Posteado por: M | 28 agosto 2016

Colombia sopesa el precio de la paz

Tras cuatro años de negociaciones, el gobierno de Colombia y los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) anunciaron el 24 de agosto, en La Habana, la consecución de un acuerdo de paz que debe terminar con más de medio siglo de una guerra que causó unos 250.000 muertos y 45.000 desaparecidos, más de 7 millones de campesinos aterrorizados o desplazados, innumerables secuestros, tráfico de drogas endémico y crímenes de guerra o de lesa humanidad. El Centro Nacional de la Memoria Histórica de Colombia cifra en 25.000 las personas que fueron secuestradas por las FARC entre 1970 y 2010. Otras 10.000 personas murieron o resultaron mutiladas por el estallido de las minas colocadas por los rebeldes en sus santuarios de la jungla, según datos gubernamentales.

La guerrilla más vieja de América Latina y sin duda la más letal, completamente desacreditada y mermada en este siglo, reconvertida en cartel del narcotráfico, asegura que entregará las armas a una comisión de la ONU que supervisará el cese de hostilidades, desmovilizará a sus 7.000 combatientes (más del 40 % son mujeres) y se organizará como partido político para concurrir a las elecciones. No obstante, un grupo minoritario de unos 200 combatientes, el llamado Primer Frente Armando Ríos, que ganó una siniestra notoriedad por el secuestro de Ingrid Betancourt en 2002, anunció que no se desmovilizará y proseguirá la lucha, lo que provocó su expulsión de las FARC. También sigue activo el segundo movimiento insurgente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que también reclama una negociación con el gobierno.

La duración de la guerra (52 años), la más larga jamás librada en el continente americano, y su balance aterrador son los mejores puntos de reflexión y apoyo de los que acompañan al gobierno de Santos porque desean acabar con la pesadilla, aunque sea enturbiando la memoria, acallando el rumor de las víctimas y mediante concesiones poco edificantes a los victimarios. Muchos colombianos de los que se expresan en los medios parecen dispuestos a pagar el precio de la paz. Pero ningún acuerdo podrá borrar la memoria de la barbarie que se instaló en Colombia, desencadenada por “el partido del extranjero”, es decir, el comunista, al que luego se agregaron los escuadrones paramilitares con unos crímenes semejantes.

Las causas del conflicto son múltiples y contradictorias, internas y externas, y ninguna de ellas puede justificar las atrocidades cometidas durante tanto tiempo. Las FARC insisten en resaltar el problema de la distribución de la tierra, el latifundismo y la violencia que le acompaña desde siempre, la defensa de los más afligidos; pero es obvio que la prolongación del conflicto no hubiera sido posible sin la intervención exterior en sus diversas etapas (Moscú, La Habana, Caracas), el acicate del narcotráfico y la industria infame del secuestro que llenaron las arcas de los cabecillas de la insurgencia. Tampoco podemos olvidar que la tradición de la violencia, así social como política, está muy enraizada en la sociedad colombiana.

Algunos observadores sospechan que la violencia estructural e histórica se manifestará por otros derroteros, como en México o Perú, con la droga como elemento de codicia y confrontación. La periodista Elizabeth Dickinson acaba de publicar en la revista norteamericana Foreign Policy (25 de agosto de 2016) un resonante y extenso reportaje con el siguiente título: “En el mismo momento en que acaba la guerra comienza una nueva oleada de violencia”, la causada por el control del narcotráfico que se disputan “nuevas y anárquicas bandas”. El reportaje está datado en Altos de la Florida, en la jungla colombiana, en un territorio disputado que no está bajo control de las fuerzas gubernamentales.

En consecuencia, nadie se atreve a predecir cómo se incorporarán a la vida civil miles de guerrilleros que fueron secuestrados cuando eran niños y que no están socializados ni conocen otro modo de vida que el de la camaradería de la jungla, la disciplina comunista, el botín del narcotráfico y el crimen, adiestrados en el manejo de las armas, pero sin preparación para ganarse la vida. También se formulan vaticinios pesimistas sobre el eventual comportamiento de las bandas paramilitares, conectadas con algunos dirigentes políticos, que con más encarnizamiento combatieron a los insurgentes y que siguen oponiéndose a que éstos participen sin cortapisas en la competición política.

Al principio de la revuelta las FARC alzaron la bandera de la reforma agraria y denunciaron el tráfico de drogas como “contrarrevolucionario”, pero evolucionaron rápidamente hasta convertirse en una poderosa empresa de producción de coca, su manufactura en el laboratorio y el comercio de sus derivados, que suministra más de la mitad de la cocaína que se consume en EE UU. Sobre el abandono del negocio vil y la incorporación de los guerrilleros y narcotraficantes a la vida civil planean la incertidumbre y las cábalas más siniestras. Porque desde que el gobierno dejó de fumigar por el aire las plantaciones de coca, alegando motivos medioambientales, la producción de narcóticos ha vuelto a subir, de manera que Colombia disputa de nuevo a Perú la funesta primacía en el comercio ilícito.

Plebiscito con respaldo internacional

El acuerdo de La Habana será sometido a plebiscito de los 47 millones de colombianos el 2 de octubre, según anunció el presidente Juan Manuel Santos Calderón. Aunque la consulta de ratificación no es legalmente vinculante, el gobierno pretende salir al paso de las recriminaciones de la oposición, que le acusa de haber negociado unilateralmente y haber hecho concesiones excesivas sobre el futuro del país a un grupo criminal, especializado en los secuestros y el narcotráfico, calificado de terrorista tanto por EE UU como por la Unión Europea. Por los mismos gobiernos, con el presidente Obama a la cabeza, que ahora se apresuraron a felicitar a Santos por haberse entendido con los terroristas. Una demostración palpable del tartufismo globalizado.

El acuerdo para acabar con la guerra civil no sólo obedece al debilitamiento de la guerrilla y los cambios políticos y diplomáticos producidos en América Latina en el último lustro, principalmente la muerte de Hugo Chávez y el restablecimiento de relaciones de Cuba con EE UU, sino también al ocaso de la utopía marxista-leninista, los fracasos reiterados del populismo izquierdista y el descrédito general de la izquierda en armas y su feroz primitivismo. A principios de los años 60 del pasado siglo, tras la consolidación en Cuba de la dictadura castrista apoyada por la URSS, un virus político potente empezó a circular por América Latina, “la enfermedad infantil del comunismo de extrema izquierda”, según la paráfrasis de Lenin, que se hizo endémica y sanguinaria en Colombia.

Ahora asistimos al reflujo de aquel movimiento alentado por la verborrea de Fidel Castro, el oportunismo de Jruschov y el icono de Che Guevara creado por la fotografía de Alberto Korda, con el objetivo confesado y fallido de “crear varios Vietnams”. En un primer momento, la represión ciega y las dictaduras militares se extendieron por el continente para detener la marea revolucionaria, pero, una vez restablecidas las democracias, muchos países volvieron a las andadas del balcón y la demagogia. El fiasco continental de los populismos que pretendieron mantener encendida la llama de la utopía nos lega ahora un panorama de ruinas ideológicas, devastación material y ocasiones perdidas que alcanza su más triste expresión en la Venezuela de Maduro, lección lacerante de un desastre humanitario.

Durante los años de más intensa represión del terrorismo, los dos mandatos del presidente Álvaro Uribe (2002-2010), con apoyo militar norteamericano, los líderes y las mejores unidades de las FARC disponían de un verdadero santuario en las zonas fronterizas de Venezuela, Ecuador y Panamá. Las incursiones en esas zonas de la fuerza aérea colombiana desencadenaron fuertes tensiones diplomáticas, pero los militares colombianos revelaron que habían encontrado documentos confirmatorios de la colusión de los gobiernos de Venezuela y Ecuador con los insurgentes. El fundador y líder de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, llamado Tirofijo, murió en 2008 supuestamente de un ataque cardíaco, según la guerrilla, pero otro de sus jefes, Raúl Reyes, pereció el 1 de marzo del mismo año en un bombardeo colombiano cuando se encontraba en un campamento situado en la parte ecuatoriana de la frontera. Otro dirigente importante de la guerrilla, Iván Ríos, cayó asesinado. El comandante en jefe desde 2011 es Rodrigo Londoño Echeverri, más conocido como Timochenko o Timoleón Jiménez.

La política de “seguridad democrática”, dirigida con firmeza para restaurar la autoridad del Estado, permitió que el gobierno de Uribe recuperara el control territorial, lograra la desmovilización de los grupos paramilitares (unos 30.000 hombres) y el debilitamiento de los movimientos guerrilleros, cuyos efectivos humanos disminuyeron drásticamente. Por eso Uribe ha combatido políticamente la estrategia de cesiones y apaciguamiento llevada a cabo por su sucesor con gran respaldo internacional y con el objetivo de alcanzar la paz irreversible plasmada en el acuerdo de La Habana. Uribe y sus colaboradores ya iniciaron la campaña contra el acuerdo y por el no en el plebiscito.

Como escribe Andrés Velasco, que fue ministro de Chile y ahora es profesor en la universidad de Columbia, de Nueva York, “los latinoamericanos están desencantados con las vanas promesas revolucionarias, pero también miran con escepticismo a sus instituciones liberales y democráticas, así como a los líderes que las dirigen, actitud comprensible en una región donde las desigualdades sociales, la burocracia irresponsable y las opacas prácticas capitalistas constituyen una característica de la vida diaria.” El corregir esa situación moralmente insostenible debiera ser la preocupación última de las élites. ¿Hasta qué punto el acuerdo de paz servirá para impulsar los cambios estructurales, necesarios e inaplazables en Colombia?

“La guerra ha terminado”, declaró Humberto de la Calle, el jefe negociador del gobierno, quien precisó que “el acuerdo no es perfecto, pero es el mejor acuerdo posible”. “Hoy comienza el fin del sufrimiento, el dolor y la tragedia de la guerra”, aseguró el presidente Santos en una comparecencia televisada. El jefe negociador guerrillero, Iván Márquez, declaró: “El acuerdo de paz no es el fin, sino un nuevo comienzo”. Varios de los dirigentes que se oponen al acuerdo, capitaneados por el ex presidente Uribe, denunciaron “la rendición” ante los terroristas.

Como ocurrió en otros procesos similares de negociación entre el gobierno legítimo y los terroristas, nada parece indicar que éstos estén dispuestos a entonar el mea culpa y mucho menos a pedir perdón por el inmenso mal causado. La guerrilla, por el contrario, sigue justificando el horror y la crueldad contra las víctimas de los secuestros y asesinatos y sus familiares con imprecisas invocaciones de la justicia social. El perdón de las víctimas es un requisito imprescindible de la paz social, pero la impunidad de los victimarios constituye la sombra más aciaga del acuerdo de paz. Lo más probable es que la lucha por el poder seguirá por otros medios y que el intento de erradicar las problemáticas causas del conflicto tropezará con muy altos obstáculos.

Durante los cuatro años de negociación, los guerrilleros evitaron las disidencias y mantuvieron la presión sobre el gobierno, quizá porque no están seguros del futuro que les aguarda, de los incentivos de la paz, y siguen arrogándose la representación política de unos campesinos que mantuvieron colectivamente secuestrados en espacios impenetrables sin acabar con su aflicción. Los vigilantes de la utopía actuaron en verdad como carceleros. Diezmados durante la ofensiva militar mantenida por el presidente Uribe, los 60.000 guerrilleros que se contaban en 2001 quedaron reducidos a unos 7.000 en estos momentos, según cálculos del gobierno de Bogotá y de la prensa colombiana de muy difícil confirmación, pero que sin duda reflejan el declive de la insurgencia.

El acuerdo es también el resultado de la decisión personal del presidente Santos, arquitecto y máximo responsable de la negociación, cuya tenacidad provocó la ruptura con sus correligionarios y muy especialmente con su predecesor en el cargo, el presidente Álvaro Uribe, elegido en 2002 y que dejó el poder en 2010 con un nivel de popularidad sin precedentes del 75 %, debido, sobre todo, al empleo masivo de la fuerza militar para colocar contra las cuerdas a la insurgencia. La elección de Santos como presidente en 2010 se debió, sobre todo, a su promesa de que seguiría la misma política de mano dura que su predecesor. Santos fue ministro de Defensa (2006-2009) durante la presidencia de Uribe en los momentos cruciales del combate contra los insurgentes. Su viraje estratégico y la apertura de negociaciones con la guerrilla provocaron un terremoto en la clase dirigente colombiana.

Uribe y Santos representaban a las élites del país y ambos proceden  del oligárquico Partido Liberal, si bien en 2005 crearon el Partido Social de Unidad Nacional (PSUN) para ajustar cuentas con el pasado, mitigar el caciquismo y ampliar su base electoral. Decepcionado con la política de su sucesor y correligionario, Uribe abandonó el partido gubernamental para fundar el Centro Democrático en 2013, por el que fue elegido senador en 2014, y lanzar una campaña de “resistencia civil” que entrañó el enfrentamiento definitivo con Santos cuando éste fue reelegido para un segundo mandato en las elecciones presidenciales de 2014.

Una problemática justicia transitoria

El capítulo más controvertido del acuerdo de La Habana concierne al llamado sistema de justicia transitorio, para juzgar los delitos cometidos durante la guerra, el cual prevé la creación de un tribunal especial internacional ante el que algunos crímenes horrendos serán sustanciados con sentencias reducidas o simbólicas, de manera que los culpables no ingresarán en prisión, sino que realizaran “servicios para la comunidad” y estarán sometidos a restricciones de movilidad entre cinco y ocho años. Será necesaria una pirueta legal, acompañada por la amnesia moral y la complicidad de la ONU, para que Colombia cumpla con sus obligaciones como signataria de la Convención de Roma (1998) que estableció la Corte Penal Internacional (CPI) para juzgar los crímenes de guerra y de lesa humanidad, que no prescriben ni pueden ser amnistiados.

José Miguel Vivanco, director de la división americana de Humam Right Watch, la organización estadounidense dedicada a la protección de los derechos humanos y la denuncia de los abusos en todo el mundo, dejó bien sentado que apoyaba el fin de la guerra, pero que el acuerdo de La Habana “daña gravemente la oportunidad de haber obtenido una paz justa”.

En realidad, el acuerdo de paz sienta las bases para una amnistía encubierta pero inicua, de muy difícil aplicación; una justicia selectiva que vulnera los principios del Estado de derecho y que ha sido criticada por las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Mediante una derogación tácita de los principios democráticos, el acuerdo de paz establece igualmente que el partido político que se constituya tras la disolución de las FARC contará con un mínimo de cinco escaños en cada una de las dos cámaras del Congreso (Senado y Cámara de Representantes) que surjan de las elecciones legislativas de 2018, cualesquiera que sean los resultados del escrutinio.

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