Posteado por: M | 10 diciembre 2017

Trump rompe el silencio y la hipocresía sobre Jerusalén

Al reconocer unilateralmente a Jerusalén como capital de Israel, en una declaración del 6 de diciembre, Donald Trump confirmó el desprecio o la indiferencia que siente por la cautela diplomática, la prudencia del estadista, el consenso de la comunidad internacional e incluso la seguridad colectiva encarnada en las Naciones Unidas. Prefiere pavonearse en las redes sociales. Una vez más, rompe todos los moldes, se mofa de la ortodoxia y no vacila, en contra de la opinión de algunos de sus principales colaboradores, cuando asesta un nuevo y duro golpe al orden internacional que ya había puesto patas arriba antes de su decisión sobre la ciudad tres veces santa, la más simbólica y disputada del mundo, la cuna y también el sepulcro de las tres grandes religiones monoteístas.

Desde siempre, pero muy acusadamente desde el último y fallido intento mediador de Bill Clinton en Camp David (verano de 2000), la diplomacia norteamericana en el conflicto de Palestina gira y se enreda en una contradicción aparentemente insuperable: la alianza existencial con Israel y el prurito de no romper por completo con el mundo árabe y, sobre todo, con los Estados petroleros. Ahora que Trump refuta y pone en evidencia semejante confusión e inoperancia, tantas falsedades acumuladas durante medio siglo, sacando las consecuencias con un realismo descarnado, sus adversarios políticos dentro y fuera de EE UU se rasgan las vestiduras y escenifican una nueva impostura.

Hay que distinguir, no obstante, entre el estrépito, el espectáculo que Trump utiliza para exponer la decisión política, a través del uso frenético de Twitter, con destino a su clientela natural (cristianos evangélicos y grupos judíos), y el meollo de la cuestión, es decir, la soberanía sobre la parte oriental de la ciudad donde se encuentran los lugares santos de las tres religiones, cuya administración tradicionalmente compartida no se verá afectada por la última y estrambótica proclama mal explicada desde la Casa Blanca. Como ya es habitual, tampoco Trump evitó la ambigüedad y por ende la confusión sobre un tema explosivo enterrado bajo miles de legajos en las cancillerías.

La declaración presidencial, en sus términos exactos, no va más allá del “reconocimiento de una realidad”, existente desde hace mucho tiempo, prácticamente desde el armisticio de 1948-1949 que puso fin a la primera guerra árabe-israelí. La presidencia del gobierno, el parlamento y la sede de los principales ministerios israelíes siempre estuvieron en la parte occidental de Jerusalén, capital de facto de Israel, aunque la comunidad internacional mantuvo la ficción del “corpus separatum” bajo jurisdicción internacional, según lo establecido por la resolución de 1947 de la Asamblea General de la ONU sobre la partición del territorio del mandato británico, desde el Jordán al Mediterráneo.

En cuanto al sector oriental, la Ciudad Vieja históricamente relevante, la declaración del presidente aclara que EE UU no adopta ninguna posición sobre “las fronteras específicas de la soberanía israelí en Jerusalén, ni sobre la resolución de las fronteras disputadas”, cuestiones que “deberán ser abordadas por las partes implicadas”, es decir, israelíes y palestinos. Cabe suponer, pese a las improvisaciones y contorsiones de Trump, que Washington mantiene una clara distinción entre la capital de Israel desde 1949 y las negociaciones para resolver los problemas pendientes entre árabes y hebreos. También el Kremlin señaló la primavera pasada, en un comunicado oficial, que el gobierno ruso reconoce a “Jerusalén occidental como la capital de Israel”.

La decisión de Trump, respondiendo a una promesa electoral, aplicando una ley votada por el Congreso en 1995, bajo la presidencia de Bill Clinton, más allá de todas sus extravagancias y riesgos de encender la mecha de una nueva explosión en el polvorín, constituye un evidente ataque contra la hipocresía internacional, contra todas las potencias del mundo que llevan más de medio siglo condenando la ocupación israelí de los territorios palestinos, incluido Jerusalén oriental, sin haber hecho nada para corregirla; abogando ilusoriamente por la solución de los dos Estados, pero sin hacer nada para promoverla. Antes, al contrario, durante el último decenio, bajo un gobierno israelí conservador, religioso y mesiánico, anexionista y promotor del Gran Israel, han crecido sin freno las colonias judías en Cisjordania y los barrios para israelíes en los territorios originariamente palestinos en la periferia oriental jerosolimitana.

El tartufismo y el doble rasero resonaron con fuerzas en las melifluas  palabras de la alta representante de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, Federica Mogherini, cuando reprochó a Trump su actuación unilateral, con el telón de fondo de  que la diplomacia paneuropea es una entelequia que discrepa o se enzarza en cabildeos intrascendentes sobre nimiedades y que jamás logró un acuerdo mínimo para recordar al gobierno israelí sus deberes internacionales en lo que concierne al respeto del derecho de gentes en los territorios ocupados desde la guerra de junio de 1967 (cuarta convención de Ginebra de 1949).

La misma Unión Europea que condenó enérgicamente la anexión de Crimea, territorio históricamente ruso y poblado mayoritariamente por rusos, e impuso y mantiene las sanciones contra Rusia, observa un embarazoso silencio de medio siglo ante las numerosas y evidentes extralimitaciones de los sucesivos gobiernos israelíes desde que comenzó la ocupación de los territorios teóricamente palestinos tras la guerra de 1967. Ninguna medida adoptó la entonces Comunidad Europa cuando el parlamento israelí (Knesset) votó en 1980 la ley que declaró a Jerusalén “capital eterna, permanente e indivisible del Estado de Israel”. El Consejo de Seguridad de la ONU se limitó a aprobar una resolución condenatoria (la 478) por considerar que Israel violaba la ley internacional.

Los lugares sagrados de las tres religiones

Y qué decir de la ONU, cuya resolución de 1947 de la Asamblea General determinó la partición de Palestina entre árabes y judíos y colocó a Jerusalén y sus aledaños /Belén incluido) bajo un estatuto internacional  (corpus separatum) para proteger los lugares sagrados de las tres religiones: la Vía Dolorosa, el Gólgota y la Iglesia del Santo Sepulcro, donde se cree que estuvo la tumba de Cristo, iniciada por el emperador romano Constantino (Siglo IV); la mezquita Al Aqsa y el Domo de la Roca, desde donde se supone que Mahoma ascendió a los cielos; y el Muro de las Lamentaciones, muralla adyacente a la mezquita, que los judíos identifican con los restos del Templo de Salomón destruido por los romanos el año 70, que albergaba el Arca de la Alianza. Todos estos monumentos están dentro de la ciudad vieja amurallada (tan sólo 1 kilómetro cuadrado).

La última decisión importante de la ONU data del 23 de diciembre de 2016, cuando el Consejo de Seguridad, gracias a la abstención de Estados Unidos, aprobó con 14 votos a favor y ninguno en contra la resolución 2334 que condenó sin ambages, con una dureza sin precedentes, las actividades colonizadoras de Israel en los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén oriental; declaró que los asentamientos “no tienen validez legal” y constituyen “una violación flagrante” del derecho internacional; y obligó a todos los Estados miembros a “distinguir en todos los asuntos relevantes entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados a partir de 1967”. Según la resolución, la ONU “no reconocerá ninguna modificación de las fronteras del 4 de junio de 1967”, es decir, la víspera de la guerra de los Seis Días. Barack Obama fue acerbamente criticado por Israel, Trump (presidente electo a la sazón) y sus numerosos aliados por haber propiciado con la abstención la condena sin paliativos de la política israelí.

La última reunión del Consejo de Seguridad de la ONU se celebró el 8 de diciembre y en ella se puso de manifiesto el aislamiento de la diplomacia norteamericana, abandonada incluso por su fie aliado británico. El Consejo consideró que la iniciativa norteamericana de reconocer a Jerusalén como capital de Israel “socava las perspectivas de paz en la región”. Los cuatro miembros europeos del Consejo (Francia, Reino Unido, Italia y Suecia), a los que se unió Alemania, declararon que no reconocen “ninguna soberanía sobre Jerusalén”. No se pudo llegar a ningún acuerdo ante la amenaza de veto norteamericano.

De facto, sin embargo, la ciudad quedó dividida en 1949, con su parte occidental en poder de Israel, que estableció allí su capital, y la parte oriental, incluida la ciudad vieja, predominantemente musulmana, bajo administración de Jordania. Tras los acuerdos de Oslo (1993), Jordania traspasó sus prerrogativas a la Autoridad Palestina. La ONU extravió sus derechos, jamás ejercidos, y su actuación siempre fue irrelevante en la negociación para resolver el conflicto, rechazada sistemáticamente su mediación por Israel alegando su notoria su parcialidad. Los acuerdos de Oslo estipularon que el estatuto permanente y definitivo de Jerusalén sería negociado por las partes.

El Jerusalén unificado por los israelíes cuenta aproximadamente con un millón de habitantes, de los que 330.000 residen en la parte occidental y son casi todos judíos. En la parte oriental de la ciudad, las últimas estadísticas cuentan 320.00 árabes y 212.000 judíos, pero no todos los palestinos aceptan la ciudadanía israelí porque se niegan a reconocer la anexión de la parte oriental de la ciudad por el ocupante, de manera que están excluidos del cuerpo electoral. Los residentes árabes se quejan habitualmente de las expropiaciones manu militari, las construcciones de viviendas en tierras que fueron palestinas y la discriminación en los servicios municipales. Una situación lindante con el apartheid.

Una barrera de seguridad o muro de protección separa a Jerusalén oriental del resto de Cisjordania, siguiendo la llamada línea verde o frontera anterior a 1967, cuya construcción, muy censurada por las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, se vincula por el gobierno israelí con la lucha contra el terrorismo. La barrera de cemento armado se extiende por más de 700 kilómetros y perjudica gravemente los intereses y la movilidad de los palestinos que viven en Cisjordania, un territorio exiguo salpicado de colonias y controles militares. Todo el perímetro está fuertemente militarizado.

En una región tan violenta e inflamable, cualquier chispa puede provocar una deflagración de grandes proporciones. Numerosos grupos extremistas, desde Irán al Mediterráneo, incluyendo a Hamas, Hizbolá, Al Qaeda y el Estado Islámico aprovecharán sin duda la maniobra de Trump para fomentar o reavivar el odio y atacar a los que aparecen como moderados e incluso aliados de EE UU, como el rey de Jordania o el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas, en una situación insostenible. La diplomacia tradicional norteamericana deberá moverse con celeridad y prudencia para asegurar que el estatuto de Jerusalén no está ya predeterminado y evitar que el último show del presidente desemboque en un desastre.

En Israel, donde la opinión pública está cada día más radicalizada y militarizada, un país que progresa aceleradamente, pese a los ingentes gastos militares y de seguridad, la decisión de Trump ha galvanizado a los grupos proféticos y sus aliados, todos ellos dentro del gobierno derechista y nacionalista de Benyamin Netanyahu, pero ha inquietado a los liberales que la interpretan como un regalo para un primer ministro acosado por la corrupción y  como una nueva retirada de EE UU del gran teatro de operaciones del Oriente Próximo. “La retirada americana de la paz”, según la conclusión del periódico Haaretz en su versión inglesa.

 

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