Posteado por: M | 6 marzo 2016

La corrupción derriba a Lula

La detención temporal, el allanamiento con registro de su domicilio y “el traslado coercitivo” de Luiz Inácio Lula da Silva a una comisaría de San Pablo, donde fue interrogado en un caso de corrupción, conmocionó a la sociedad brasileña, el 4 de marzo. Un acto tan insólito como una blasfemia en la catedral, que soliviantó a partidarios y detractores del ex presidente y líder carismático del Partido de los Trabajadores (PT), icono de la izquierda en América Latina, figura política global que contribuyó decisivamente a colocar a su país en un lugar destacado de la escena internacional. Ante el tumulto provocado, el fiscal declaró que existen “indicios significativos” de la implicación de Lula en la mayor red de corrupción de la historia del país, el petrolâo (el sufijo âo vale en español on o ion), en referencia a la petrolera Petrobras y el palacio de Planalto, sede de la presidencia de la República en Brasilia.

La sísmica y sorprendente interpelación de Lula es la más alta nota de la infamia de un mastodóntico escándalo de corrupción (más de 2.500 millones de dólares) que sacude la vida política brasileña desde 2013,  mantiene en la cárcel a varios políticos del PT y amenaza con la caída deshonrosa de la actual presidenta de la República, Dilma Rousseff, que tiene incoado un procedimiento de destitución en la Cámara de los Diputados del Congreso federal, presuntamente por haber utilizado los fondos de los bancos estatales para cubrir los agujeros del presupuesto. Durante la presidencia de Lula, además, Rousseff fue ministra de Energía y presidenta de Petrobras.

El quebranto de Lula se produce cuando América Latina experimenta un retroceso generalizado de la izquierda populista. La derrota del peronismo de los Kirchner en las elecciones presidenciales argentinas y de Evo Morales en un referéndum en Bolivia, el seísmo devastador de la presidencia de Nicolás Maduro en Venezuela y el anunció de que el ecuatoriano Rafael Correa no se presentará a la reelección parecen signos inequívocos de que el eje bolivariano, del populismo demagógico, está en franca retirada del escenario coincidiendo con la inminente visita de Barack Obama a La Habana. Los dinosaurios cubanos, como el famoso del cuento de Monterroso, siguen ahí, pero muy debilitados por la edad y el desastre económico. Mario Vargas Llosa, al comentar “La derrota de Evo”, cree que avanza “la cultura de la libertad”, pero yo no estoy tan seguro.

Al derribar a Lula de su pedestal, la justicia y la policía federales están reduciendo a sus dimensiones precarias o problemáticas las ambiciones legítimas pero desmedidas del país que fue un imperio, el más poblado de América Latina (200 millones de habitantes), renqueante locomotora continental y organizador de los Juegos Olímpicos que se celebrarán en agosto próximo en Río de Janeiro. La dirección del PT sostiene la hipótesis de que las pesquisas contra Lula y Rousseff forman parte de “una abominable conspiración” para impedir que el primero pueda presentarse de nuevo como candidato en las elecciones presidenciales de 2018. Pero lo cierto, sin embargo, es que varios colaboradores de Lula se encuentran ya en prisión, entre ellos, José Dirceu de Oliveira e Silva, que fue su jefe de gabinete.

Además del petrolão, desde febrero de este año el ex presidente también es objeto de una investigación judicial por supuesto fraude en el otorgamiento de ventajas impositivas al sector de la automoción entre 2009 y 2015. Una vez más, las dádivas del Estado aparecen en el turbio horizonte de la corrupción, la práctica ilícita de los contratos y los regalos. Según Transparencia Internacional, el desvío de fondos públicos a través de Petrobrás es el segundo mayor caso de corrupción del mundo.

Según los fiscales que dirigen la investigación, a cuyo frente se encuentra Carlos Fernando Silva, cientos de millones de dólares de Petrobras fueron utilizados para sobornar a los funcionarios y financiar las campañas electorales. El juez que coordinó el registro del domicilio de Lula, Sergio Moro, declaró que aquél “no puede quedar al margen de la investigación”. Según informaciones de la fiscalía, Lula y sus parientes están inmersos en la trama de corrupción de Petrobras. Tras declarar durante tres horas en la comisaría, el ex presidente se mostró “indignado” y aseguró que la operación en su contra sólo buscaba ofrecer “un espectáculo” deplorable. Y añadió, arrogante: “Si quieren derrotarme, van a tener que enfrentarse conmigo en las calles de este país.”

El Ministerio Público Federal (MPF), equivalente a la Fiscalía General del Estado en España, justificó las medidas coercitivas con esta declaración: “El ex presidente Lula, además de líder del partido, era el responsable final por la decisión del nombramiento de los directores de Petrobrás y fue uno de los principales beneficiarios de los delitos. De hecho, surgieron pruebas de que los delitos lo enriquecieron y financiaron las campañas electorales, así como la contabilidad no declarada del partido.” Es decir, Lula está afectado por la doble responsabilidad política y penal.

Mientras partidarios y adversario se concentraron frente a su casa en San Pablo para insultarse recíprocamente, el fiscal Lima aseguró que el ex presidente y la fundación que lleva su nombre habían recibido el equivalente de 7,8 millones de dólares por parte de compañías constructoras que habían sido beneficiarias de suculentos contratos gubernamentales para las grandes obras de infraestructuras federales. Esas empresas pagaron los favores con un lujoso piso triplex en el balneario de Guarujá, en la costa de San Pablo, y realizaron obras de reforma en una finca de campo en Atibaia, en el interior paulista, ambas utilizadas habitualmente por Lula y su familia, aunque no figuren a su nombre, sino al de socios y amigos de uno de los hijos, el famoso Lulinha. El fiscal precisó: “Estamos analizando las pruebas de que el ex presidente y su familia recibieron regalos a cambio de acciones por parte del gobierno.” Los máximos ejecutivos de ambas empresas (OAS y Odebrecht) fueron condenados judicialmente por pagar comisiones en conexión con Petrobrás.

La operación Lava Jato (Lavacoches) sobre la corrupción en Petrobras alcanza su punto de ebullición en medio de una pavorosa crisis económica que puede dar al traste con los avances de desarrollo y distribución de las rentas, de lucha contra la pobreza, alcanzados en los últimos 25 años. La economía brasileña está en recesión, decreció el 3,8 %  del producto interior bruto (PIB) en 2015 y se teme que retrocederá otro 3 % este año. Unos cuatro millones de personas de la clase media retornaron a las filas de la pobreza, debido no sólo al hundimiento de los precios de las materias primas, sino también a los graves desajustes estructurales y la incuria político-administrativa. La recesión comenzó coincidiendo con el inicio del segundo mandato de Rousseff, correligionaria y heredera de Lula.

El escándalo del petrolâo afecta a la empresa pública Petróleo de Brasil o Petrobrás, creada por el presidente Getulio Vargas en 1953, una de las más importantes de América Latina y la mayor de Brasil, cuyos directivos, nombrados por el gobierno, montaron una gigantesca red de sobornos para cobrar coimas (comisiones) de las empresas constructoras a cambio de amañar concursos y conceder contratos multimillonarios de obras. Los contratos eran hinchados en su importe para permitir el desvío de dinero en efectivo, previo blanqueo, hacia los políticos involucrados en el latrocinio, hasta llegar, según se desprende de los últimos acontecimientos, hasta las más altas personalidades.

Los problemas endémicos de la economía

Elegido presidente en 2002, tras tres intentos fallidos, Lula da Silva, obrero metalúrgico y fundador del PT, que ahora tiene 70 años, inició su presidencia el 1 de enero de 2003, fue reelegido en 2006 y completó su segundo mandato el 1 de enero de 2011. Le sustituyó una de sus principales colaboradoras y ministra, Dilma Rousseff, elegida en 2010 y reelegida en 2014. Al apostar por el reformismo, frenando en seco las estridencias revolucionarias de muchos de sus camaradas, Lula se ganó la confianza de los poderes mundiales y de los mercados al mantener las políticas socialdemócratas de su predecesor, Fernando Henrique Cardoso, acompañar con prudencia el despegue económico y evitar la dramática polarización que experimentaron o todavía padecen algunos países del hemisferio, como Venezuela y Argentina. El éxito se debió en parte al descubrimiento y explotación de nuevos campos petrolíferos en 2006. Sus programas sociales –el llamado Bolsa Familia, en primer lugar– sacaron de la pobreza extrema a 40 millones de personas.

La más desagradable y perniciosa cuestión es que durante sus ocho años en el poder Lula aplazó indefinidamente las reformas que el país necesita y no puso freno a la corrupción endémica, sino que utilizó los ingentes ingresos del Estado por las exportaciones, en una época de bonanza, para repartir el dinero en forma de subvenciones. Las dádivas del poder que son pan para hoy y hambre para mañana. La sexta economía del mundo se encuentra en una terrible encrucijada y su falta de dinamismo y competitividad dispara de nuevo las tensiones sociales. El ídolo de los pobres, el hombre que intentó una revolución social se encuentra gravemente debilitado, si no definitivamente caído.

Los problemas de la economía brasileña vienen de muy lejos, de la pervivencia de un modelo autárquico que desafía los imperativos de la globalización y al mismo tiempo engrasa los mecanismos de la corrupción. El impulso neoliberal que se extendió por América Latina en los dos últimos decenios del siglo XX no alteró la excepción brasileña. El Estado siguió teniendo la mayoría y el poder de decisión en las dos grandes emporios del país: Petrobras y la minera Vale, símbolos del orgullo nacional, refugio de las clientelas de los partidos y epicentros de la corrupción generalizada, como ahora se está demostrando.

Lula se fraguó una imagen de líder reformista, interlocutor fiable, que conquistó el fervor de la prensa socialdemócrata europea. En 2009, el periódico español El País y el francés Le Monde le nombraron “personaje del año”, y para el británico Financial Times fue nada menos que “el protagonista de la década”. A finales de 2010, cuando su segundo mandato expiraba, la revista norteamericana Time lo situó hiperbólicamente como “la persona más influyente del mundo”. Barack Obama se sumó al coro laudatorio: “Éste es el hombre, el político más popular de la Tierra.” Puede asegurarse que dejó el poder en sus momentos de gloria, con el prestigio y la popularidad intactos, porque la Constitución no permite dos reelecciones consecutivas.

El escándalo de Petrobras no es una excepción brasileña. El cobro de comisiones es un procedimiento que afecta y corrompe a las clases políticas de muchos países y no sólo en América Latina. En Italia, por ejemplo, llegó a institucionalizarse el procedimiento para construir la llamada Tangentopolis, la ciudad de los sobornos, el fango en el que chapoteaban los políticos de todos los partidos, mediante el reparto de cuotas en el sector público. Hasta que los jueces y fiscales de Milán decidieron tirar de la manta y acabar con el bochornoso espectáculo, destruyendo el sistema político que lo amparaba. El cobro de comisiones, en Cataluña, constituyó el meollo de los escándalos de corrupción que rodean al que fue presidente de la Generalidad, Jordi Pujol, y su familia, incursos en varios procesos judiciales.

 

 

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