Posteado por: M | 15 mayo 2016

El populismo de Brasil en la picota

La destitución temporal de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, acusada de maquillar el presupuesto para asegurar su reelección en 2014, entraña el fin poco glorioso de una época política popular y populista iniciada por Lula da Silva, el carismático sindicalista, líder del Partido de los Trabajadores (PT), que durante sus ocho años en la presidencia (2002-2010) logró reducir significativamente la pobreza con sus programas sociales y situó al país a la cabeza de las economías llamadas emergentes, debido principalmente a la exportación de materias primas. Después de 13 años de populismo retórico, gestión burocrática e intervensionismo estatal, el país del futuro acusa fuertes tensiones sociales y queda sumido en una profunda crisis con el gobierno interino que preside el hasta ahora vicepresidente Michel Temer.

La votación en el Senado el 12 de mayo para destituir a Rousseff –55 de los 81 senadores se pronunciaron por la apertura del proceso— parece indicar que la destitución temporal de la presidenta se convertirá en definitiva antes de que transcurran los 180 días previstos para tramitar el proceso. La mayoría requerida es de dos tercios de los senadores. Salvo sorpresa no descartable, el gobierno de Tremer, líder del centrista Partido del Movimiento Democrático (PMDB) dispondrá de dos años –las nuevas elecciones presidenciales deberán celebrarse en 2018— para enderezar la situación del país, pero habrá de derrochar habilidad para no convertirse en la nueva víctima de un Congreso (Cámara de los Diputados y Senado) de composición disparatada, en el que están representados nada menos que 30 partidos de las más diversas tendencias.

La corrupción es el flagelo que revoltea por encima de toda la clase política brasileña, tanto en la derecha como en la izquierda, de manera que las necesarias alianzas parlamentarias del nuevo gobierno resultarán muy onerosas o problemáticas. Más de la mitad de los 594 senadores y diputados tiene problemas pendientes con la justicia. Entre los sometidos a escrutinio judicial se encuentran los presidentes del Senado y de la Cámara de los Diputados, signo inequívoco tanto de la corrupción endémica, la incuria administrativa, como de la abigarrada y con frecuencia extravagante composición de la legislatura, en la que ni siquiera falta la presencia de un payaso profesional.

El Congreso o parlamento brasileño es el más fracturado del mundo con 28 partido políticos, una sopa indigesta de nombres que inducen claramente a la confusión: Partido Laborista de Brasil, Partido Cristiano Laborista, Partido Brasileño de la Renovación Laborista, Partido Nacional Laborista, Partido Social Demócrata, Partido del Movimiento Democrático, otro lleva el nombre de un club de fútbol, muchos de ellos concebidos como meros vehículos del caciquismo, en el marco de un sistema federal que es proclive al gasto desenfrenado y la corrupción. Los salarios y otros estipendios son igualmente de los más elevados del mundo, tanto los federales como los estatales.

El escándalo político financiero que afecta a la empresa petrolífera estatal, Petrobras –la joya de la corona—, afecta a los dos partidos que formaban hasta ahora la coalición gubernamental, el PT de Lula-Rousseff y el PMDB de Temer, aliados durante los últimos 13 años para repartirse los engranajes corroídos y las prebendas de un Estado hipertrofiado y paternalista, de impuestos elevados, fraude permanente y servicios públicos deplorables. Mediante la operación denominada Lava-Jato (lavacoches), los fondos de Petrobras se utilizaban para sobornar a los políticos, y todo comenzó cuando Dilma Rousseff era la presidente de la petrolera.

Todo el sistema político está necesitado de una urgente reforma y limpieza de sus numerosos establos, requisito indispensable para restablecer la confianza de los agentes económicos, sanear las cuentas públicas y luchar contra la recesión, la peor desde los años 30 del pasado siglo, ya que el Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticina que el producto interior bruto (PIB) se contraerá el 8 % entre 2015 y 2017. La inflación y el desempleo están por encima del 10 %. Un empeño regenerador y reformista que sin duda desborda con creces la capacidad maniobrera de Michel Temer y, por ende, de un gobierno interino y heterogéneo, el cónclave de los supervivientes del naufragio del llamado lulismo.

El presidente interino, desde luego, consiguió un primer éxito con la formación de un gobierno de consenso, “de salvación nacional”, en el que destacan el ministro de Economía, Enrique Meirelles, ex gobernador del Banco Central, próximo al ex presidente Lula da Silva, y el de Asuntos Exteriores, José Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que ya fue ministro con el presidente socialdemócrata Fernando Enrique Cardoso (1995-2002). “Es la hora del trabajo y el diálogo para reconducir el país y fortalecer sus instituciones”, según propone el Jornal do Brasil, aunque sea con los mismos personajes que aparecen implicados en el desastre, “para que el país camine por las sendas de la armonía y de la paz”, como piadosamente deseó el papa Francisco.

El presidente prometió “retomar el crecimiento económico” y recuperar la imagen y el desempeño del Brasil como la locomotora de las economías de América Latina, pero no están claros los medios que empleará para lograr tan encomiables objetivo. Su apelación para que “los empresarios y trabajadores se entusiasmen y se retome la seguridad de las inversiones” forma parte de la retórica habitual, pero estoy seguro de que no obrará milagros. El supuesto liberalismo y la voluntad conciliadora de Temer serían más creíbles si no hubiera sido durante 13 años el aliado fiel y constante del Partido de los Trabajadores (PT), de Lula y Rousseff, ejemplo insuperable del caciquismo, los subsidios y el intervencionismo.

Algo tendrá que hacer el gobierno para contrarrestar la peor recesión en un siglo. Algunas medidas liberalizadoras parecen inevitables, como la reducción del gasto público, la lucha contra la inflación y una rebaja de la tasa de interés del dinero, ahora situada en un disuasorio 14,25 %, aunque sin afectar a los programas sociales de Lula (Bolsa Familia). Las estrategias de reforma de la oferta, acompañadas por la contención fiscal y la reducción de la deuda, tienen menos atractivo político que las de origen keynesiano que preconizan el aumento de la demanda, de las inversiones y del gasto consuntivo, palanca de la corrupción, financiados con la emisión de más deuda pública. Será muy difícil que el gobierno de Temer, llegado al poder en circunstancias extraordinarias, impulse un verdadero cambio de política económica y ponga sordina al populismote sus predecesores y aliados.

El populismo brasileño está en crisis porque el intervencionismo del Estado estimuló erróneamente la autarquía al establecer unos aranceles que son los más elevados de las economías emergentes. No es para mañana, desde luego, la superación del populismo y el caciquismo, dos fenómenos estrechamente relacionados con la corrupción. La pugna callejera entre partidarios y detractores de Rousseff indica claramente que la política sigue en la calle, en el balcón y la demagogia. Las palabras de la presidenta, la “Dilma guerreira”, inmediatamente después de abandonar el palacio de Planalto en Brasilia, considerando que su destitución es “una farsa jurídica”, “un golpe de Estado”, no contribuirán ciertamente a calmar la situación, ni a facilitar la tarea del gobierno y de los senadores que deben pronunciar el veredicto.

La disputa dialéctica se centra en “la falacia de la legitimidad”, frase que sirve da título al editorial del influyente diario O Estado de Sâo Paulo. Las instituciones funcionaron correctamente, se supone que los senadores votaron con libertad y el nuevo presidente fue elegido como vicepresidente en la candidatura de Rousseff, en 2014, de manera que la legalidad y la legitimidad no admiten discusión y no deben confundirse con el rencor o los excesos verbales de la presidenta destituida, sus edecanes y sicofantes. El problema radica, en todo caso, en el programa del nuevo gobierno, que no fue refrendado en las urnas, y que sólo podrá ser juzgado democráticamente en las próximas elecciones.

 

 

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