Posteado por: M | 21 noviembre 2014

México, entre la reforma y la convulsión endémica

México está en ebullición, crece el tumulto social y se multiplican las manifestaciones de protesta por el secuestro y asesinato en masa de 43 estudiantes de magisterio en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, el 26 de septiembre. Un crimen horrendo, desgarrador, producto ominoso de la connivencia de los carteles del narcotráfico con las autoridades locales, que degrada el estado de derecho y pone en tela de juicio la idoneidad y la justicia de todo el sistema político. En medio de la indignación creciente, con los estudiantes en las calles, nadie se atreve a vaticinar si el país se dirige hacia un cataclismo anunciado o si las exigencias populares podrán encauzarse hacia unas reformas consistentes que restablezcan la dignidad y la esperanza.

mexico_iguala

Manifestantes en México capital

La desaparición de los 43 estudiantes es un nuevo episodio, especialmente brutal, de la represión extrajudicial tolerada y del permanente combate de los estudiantes mexicanos contra las autoridades locales, estatales y federales. Guerrero, con capital en Chilpancingo, situado en el suroeste del país, en la costa del Pacífico, es probablemente el estado más violento de la federación, de población dispersa y desamparada, mientras que sus estudiantes, y muy especialmente los normalistas, se encuentran siempre a la cabeza de las protestas y las manifestaciones contra el poder establecido, granjeándose la desconfianza o la inquina de los poderes fácticos. Un estado aparentemente rico en recursos naturales, pero que padece una marginación profunda y una pobreza ancestral; que concentra casi el ciento por ciento del cultivo de la amapola de la que se obtiene la heroína.

Terreno abonado para la encarnizada competencia de los carteles, para los vínculos inconfesables de la política con el crimen. Leo en el periódico Reforma, de Ciudad de México, el testimonio estremecedor de un residente en el estado de Guerrero: “En mi estado, las gentes siempre se han asesinado por venganza, odio, pasión o simplemente por costumbre (…) Nuestra tasa de homicidios es la peor del país, cuatro veces más elevada que la media nacional. Pero es la droga la que ha exacerbado esa familiaridad con la muerte.”

El crimen fue en Iguala

Según el relato que ofrece la prensa mexicana, los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinaga se trasladaron a Iguala con el objetivo de recaudar fondos para un viaje a la capital federal, donde el 2 de octubre iban a participar en la tradicional marcha conmemorativa de la matanza de Tlatelolco, en 1968. En la noche del 26 de septiembre, unos 30 agentes de la policía local abrieron fuego sin preaviso contra tres autobuses en los que se encontraban unos 90 normalistas. Los agentes dispararon contra los estudiantes porque éstos se habían apoderado de los autobuses municipales para regresar a Ayotzinaga. Una intervención a todas luces desproporcionada que resultó sangrienta, pero que encubría en realidad las exigencias de un cartel del narcotráfico para proteger sus exacciones de cualquier denuncia o fiscalización.

Varios testigos aseguraron que seis personas resultaron muertas por disparos de la policía (tres estudiantes y tres viandantes) en una avenida de Iguala y otras 25 quedaron heridas de diversa condición. Los 43 estudiantes de entre los supervivientes de la balacera, de entre 18 y 21 años, escolarizados en los dos primeros cursos de la normal, fueron obligados a subir a varios vehículos de la policía, luego a un camión para el ganado y finalmente entregados a los sicarios de un cartel de narcotraficantes llamado Guerreros Unidos, hegemónico en ese estado y principal suministrador de opio y marihuana de Chicago, donde habitan casi un millón de inmigrantes mexicanos.

No se sabe con precisión cómo los sicarios asesinaron a los estudiantes, ni qué armas emplearon. Tres de los sospechosos detenidos, miembros del cartel, confesaron que al menos 40 estudiantes fueron ametrallados y sus cadáveres incinerados en una pira gigantesca que estuvo ardiendo 14 horas, en algún lugar entre las localidades de Iguala y Cocula. Según consta en los informes oficiales, los pistoleros esparcieron las cenizas en un río próximo. Las autoridades forenses advirtieron de que será prácticamente imposible la identificación de las víctimas porque los restos que se encontraron en el lugar de la cremación, cenizas, dientes y algunos huesos, están completamente calcinados.

El 4 de noviembre empezó a hacerse alguna luz sobre lo ocurrido cuando la policía federal detuvo al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, que habían huido dos días después de la matanza. Ambos eran los dirigentes locales del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD). Según los informes judiciales, el alcalde ordenó a la policía que eliminara a los estudiantes porque éstos habían protagonizado diversas protestas y temía que boicotearan el acto de una institución dedicada a la protección de la infancia patrocinada por su esposa, ahora llamada Lady Iguala, supuesta amante del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, también del PRD, que fue obligado a dimitir.

La acusación ganó consistencia cuando se supo que la pareja municipal, “la pareja infernal”, como la apostrofa la prensa mexicana, estaba estrechamente relacionada con el cartel de Guerreros Unidos y era la cabeza visible del clima de terror que la policía municipal hacía reinar en la ciudad. La investigación judicial reveló también que el alcalde entregaba más de 150.000 euros mensuales a Guerreros Unidos, y un parte de esa suma iba a parar a los sicarios del cartel reconvertidos en policías municipales, dedicados a la extorsión (cobro de la mordida) y la represión de los opositores. Según la prensa mexicana, dos hermanos de Lady Iguala son los jefes del cartel Guerreros Unidos.

El jefe de Guerreros Unidos, Sidonio Casarrubias, alias El Machomo, también detenido, ofreció una versión ligeramente distinta de lo acontecido al presentar el exterminio de los estudiantes la como un episodio más de la lucha encarnizada de los carteles de la droga en sus disputas territoriales. Casarrubias declaró que su lugarteniente en la zona de Iguala había creído que los estudiantes pertenecían a un cartel rival, y que por eso dio su consentimiento para liquidarlos, “en defensa de su territorio”. El jefe del cartel confirmó los otros extremos del tiroteo, el traslado, la carnicería y la incineración.

El múltiple asesinato de Iguala conmocionó a la opinión pública mexicana y confirmó los efectos deletéreos del narcotráfico, de manera que la cólera popular llegó hasta el Zócalo de la capital federal y se dirigió inmediatamente contra el “narcogobierno” que tolera la violencia estructural y cierra los ojos ante los crímenes y los desmanes de las organizaciones criminales. Human Rights Watch, organización norteamericana defensora de los derechos humanos en el mundo, contabiliza 149 casos de “desapariciones forzadas” en México en el curso de los seis últimos años, crímenes en los que aparecen implicados alternativamente el ejército, la marina, la policía federal y las policías de los estados y los municipios.

Otras informaciones fidedignas resultan concordantes y apuntan directamente a las más altas instituciones del Estado. Según la Comisión de la Verdad de Guerrero, integrada desde 2012 por un grupo de especialistas universitarios independientes, constituida para investigar sobre la “guerra sucia” contra la guerrilla, al menos 512 personas fueron detenidas por la policía federal y luego desaparecieron en ese estado sin dejar rastro entre 1969 y 1985. Según el documento elaborado por la Comisión de la Verdad, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), a las órdenes del gobierno del PRI, entonces en el poder, empleó a sus comandos de élite para “la localización, captura y exterminio” de los supuestos miembros de “grupos subversivos”, sin control judicial.

Los presidentes en esa época turbulenta, de lucha implacable y clandestina contra diversos grupos guerrilleros o “subversivos”, fueron Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y José Luis López Portillo (1976-1982), los tres del PRI, el partido que parecía eterno, maestro en el arte de utilizar demagógicamente y al mismo tiempo pisotear todos los mitos de la revolución, desde las raíces campesinas a la pasión igualitaria y el anticlericalismo furibundo. Una revolución que el 20 de noviembre cumplió los 104 años de su comienzo, una fiesta nacional este año enlutada por los asesinatos de los 43 estudiantes de magisterio.

Las policías y la hidra de la corrupción

La matanza de Iguala ha vuelto a poner el foco mediático en la crónica inseguridad del país como secuela de la corrupción endémica. Todos los cuerpos de seguridad y gran parte del ejército aparecen inmersos en la vorágine del pistolerismo, la extorsión y el narcoterrorismo. Una violencia sistémica que revela la debilidad del Estado, las múltiples disfunciones del sistema federal y la degradación de la clase política. La situación es crítica en todo el país porque la hidra de la corrupción concierne a las policías municipales, unas 2.500, tantas como municipios, las más expuestas a los perniciosos efectos del floreciente narcotráfico. Y mientras tanto, las fuerzas de orden público del Estado siguen sin encontrar los restos de los desaparecidos, de manera que la incompetencia se confunde con la humareda del crimen.

La connivencia del alcalde y la policía de Iguala con uno de los carteles del narcotráfico no han hecho sino confirmar la gangrena que se extiende por las instituciones más próximas al ciudadano y que afecta a los tres principales partidos políticos. Ninguno se salva del oprobio. El alcalde y su esposa implicados en el asesinato masivo pertenecían al PRD, el partido fundado en 1989 por Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del presidente del mismo apellido, desgajado precisamente del PRI para enarbolar el estandarte de la regeneración y la vuelta a las raíces, ahora hundido en un desprestigio que le será difícil superar, desgarrado por las corrientes internas. El PRD es miembro de la Internacional Socialista y esta presidido por Carlos Navarrete Ruiz.

La democracia se restableció formalmente en México en 2000, cuando se produjo al fin la alternancia en el poder federal: el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido hegemónico durante 70 años, perdió las elecciones presidenciales, en las que resultó elegido el candidato del Partido de Acción Nacional (PAN, derecha liberal), Vicente Fox (2000-2006). No obstante, el PRI mantuvo su hegemonía en los niveles estatal y local, de manera que siguió sin funcionar plenamente el estado de derecho, persistió e incluso se extendió la corrupción que afecta a todas las administraciones y se acentuó el clima de impunidad, mientras proliferaban los ajustes de cuentas y los asesinatos de algunos políticos, periodistas y testigos. Un panorama sin ley plagado de cadáveres.

Como explica la escritora Anabel Hernández García, en un artículo publicado en el londinense The Guardian, el sistema caciquil de venalidad y sobornos, creado y explotado por el PRI durante 70 años, no se alteró sustancialmente: “Con el advenimiento del PAN al poder y las presidencias de Fox y Calderón, la estructura criminal no sólo permaneció intacta sino que se fortaleció a través del crecimiento de la corrupción, de manera que México siguió perdiendo terreno en el informe sobre corrupción global elaborado por la organización Transparencia Internacional”. La transformación y dignificación del “país-desastre”, según la propaganda de Peña Nieto, quedaron aplazadas indefinidamente.

Nada más llegar a la presidencia, en diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa, también del PAN, declaró la guerra al crimen organizado y desencadenó una campaña represiva en la que se comprometieron el ejército y la policía federal, con la colaboración informativa y logística de Washington. Los carteles de la droga fueron diezmados y debilitados, pero el precio de la guerra fue muy alto: aumento exponencial de los crímenes y de los abusos y represalias por parte de las fuerzas de seguridad y los militares. Ocho años después, los carteles que introducen la droga en el floreciente mercado norteamericano siguen empeñados en una guerra sin cuartel que exacerba la agresividad y multiplica los crímenes en todo el país.

Las ambiciosas reformas de las fuerzas de orden público propugnadas por el presidente Calderón, a las que se opusieron tanto el Congreso como muchos municipios, quedaron prácticamente paralizadas tras la llegada al poder de Enrique Peña Nieto, del PRI, en diciembre de 2012. El nuevo gobierno abogó por la prevención, en vez de la confrontación, y puso sordina a la guerra contra los carteles de la droga que había causado más de 20.000 muertos en seis años en medio de una ola de brutalidad y efusión de sangre sin precedentes. Muchos de los cuerpos policiales –unos 2.500, tantos como municipios— no aceptaron el mando único a nivel estatal propiciado por el gobierno federal.

Peña Nieto dio prioridad a la economía, un programa de obras públicas y reformas estructurales, una especie de New Deal, incluyendo la histórica decisión de abrir al capital privado el sector de la energía, especialmente el petróleo, nacionalizado desde los años 30 del pasado siglo. Pero la ofuscación y el horror de los crímenes provocaron un fuerte descenso de las inversiones extranjeras, del 60 % en el primer semestre de este año con respecto al mismo período de 2013. El Global Peace Index, que mide el grado de paz y seguridad de los Estados, evaluó en 173.000 millones de dólares los efectos de la violencia sobre la economía del país. En Guerrero, “las inversiones se han detenido y cierren muchas empresas”, según declaraciones del presidente de la patronal de la industria.

Ante el impacto popular de los crímenes de Iguala, Peña Nieto no tuvo más remedio que olvidar su promesa de no hablar del narcotráfico y la violencia, el tema recurrente que desgraciadamente había monopolizado la vida política del país durante la presidencia de su predecesor. El 6 de octubre, el presidente prometió en una breve conferencia de prensa que sobre los culpables de la matanza caería todo el peso de la justicia. Las investigaciones cursan en México con una lentitud exasperante, y hasta el 7 de noviembre, no compareció el fiscal general, Jesús Murillo Karma, para exponer la versión oficial de la matanza y prometer mano dura contra sus autores. El fiscal acusó a la pareja municipal de Iguala de haber ordenado los asesinatos y la desaparición de los estudiantes.

Tras una comparecencia agitada y confusa, el fiscal cerró su conferencia de prensa con una frase desafortunada –“Ya me cansé”—,  que echó leña al fuego de la protesta no sólo contra la policía corrupta sino igualmente contra un sistema judicial tan lento como ineficaz. La frase se convirtió en un hashtag (palabra clave) en las redes sociales y la indignación pasó de internet a la calle. En la capital, desde el paseo de la Reforma al Zócalo, la multitud empezó a lanzar otras consignas: “No estoy cansado, estoy encabronado” o “Yo me cansé de tener miedo”. Los cócteles Molotov estallaron delante del Palacio Nacional en el Zócalo. En algunas de las pancartas podía leerse: “Fue el Estado”, una acusación que surge de lo más profundo de la conciencia nacional herida.

El escándalo de la mansión presidencial

Casi al mismo tiempo estallaba el último escándalo de corrupción económica, el de la mansión presidencial. Un grupo de reporteros dirigido por Carmen Arístegui descubrió que una lujosa residencia valorada en siete millones de dólares, utilizada habitualmente por el presidente y su esposa, Angélica Rivera, actriz de telenovelas y estrella de Televisa, oficialmente figuraba a nombre de un amigo del jefe del Estado, Juan Armando Hinojosa, de la inmobiliaria Grupo Higa, que había sido el beneficiario de lucrativos contratos otorgados por aquél cuando era gobernador del estado de México (2005-2011). Para mitigar el escándalo, la esposa del presidente declaró que la residencia era de su propiedad, que había sido construida con sus ahorros (más de tres millones de euros), que la estaba pagando a plazos y que la ponía en venta.

El gobierno federal había concedido al mismo Grupo Higa una de las obras de la infraestructura del tren de alta velocidad que en su día deberá conectar Querétaro con la Ciudad de México. La licitación y adjudicación del proyecto de corredor ferroviario a un consorcio con mayoría de capital de China fueron canceladas por Peña Nieto en aras de una mayor transparencia. Dos consorcios de empresas españolas fueron eliminados en el concurso, pero ahora tendrán la oportunidad de presentar de nuevo sus ofertas.

Cuando el país entraba en convulsión, el presidente tuvo la infeliz ocurrencia de marcharse de viaje a China y Australia, para explicar a los dirigentes de Beijing la anulación del contrato ferroviario multimillonario y asistir a la cumbre del G-20. El diario Los Angeles Times, muy interesado por cuanto ocurre al otro lado de la frontera, publicó un reportaje vitriólico: “Su palacio en llamas, las calles de la capital repletas de manifestantes enojados, su gobierno sumergido en su crisis más seria hasta la fecha, y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto hizo lo que muchos ejecutivos en jefe acosados quisieran hacer. Se fue del país.” Un comportamiento presidencial sospechoso de incompetencia y hasta de frivolidad.

Iguala no es el único municipio donde la policía local está conchabada con el narcotráfico e incluso está mandada por alcaldes corruptos que dependen de los capos de los carteles mafiosos. Para muchos mexicanos, la tragedia de Iguala es sólo un ejemplo del mal funcionamiento del sistema político y del abismo que separa a los pobres de los ricos en lo que concierne a la justicia y la actuación de los cuerpos policiales. Todo el sistema político está gangrenado por la corrupción, la extorsión y la droga. El estado de derecho no puede instaurarse de la noche a la mañana, como aseguran los medios gubernamentales; pero además de trazar planes para un futuro más democrático y más seguro, el gobierno debería asumir inmediatamente el control de la policía en aquellos lugares, como Iguala, en que está prácticamente en manos de las organizaciones criminales.

La desaparición de los 43 estudiantes ha provocado un verdadero terremoto político, porque los niveles del horror y las protestas populares no aconsejan más aplazamientos para las reformas de la policía y la judicatura, para limpiar todos los albañales de las policías estatales y de los juzgados y tribunales carentes de profesionalidad y proclives a la corrupción. El periódico digital Sin Embargo, dirigido por el escritor Jorge Zepeda Patterson, flamante premio Planeta de novela, se alarma por la violencia que se palpa en las calles y ofrece una aproximación a la devastación física y moral sufrida por México, “una nación en la que al menos 30.000 individuos están desaparecidos y otros 150.000 han muerto en una guerra inútil”.

¿Qué hará el presidente Peña Nieto, cuáles serán sus iniciativas, cuando su partido y su administración se encuentran al borde del abismo? Convulsiones similares se produjeron en el país con ocasión de otros crímenes abominables. Una de las más emotivas y duraderas estalló en 2011, con motivo del secuestro y asesinato de un hijo del poeta Javier Sicilia. El presidente Calderón se vio forzado a celebrar un encuentro televisado a toda la nación con los parientes de cientos de miles de personas secuestradas y asesinadas durante “la guerra de la droga”, pero el país siguió instalado en el miedo, la brutalidad, la corrupción y la incertidumbre.

En una declaración a principios de noviembre, la conferencia episcopal hizo un llamamiento a favor del diálogo, la transparencia y las acciones concretas, porque considera que “es necesario pasar de las protestas a las propuestas”. En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza. El analista Alfonso Zárate, citado por el New York Times, declaró: “Me parece esperanzador que se multipliquen las voces de queja. La corrupción fue vista durante mucho tiempo como un lubricante que humanizaba el poder, pero esta visión impidió admitir que se trataba de un verdadero cáncer. El problema es que ahora ha producido unas metástasis que afectan a todos los sectores.”

“¿Puede la desaparición de 43 estudiantes prender la mecha de la revolución?”, se preguntaba Francisco Goldman en el semanario The New Yorker, tras recorrer con minuciosidad el calvario de los estudiantes y airear la incuria execrable de las autoridades en todos los niveles. El historiador Enrique Krauze, uno de los intelectuales más respetados del país, le respondía implícitamente en un artículo titulado “México bárbaro”, publicado en El País el 17 de noviembre: “De la solución de fondo que se dé a la alarmante debilidad del Estado de derecho depende la viabilidad de la democracia mexicana.” El escritor Jorge Volpi terminaba su reflexión de manera sombría: “Ayotzinapa, y la tristeza, la vergüenza y la cólera que ha generado por doquier, es el angustioso llamado de auxilio de una población harta de convivir a diario con la corrupción y con la muerte.”

La revolución y los pactos confiscados

Todo parece indicar que México está en el límite su capacidad para mitigar con paños calientes las disfunciones de su corroído sistema político, pero la reforma no será fácil y, en su caso, comportará muy graves riesgos. Las expectativas puestas en el gobierno de Peña Nieto, cuyo pragmatismo fue ensalzado por gran parte de los medios dentro y fuera de México, están en entredicho, si es que no se han evaporado. Durante sus 70 años de poder omnímodo, el PRI no sólo creó un sistema político corrupto y clientelar, sino que permitió que los carteles de la droga se instalaran en varios estados de la federación y desafiaran al poder del Estado. Ahora es muy difícil echar marcha atrás en lo que resultó ser una connivencia deletérea, por activa y por pasiva.

Si México es un Estado parcialmente fallido de 120 millones de habitantes y 3.185 kilómetros de frontera con Estados Unidos, la inquietud por su futuro llega inevitablemente a Washington. Como apunta el diario La Jornada, la imagen de México se ha desmoronado entre los norteamericanos como consecuencia del asesinato de los 43 estudiantes. El New York Times publicó un editorial en el que advirtió de la descomposición de “la ley y el orden” en México y del “fracaso” de su gobierno para brindar seguridad a sus ciudadanos y garantizar la vigencia del imperio de la ley ¿Cómo recomponer la imagen de México si no es con cambios radicales?

Las manifestaciones en la capital alcanzaron su cenit coincidiendo con el 104 aniversario del inicio de la revolución, el 20 de noviembre, y confluyeron en el Zócalo, el espacio reservado de un poder delicuescente. Hasta las rituales especulaciones e interpretaciones sobre del alzamiento de Madero que prendió la mecha de la revolución en 1910 ya no ocupan las primeras páginas. “Resultaría un poco absurdo festejar una revolución que primero fue institucionalizada y luego momificada”, escribió el analista político y novelista Diego Petersen Farah, para lanzar a continuación una fuerte requisitoria contra los partidos de la oposición.

No sabemos si las multitudinarias manifestaciones y la gravedad de la situación tendrán la fuerza suficiente para alumbrar un nuevo poder constituyente. El pacto político de 1996, que permitió al PAN inaugurar la alternancia con el PRI en 2000, está definitivamente caducado. Como escribió el profesor Jorge Javier Romero Vadillo (www.sinembargo.mx): “La reconstrucción sólo puede ser producto de un nuevo pacto, pero éste ya no puede ser entre los mismos que tan palmariamente han mostrado su fracaso. Los partidos que cerraron en falso la transición del 96 tienen que reconocer que están ante un profunda crisis de legitimidad y que es el momento de una nueva apertura que incorpore nuevos actores.”

No dice, empero, cómo podría alcanzarse el objetivo de una nueva legitimidad. Los partidos que dominan el escenario no parecen dispuestos a llevar a cabo las reformas que podrían borrarlos del escenario político, ni el PRD y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), éste formado por varios grupos progresistas y dirigido por Andrés Manuel López Obrador, como embrión de un nuevo partido político de izquierdas, tienen la fuerza suficiente, ni siquiera desde el trampolín de la agitación callejera, para forzar la máquina institucional y encaminarla hacia cambios sustanciales y una nueva distribución del poder. López Obrador fue derrotado dos veces en las elecciones para la presidencia de la República (julio de 2006 y 2012).

El poder político sólo podrá obtener un respiro si se muestra enérgico y convincente en el esclarecimiento de lo ocurrido en Iguala, el castigo implacable de todos los culpables, directos e indirectos, y acelera las reformas para sacar al país de la inseguridad permanente en que se debate. Tampoco sabemos si Peña Nieto estará a la altura del desafío histórico que se le plantea y si podrá vencer las resistencias que sin duda encontrará en el camino de la regeneración.

Anuncios

Responses

  1. Inmejorable exposición de lo que ocurre cuando la corrupción se introduce tan de lleno, como en Méjico, en la médula del Estado.


Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Categorías

A %d blogueros les gusta esto: