Posteado por: M | 21 enero 2015

La muerte violenta y política de un fiscal argentino

Entre la tragedia de la corrupción política, el crimen mafioso, la pugna implacable de los servicios de inteligencia y la intriga de una novela del género negro se enmarca la muerte violenta y enigmática del fiscal argentino Alberto Nisman, encontrado con una bala en la sien en su domicilio de Puerto Madero, zona moderna y residencial de Buenos Aires, en la noche del domingo 18 de enero. El fiscal, denigrado y amenazado por el poder político, estaba encargado de la investigación del atentado suicida contra la sede de una institución cultural judía bonaerense, la Asociación Mutua Israelita de Argentina (AMIA), donde la explosión de una potente bomba causó la muerte de 85 personas, el 18 de julio de 1994.

Las repercusiones políticas del suceso que conmueve al país son imprevisibles. El peronismo, tan dividido y camaleónico como siempre, afronta dentro de diez meses unas elecciones presidenciales con las que concluirá el largo reinado de los Kirchner que se inició en diciembre de 2003, marcado por una retórica izquierdista en el interior y una diplomacia supuestamente neutralista, heredera anacrónica de la tercera vía preconizada por Perón. La presidenta Cristina Fernández fue elegida en 2007, como sucesora de su difunto marido, Néstor Kirchner, y reelegida en 2011 para un último mandato de cuatro años. Varios líderes peronistas habrán de enfrentarse en unas elecciones primarias para decidir el candidato en las elecciones presidenciales del 25 de octubre de este año.

El ataque genocida contra la AMIA sigue sin esclarecer 20 años después, pero la investigación siempre apuntó a una conspiración urdida por los servicios secretos de Irán y ejecutada por los esbirros de su aliado libanés Hizbolá (el Partido de Dios). La justicia argentina, antes y después de que el fiscal Nisman se hiciera cargo de la investigación en 2004, viene acusando al gobierno de Teherán de haber ordenado y luego enmascarado la matanza antisemita. En octubre de 2006, los fiscales Nisman y Marcelo Martínez Burgos concluyeron que el gobierno iraní planeó el atentado e Hizbolá lo ejecutó, por lo que el juez emitió una orden internacional de busca y captura contra siete funcionarios iraníes y un miembro de Hizbolá.

No obstante, los gobiernos que se sucedieron durante esos 20 años, todos ellos peronistas, empezando por el de Carlos Saúl Menem (1989-1999), con una influencia tan notoria como exorbitante en la designación y la promoción de los jueces, entorpecieron de mil maneras la investigación judicial y sus incidencias internacionales, hasta conducirla de manera indigna a un callejón sin salida jurídico y diplomático. Y así seguirá por mucho tiempo.

La sospecha de corrupción del poder, nada nuevo en la historia del justicialismo, procede del hecho indubitable de que la muerte del fiscal “está condicionada por un formato inapelable”, por “un contexto [que] modela los resultados”, según las alambicadas fórmulas empleadas por un comentarista del diario bonaerense La Nación, Carlos Pagni, para referirse a la inquietante y rotunda circunstancia de que la aparición del cadáver del fiscal se produjo unas horas después de que éste hubiera acusado explosivamente a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y sus subordinados de encubrir a los presuntos promotores iraníes del ataque terrorista de 1994, y unas horas antes de su prevista comparecencia para testificar en el Congreso de los Diputados sobre sus conclusiones.

Si utilizamos el adagio latino “Cui prodest” (¿a quién beneficia?), como indicio relevante para buscar a los autores de cualquier crimen, no cabe duda de que la presidenta arrastra una imprecisa pero apabullante responsabilidad. Cristina Fernández y sus allegados prestaron un flaco servicio a la justicia al lanzarse en tromba a pregonar por todos los medios la hipótesis del “suicidio inducido” del fiscal, al que acusan insidiosamente, sin pruebas dignas de mención, de haberse aliado con fuerzas oscuras, a las que no se cita por su nombre, que supuestamente pretenden debilitar al gobierno. El peronismo, como tantos otros nacionalismos populistas, está especializado en la fabricación del enemigo exterior. Además, como sabemos desde muy antiguo, al muerto se le pueden propinar grandes lanzadas, sin riesgo y con insolencia, sobre todo, cuando los cobardes lanceros proceden del poder y sus albañales.

El fiscal Tisman, pertrechado con importantes pruebas derivadas de escuchas telefónicas, pretendía comunicar a los diputados, el lunes 19 de enero, que la presidenta de la República y algunos de sus más directos colaboradores, entre ellos, el canciller (ministro de Relaciones Exteriores), Héctor Timerman, habían intervenido en el asunto con el propósito de renovar las relaciones diplomáticas y comerciales con el régimen de Teherán, con el objetivo inmediato de anular los mandatos de busca y captura lanzados por la Interpol contra cinco sospechosos iraníes. Ese contubernio debería reflejarse en un acuerdo entre los dos países para intercambiar a buen precio petróleo iraní por cereales argentinos, de crucial importancia para superar la penuria energética que padece el país y aliviar la pesada carga que recae sobre el Partido Justicialista (peronista), tras el largo reinado de los Kirchner (2003-2015), ante las elecciones presidenciales de este año.

A última hora de la noche del domingo 18, el cuerpo sin vida del fiscal Tisman fue encontrado en el cuarto de baño de su domicilio, junto a una pistola del calibre 22 milímetros con la que supuestamente se descerrajó o le descerrajaron el tiro en la sien. No hay testigos ni se encontró ninguna nota aclaratoria, según la fiscal del caso, Viviana Fein. Pero fueron negativas las primeras pruebas periciales para hallar restos de pólvora en las manos del muerto, lo que debilita la hipótesis del suicidio. El secretario (ministro) de Seguridad, Sergio Berni, se presentó en el lugar de los hechos antes incluso de que lo hiciera el juez y se apresuró a declarar que las pruebas circunstanciales indicaban que el fiscal Tisman había cometido suicidio. Asunto zanjado para los obsecuentes medios oficiales y oficialistas.

Según el relato que la prensa argentina realiza teniendo en cuenta las informaciones y filtraciones oficiales, el fiscal Nisman se suicidó instigado (“inducido”) por el ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio Stiusso, que era su asesor en la causa por el atentado de la AMIA y que fue destituido por la presidenta el pasado 17 de diciembre por motivos no aclarados, salvo el de la pérdida de confianza. La guerra secreta entre los servicios de información se vislumbra tras las conjeturas y las insidias del poder político.

La actuación del ministro de Seguridad, como si fuera un detective, sin embargo, fue duramente criticada por la oposición en bloque y los medios de comunicación independientes, como los diarios La Nación y Clarín, los más importantes de Buenos Aires. La diputada opositora Elisa Carrió apuntó hacia el poder, aunque sin precisar: “Todo es mucho más sórdido de lo que parece –declaró a la prensa–. Ellos lo mataron o lo indujeron a matarse.” El rabino Sergio Bergman, que también es diputado, dijo que el fiscal Tisman “es la víctima número 86 del atentado con la AMIA”. La comunidad judía argentina, la más numerosa de América Latina, cuenta con unos 250.000 miembros y una considerable influencia política y económica.

La denuncia del fiscal Tisman resultaba comprometedora no sólo para la presidenta Fernández sino para todo un sector del peronismo, acusados de querer encubrir la actuación de Irán y “fabricar la inocencia” de los funcionarios iraníes, desviando la atención hacia otros grupos facinerosos. La solicitud de investigación del fiscal (pedido de indagatoria, en lenguaje rioplatense), dirigida al juez que lleva el caso, incriminaba también al jefe de La Cámpora (agrupación peronista al servicio de los Kirchner), Andrés Larroque; al líder de los piqueteros, Luis D´Elía, fuerza de choque y de presión callejera del kirchnerismo; a un ex juez de instrucción y un alto funcionario del servicio de inteligencia que trabajan para la jefa del Estado. En total, un conglomerado político-sindical de connotaciones mafiosas.

La denuncia contra Cristina Kirchner

El fiscal Tisman aseguraba en su denuncia, según revela la prensa bonaerense, que “la confabulación criminal fue decidida por Cristina Kirchner y puesta en funcionamiento por Timerman”, con el objetivo de “decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes”. Los medios afines a la presidenta y sus conmilitones sugieren, por el contrario, que la muerte del fiscal es el resultado de un complicado complot en el que están implicados algunos funcionarios de los servicios de inteligencia y el Grupo Clarín, un conglomerado de medios de comunicación que ha sido blanco preferido de las críticas y hasta del hostigamiento y las agresiones del poder desde que Cristina Fernández llegó a la Casa Rosada. El diario Clarín se apresuró a denunciar “las teorías conspiratorias” y recordó las declaraciones del fiscal dos días antes de su muerte: “Puedo salir muerto de esto.”

El enredo diplomático y de espionaje sigue acumulando piezas separadas. Argentina e Irán firmaron en 2013 un memorándum para poner en marcha una comisión conjunta de investigación sobre el atentado terrorista de 1994, ante la que declararían, aunque en Teherán, los ocho sospechosos. Ese acuerdo sigue sin aplicar y las autoridades iraníes niegan con vehemencia su implicación en el atentado. En enero de 2014, el gobierno argentino acusó al de Israel de disimular las informaciones sobre los atentados antisemitas de 1992 y 1994 luego de que un ex embajador hebreo en Buenos Aires diera a entender que los autores de los atentados habían sido abatidos por los servicios secretos israelíes (Mosad). En 1992, una bomba estalló en la embajada de Israel en Buenos Aires y mató a 29 personas.

Tanto la Casa Rosa como el ministro Timerman desmintieron categóricamente las acusaciones del fiscal y denunciaron, a su vez, una maniobra de desestabilización a tan sólo diez meses de las elecciones presidenciales. Por imperativo constitucional, Cristina Fernández no puede presentarse a la reelección para un tercer mandato. Los medios de comunicación afines al kirchnerismo y tradicionalmente antinorteamericanos inmediatamente deploraron “la conjura” y especularon con las supuestas relaciones del fiscal muerto con la embajada de Estados Unidos y con Stiusso,  el ex jefe operativo de los servicios de inteligencia argentinos.

La incapacidad de la policía y la justicia argentinas para aclarar el atentado de 1994, tras 20 años de idas y venidas, sólo tiene una explicación plausible: la extrema politización de las instituciones, la intromisión permanente del peronismo en todos los engranajes de los poderes públicos, pero, al mismo tiempo, incapaz de devolver al país la prosperidad perdida y la decencia pisoteada. Los allegados de las víctimas de la masacre de la AMIA, uno de los atentados antisemitas más mortíferos desde la Segunda Guerra Mundial, siguen esperando que se haga justicia, pero nadie cree que la desgracia nacional tenga remedio a corto plazo. El sistema político, bajo la hegemonía del peronismo, mantiene al país el atolladero.

El peronismo es un movimiento populista y demagógico que domina la política argentina desde hace más de 60 años, que lo mismo aparece aliado con la extrema derecha, la Triple A en tiempos de María Estela Martínez de Perón, que con la extrema izquierda, la guerrilla criminal de los Montoneros o los jefes de los piquetes sindicales que forman la guardia pretoriana de Cristina Fernández. Ahora, el poder peronista aparece por lo menos moralmente implicado en la muerte de un fiscal que trataba de acabar con el vergonzoso silencio de tantos años, cuando se disponía a desvelar las pruebas de una connivencia presidencial, al menos por omisión, con la teocracia iraní y su cliente libanés Hizbolá.

Ante el cadáver del fiscal Tisman, con el que desaparece una vez más la independencia judicial, los argentinos tienen motivos para estar conmocionados y asustados. “Una Argentina que mete miedo” se titula el análisis del columnista Jorge Fernández Díaz en La Nación, en el que puede adivinarse el desasosiego de la ciudadanía: “Silenciosa y progresivamente, bajo las narices a veces resignadas o indolentes de la opinión pública y con la impotencia o complicidad de muchas instituciones débiles de esta democracia ya degradada, la política argentina se fue convirtiendo en una novela negra.”

 

 

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