como hizo Carlos Saúl Menem) que para multiplicar las intervenciones y los subsidios como paso previo para imprimir velocidad a la máquina de fabricar los billetes, como viene haciendo Fernández desde que sucedió a su marido, Néstor Kirchner, en 2007.

El populismo tiene una larga y todavía viva tradición en América Latina, pero la máxima y más duradera expresión del fenómeno se desarrolló en Argentina, donde el nacionalismo, la sustitución de importaciones y el corporativismo de inspiración fascista se citaron en el ideario del Partido Justicialista, coronado por el  caudillo-presidente Perón y su más estrecha colaboradora y esposa, Eva Duarte, figura mítica encargada de conectar directamente con los descamisados (versión populista del proletariado), concentrados ritualmente en la plaza pública para escuchar las promesas y las dádivas del poder. Una vez más, el pueblo presente y actuante que condenó a Jesús y absolvió a Barrabás.

Pese a las reticencias que suscitaban el régimen y la personalidad de Perón, al promediar el siglo XX Argentina estaba aún entre los diez países con mayor renta por cabeza del mundo. Sobre esa realidad prometedora se proyectó una incultura política asombrosa y persistente en un país que pasa por ser el más educado del subcontinente. Los resultados no pueden ser más decepcionantes.

En esta ocasión, la presidenta Fernández tuvo la desgraciada ocurrencia de comparar la situación argentina con la que sufre Gaza. “Son misiles financieros, que cuestan vidas”, señaló Cristina, como la llaman los argentinos, en referencia a la acción de la justicia norteamericana. Y añadió: “Queremos convivir integrados a un mundo, pero también es hora de que ese mundo le ponga freno a los fondos buitres y los bancos insaciables.” Todos los focos del oficialismo apuntaron contra los “fondos buitres” convertidos a la manera populista en los chivos expiatorios de una situación económica calamitosa, con el país de nuevo inmerso en la recesión, los escándalos y la inflación en torno al 40 %. El ministro Kicillof atendió a la prensa a su regreso de Nueva York, fatigado y sin afeitar, y señaló sin ruborizarse que la afirmación de que el país entró en suspensión de pagos es “una pavada atómica”, hiperbólica expresión del negacionismo demagógico, de la ofuscación sedicentemente patriótica.

La maquinaria de propaganda se puso en marcha y retrocedió hasta los orígenes del peronismo con unos carteles pegados con profusión en los muros de Buenos Aires que nos introducen en el túnel del tiempo: “Ayer Braden o Perón. Hoy Griesa o Cristina”, con referencia al embajador norteamericano, Spruille Braden, que en 1946 se opuso a la elección del coronel Juan Domingo Perón, caudillo del justicialismo, por considerar que éste y algunos de sus más estrechos colaboradores abrigaban simpatías por los fascistas. O al juez neoyorquino Griesa como antagonista involuntario de la valerosa “reina Cristina”. La culpa siempre es de los gringos. El enemigo exterior y la retórica anticapitalista son dos de los principales ingredientes del indigesto potaje populista.

Las Malvinas, el archipiélago usurpado por Gran Bretaña, acudieron puntuales a la quermés patriótica. El cronista Luis Majul, especializado en la apócrifa epopeya de los Kirchner, sugirió que el gobierno “malviniza” el litigio con los fondos especulativos. “Cristina se ha crecido en esto como Galtieri en las Malvinas”, repitió la diputada opositora Elisa Carrió, candidata derrotada en las elecciones presidenciales de 2007. El general Leopoldo Galtieri encabezaba la Junta militar en 1982 cuando decidió ocupar las Malvinas con la pretensión de insuflar nueva vida a una dictadura decrépita y financieramente asfixiada. El resultado fue la derrota militar ante el cuerpo expedicionario enviado por Margaret Thatcher, la muerte de 700 soldados y la caída del régimen.

La estrategia del balcón y la dádiva

 Aunque el maquillaje disimule las heridas del tiempo, el ocaso de Cristina se presenta tan sombrío como el de muchos de sus predecesores. La situación económica no es tan desesperada como la que se produjo a finales del siglo pasado (1999-2001), cuando el producto interior bruto (PIB) se redujo a la mitad, las devaluaciones y el infame corralito empobrecieron a la inmensa mayoría de los argentinos y el poder cambió de manos de manera incontrolada. El peronismo volvió a sacar partido de la inmensa desgracia con la llegada al poder de un oscuro gobernador provincial, Néstor Kirchner, en 2003, con una estrategia retóricamente izquierdista.

La presidenta Fernández y su equipo de jóvenes promesas no han sabido, una vez más, situar al país en la senda virtuosa que asegure un desarrollo sin grandes sobresaltos. La espectacular mejora de las exportaciones de materias primas sólo ha servido para la inveterada estrategia del balcón y la dádiva, las subvenciones demagógicas o las nacionalizaciones ruinosas por encima de la racionalidad económica. “Si la solución [del problema de la deuda] no es rápida, habrá más recesión  y más inflación”, diagnosticaba Juan J. Llach en el respetado diario La Nación. Si el crédito se retrae, como parece probable, se acelerará la emisión monetaria y se cebará la demanda de dólares.

Los Kirchner son los protagonistas de un decenio de oportunidades perdidas y miserias diversas, de perpetuación de la irresponsabilidad fiscal. Las infraestructuras se han deteriorado, la industria está obsoleta y la población no ha recuperado el nivel perdido con el hundimiento apocalíptico de 2001. Argentina sufre actualmente la segunda mayor inflación de 191 países, sólo superada por Venezuela. El crédito está caro, la productividad en retroceso y la inversión bajo mínimos, pero el gasto público se mantiene muy elevado.

Los datos que aporta el citado Juan J. Llach son preocupantes. El PIB por habitante apenas creció el 1,9 % en los últimos 15 años, la cifra más raquítica der todos los países del hemisferio. En vez de ir hacia delante, Argentina camina para atrás, en el cómputo general de los grandes países del hemisferio. En los últimos 15 años, el crecimiento fue superior en Perú (4,1 %), Chile (2,9 %), Uruguay (2,5 %), Colombia (2,3 %) y Brasil (2,1 %). En cuanto a la inversión extranjera, Argentina ocupa actualmente el noveno lugar entre los países de la región, por detrás de Brasil, México, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú y Uruguay.

Al inventariar “la pesada herencia económica de los K”, Llach denuncia algunos males notorios: “Hay enormes e insostenibles subsidios a sectores pudientes y claros excesos de empleo público, [pues] se destruyó la carrera del funcionario público reemplazándola por un burdo amiguismo y es baja la eficacia de la inversión en sectores claves como la educación, la justicia o la seguridad.” No se ensaña, sin embargo, con el enriquecimiento personal de los Kirchner en la Patagonia, a pesar de que se trata de un secreto a voces que recorre periódicamente los mentideros bonaerenses. Como demostraron con la turbia nacionalización de YPF, arrebatándosela a la española Repsol, Cristina y su más estrecho colaborador, el ministro Kicillof, desdeñaron de manera interesada pero suicida la reacción de los mercados internacionales.

Los resultados de esa arrogancia vulgar no pueden ser más decepcionantes, hasta el punto de que la mayor esperanza política está centrada en las elecciones presidenciales de octubre de 2015, a las que Fernández no podrá concurrir porque ya habrá agotado los dos mandatos previstos constitucionalmente. Lo que no sabemos es si con motivo de esas elecciones, tras el nuevo quebranto económico, se presentará una alternativa decente o si la ciudadanía ofrecerá alguna prueba de haberse curado del mal del peronismo.

 

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