Posteado por: M | 15 julio 2016

Tensiones y estrategia en el mar de China Meridional

El gobierno de Beijing acaba de perder una batalla jurídica en la que ni siquiera quiso participar sobre sus pretendidos “derechos históricos” en el mar de China meridional, cuya extinción e irrelevancia fueron subrayadas por el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje, un tribunal bajo el paraguas de la ONU, pronunciado el 12 de julio, en La Haya, en resolución de la demanda presentada por Filipinas en 2013. Lejos de resolver el problema, el veredicto internacional, inmediatamente recusado por los dirigentes chinos, exacerbará probablemente las tensiones en una de las áreas más conflictivas del mundo, donde chocan directa o indirectamente los intereses, las alianzas, los cálculos estratégicos y las pasiones de China y EE UU, las dos primeras economías del mundo, en la cuenca del Pacífico que el presidente Obama pretendió convertir en el eje geopolítico del universo.

Los cinco magistrados de la Corte de Arbitraje declararon unánimemente que los pretendidos “derechos históricos” de China sólo son atendibles si no están en contradicción con lo dispuesto en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (CDM o UNCLOS en sus siglas en inglés), aprobada en 1982 y en vigor desde el 16 de noviembre de 1994, ratificada por China en 1996. Es decir, la norma internacional codificada por las Naciones Unidas, que revisa, ordena y actualiza toda la legislación marítima anterior, prevalece sobre unos sedicentes derechos históricos de muy difícil concreción, esgrimidos de manera intermitente o abusiva y en perjuicio de los intereses legítimos y compartidos de otros países ribereños. “Si esos derechos existieron en algún momento –arguyen los magistrados de La Haya–, se extinguieron en la medida en que son incompatibles” con lo estipulado en la citada convención.

El fallo recusa terminantemente las atribuciones o reclamaciones de soberanía china dentro de una línea imaginaria, la denominada “línea de nueve trazos”, que abarca prácticamente todo el mar de China Meridional, desde Taiwán hacia el sur, según aparece en los mapas oficiales. Las pretensiones chinas incluyen el 90 % de toda la vía marítima, algo más de 2 millones de kilómetros cuadrados y cuantiosos recursos naturales. El valor de los bienes transportados y que circulan por las zonas en disputa supera los cinco billones de dólares y es de vital importancia para el comercio de China y de todos los países de la zona: Filipinas, Malasia, Vietnam, Brunei, Indonesia y Taiwán. No existen pruebas, a juicio del tribunal, de que China haya ejercido por algún tiempo un control exclusivo sobre la vía de agua.

La reprimenda no termina en esa declaración concluyente. La Corte de Arbitraje sostiene que China violó los derechos soberanos de Filipinas dentro de la zona económica exclusiva (ZEE), fijada por la convención en 200 millas; perturbó ilegalmente las actividades de los pesqueros filipinos en torno al arrecife Scarborough Shoal, con riesgo de colisión de los barcos en la misma área, y vulneró sus obligaciones en lo que concierne a la conservación de unos ecosistemas frágiles (arrecifes de coral), causando “un daño irreparable”, según lo establecido en el tratado internacional multilateral (convención). El arrecife en el origen de la disputa se encuentra a unas 140 millas de la costa de Filipinas, es decir, dentro de la zona económica exclusiva.

Por último, el tribunal de La Haya niega el carácter de isla al islote denominado Itu Aba, actualmente bajo control del gobierno de Taiwán, que el fallo considera sólo “una roca” y, por ende, sin entidad jurídica para generar a su alrededor una zona económica exclusiva de 200 millas. La convención del Derecho del Mar otorga a todos los países el derecho de construir islas artificiales dentro del límite de las 200 millas, pero todas las levantadas por China en las aguas lindantes con el archipiélago de las Spratly se encuentran a menos de 200 millas del islote Itu Aba, lo que las convierta ipso facto en ilegales. Los jueces reprochan a China sus agresivos intentos de establecer su soberanía en la zona mediante la transformación de algunos arrecifes o rocas en islas artificiales con aeródromos y otras instalaciones militares.

El departamento de Estado norteamericano señaló que la sentencia de La Haya “constituye una importante contribución para resolver el problema”, pero la agencia oficial de noticias china reiteró inmediatamente que Beijing “no reconoce y no acepta” el arbitraje. Desde que las Filipinas plantearon el contencioso ante el tribunal internacional, el gobierno chino viene insistiendo en que ignorará tanto el procedimiento jurisdiccional como el veredicto. Los académicos chinos bien relacionados con el poder niegan que la Corte de Arbitraje tenga competencia sobre una cuestión interna, porque no se trata de una disputa marítima, sino sobre la soberanía de las islas y arrecifes en un espacio tradicionalmente chino. El veredicto es vinculante, pero el tribunal carece de poderes para ejecutarlo o hacerlo cumplir.

No obstante, la reacción china, según las agencias de noticias que informan desde Beijing, estuvo presidida por la moderación y probablemente por el prurito de negociar con el nuevo presidente de Filipinas, el impetuoso Rodrigo Duterte, que entró en funciones el 30 de junio, bastante menos hostil que su predecesor en el cargo, Benigno S. Aquino, que fue el que tomó la decisión de apelar al tribunal de La Haya. Esta vez no hubo manifestantes ante la embajada filipina en Beijing. El viceministro de Exteriores, Liu Zhenmin, atacó a los jueces de La Haya (cuatro europeos y un africano), a los que describió como parciales y con prejuicios antiasiáticos, y la televisión oficial mostró a dos aviones civiles que habían aterrizado en los aeródromos de dos islas artificiales en el archipiélago de las Spratly.

“Una farsa defectuosa”, según Beijing

 El Diario del Pueblo (Renmin Ribao), órgano oficial del partido comunista (PCCh), advirtió en un análisis de que “el empleo abusivo del derecho internacional propinará un golpe al orden internacional”, y añadió: “Las fuerzas occidentales que Estados Unidos representa actúan como si fueran sus portavoces en la escena internacional, pero han sembrado las nubes que ensombrecerán sus propios cielos y son responsables de la confusión entre lo verdadero y lo falso.” Aunque describió el arbitraje como “una farsa defectuosa”, el Diario del Pueblo dejó bien sentado, en su edición digital en español, que “las negociaciones son la única manera de resolver las disputas sobre el mar de China Meridional”.

Las próximas decisiones de Beijing son imprevisibles, pero se supone que serán cautelosas. El estridente nacionalismo que con frecuencia se desprende de las declaraciones de los responsables chinos puede chocar con la voluntad inequívoca de no inflamar las tensiones y mantener la normalidad en una vía de agua de gran importancia para el comercio con el resto del mundo. El representante en Hong Kong del ministerio chino de Asuntos Exteriores, Song Zhen, expresó muy bien la ambivalencia oficial en un artículo prudente publicado en el South China Morning Post, en el que defendió, por supuesto, los derechos históricos de China, tildando de “ilegal” el veredicto de La Haya, pero concluyó que “el diálogo es el único camino para resolver la disputa”.

En el mismo periódico hongkonés, sin embargo, Yun Tang, miembro del World Affairs Council, de Washington, aseguró que “la decisión de La Haya sobre el mar de China Meridional sitúa a EE UU y China en el camino de la colisión”, habida cuenta las divergencias acusadas entre ambas potencias y su expansionismo competitivo y estratégico. EE UU tiene acuerdos militares con Japón, Corea del Sur y Filipinas y los buques de la VII Flota norteamericana (60 navíos y 60.000 hombres), con base en Japón, patrullan habitualmente por el estrecho de Formosa y el mar de China, en una demostración de fuerza que pretende proteger la libertad de navegación pero que irrita profundamente a los dirigentes chinos.

El constante desfile de barcos de guerra y aviones en la zona, así norteamericanos como chinos, no entorpece por ahora el floreciente comercio, pero establece las circunstancias propicias para el error y la confrontación, para que los rivales geoestratégicos se conviertan en enemigos. Antes de que se conociera el veredicto, la Marina china efectuó durante siete días unas maniobras militares en las islas Paracelso, controladas por Beijing, pero también reclamadas por Taiwán y Vietnam. La VII flota ha llevado a cabo o este año maniobras conjuntas con Japón y Corea del Sur, los dos principales aliados de Washington. Según el Pentágono, China dispone actualmente de 70 submarinos, casi tantos como EE UU, 16 de los cuales navegan con propulsión nuclear.

Escribe el New York Times en un editorial que la reacción de China ante el veredicto adverso será una prueba para saber si “el imperio de la ley rige en el mar de China Meridional”. En mundo sin ley, desde luego, la barbarie regresa y aumentan los riesgos de una confrontación, pero China no es la primera gran potencia que rechaza la decisión de los organismos internacionales en defensa de unos intereses que considera irrenunciables. No hay que remontarse a las calendas griegas, desde luego. En marzo de este año, Argentina venció pacíficamente a Gran Bretaña en la Comisión de la ONU sobre los Límites de la Plataforma Continental, la cual estableció que las islas Malvinas estaban dentro de las aguas territoriales argentinas. Londres se apresuró a rechazar el laudo, alegando, como hace China, una falta de jurisdicción.

Entre los derechos históricos y la proximidad geográfica de que alardea China y las “operaciones para la libertad de navegación” (Fonop, en la jerga del Pentágono) con las que replica EE UU, en nombre propio y en el de sus aliados en la región, la negociación diplomática permanente es la única vía para mantener en relativa calma las aguas de ese mar interior y estratégico, que se extiende desde Hong Kong hasta Indonesia, para que las alegaciones históricas y legales de ambas partes no degeneren en una demostración de fuerza de consecuencias desastrosas.

El desafío estratégico se mantendrá por mucho tiempo. Los estrategas chinos esgrimen motivos de autodefensa y de protección de importantes recursos naturales, o de la protección de las vías comerciales; pero no ocultan la voluntad política de convertir a su país en una gran potencia naval y alejar a la VII Flota norteamericana de la cuenca del Pacífico occidental. El presidente Xi Jinping, impulsor de las reformas para un nuevo modelo económico, cultiva el nacionalismo de los jerarcas del Ejército Popular y refuerza su poder en el PCCh en los delicados momentos de las purgas contra los corruptos. Los dirigentes de Beijing saben perfectamente que EE UU sigue siendo la potencia militarmente dominante en la región y aspiran lógicamente a establecer alguna forma de equilibrio.

 

 

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